Rodolfo Aceves Jiménez*
La planeación de seguridad del país comienza con lo señalado en el artículo 21 constitucional, se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Presupuesto de Egresos, así como en el Programa Sectorial de Seguridad, y por extensión, en el Programa Sectorial de Defensa Nacional. La Estrategia Nacional de Seguridad es un documento con la visión de la presente administración, pero sin conexión dogmático institucional.
Mientras que el derecho de seguridad está constituido también por el artículo 21 constitucional, así como por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, por algunas disposiciones complementarias en las normas, así como unas otras cuantas contenidas en los Programas Sectoriales.
De la Constitución se desprende los anhelos del pueblo mexicano; del PND la visión del gobernante en turno; del Presupuesto los programas y recursos públicos y de los Programas Sectoriales las formas traducidos en políticas públicas.
Pero la ausencia de un marco jurídico actualizado impide una debida coordinación y armonía, entre la visión de gobierno y sus políticas públicas. El ejemplo lo constituye la falta de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y la creación del Consejo para la Construcción de la Paz que prevé la Estrategia Nacional de Seguridad.
Lo mismo con el Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa para la Seguridad Nacional y al Programa Nacional de Protección Civil que se derivan del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 – 2024.
Aún con la promulgación de dichos programas no garantiza ni es suficiente para alcanzar la anhelada seguridad.
La politización de la seguridad es una de las crisis que ahoga al sistema de seguridad, debido a que en algunas ocasiones se sobrepone el carácter político al carácter técnico operativo de la seguridad.
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En algunas ocasiones la ausencia de voluntad produce descoordinación y falta de estrategias, mientras que el exceso de estas produce un dispendio de recursos innecesarios.
Una de las entidades trata de entorpecer las actividades de otra de las entidades de los poderes, llámese de la federación o de las entidades federativas, con un resultado de fracaso en un operativo o de la aplicación de una estrategia. El propósito es electoral, económico o de costo político.
Cuando llega el fracaso y en el deslinde responsabilidades pues resulta que todas las instancias de seguridad cumplieron la parte que les corresponde y nadie es responsable del fiasco en los operativos.
En medio de las responsabilidades se encuentra la clase política que no quiere asumir su responsabilidad y en muchas ocasiones ha demostrado su incapacidad para dirigir la seguridad pública.
Debería ser momento de reflexionar el desempeño de la clase política y la posibilidad de desplazarla de las decisiones de seguridad. Administraciones de todos los colores y signos políticos han demostrado su incapacidad para el ejercicio de la función, salvo algunas excepciones con casos de éxito.