Rodolfo Aceves Jiménez*
El sistema de seguridad pública está constituido por las instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que debido a sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente.
Participan las Secretarías de Seguridad Pública, municipales o estatales, las Fiscalías Generales o Procuradurías de Justicia, así como los Tribunales de Justicia, en una sincronía para garantizar el ejercicio de todos los derechos y sus bienes jurídicos tutelados en torno a la vida, la salud, la seguridad física y el derecho a la justicia de las personas.
Los hechos sucedidos el lunes en el restaurante Los Otates en Zapopan, Jalisco en el que un grupo armado irrumpió en dicho negocio y secuestró a un hombre, lo que produjo una balacera, es un buen ejemplo de la deficiencia en las herramientas, procesos, métodos, sistemas, coordinación entre la seguridad estatal y municipal.
Si bien es cierto que las cámaras de seguridad activan un proceso de localización de un objetivo, ya sea móvil o inmóvil, esto es posible mediante una llamada ciudadana al 911 o por frecuencia de radio que haga una unidad de policía y hasta ahora se ignora si existe un video dando seguimiento a los autores de estos hechos.
Por otra parte, la coordinación estratégica de seguridad, área de la que depende la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad de Jalisco, está rebasada y superada por su desconocimiento, en un ejercicio que pareciera que sus subordinados no le obedecen, ni le interesan someterse a su autoridad, en una desarticulación orgánica y operativa en perjuicio de la seguridad.
Con esto cabe la posibilidad de que el fiscal y el secretario hagan lo que quieran en seguridad, sin coordinación alguna y con el evidente desperdicio de recursos humanos, técnicos y materiales para la seguridad.
Y así con el tema de los desaparecidos en Jalisco y la crisis forense por la disposición de los cuerpos, que se desbordan en un acto de inhumanidad, ante la mirada pasiva y desinteresada que ofrecen las autoridades de Jalisco.
Hay dos elementos importantes en el fracaso de la seguridad en Jalisco y que quizás sea replicado en otras entidades federativas. El primero, se trata del compromiso político para designar a titulares y mandos en cargos de seguridad pública, que carecen de experiencia previa en seguridad, en el que dichos compromisos superan los anhelos de seguridad.
El segundo es, la lealtad que los titulares en seguridad y mandos tengan a las instituciones, a los valores del estado de derecho y del sistema democrático de nuestro país, para no caer en la tentación de la corrupción que ofrece la delincuencia. Hasta ahora se ignora si el gobierno de Jalisco ha dado seguimiento a los señalamientos en contra de el ex fiscal de Jalisco en la administración de Aristóteles Sandoval, asesinado en un atentado en diciembre pasado en Puerto Vallarta, en el que se cree que los hechos de Zapopan tienen relación con los de Sandoval.
Tal era la desconfianza que las instancias de seguridad nacional le tenían al ex fiscal, que no era convocado al diseño de los operativos de la seguridad del presidente en sus visitas a Jalisco, el extitular de la PGR no le tomaba las llamadas.
La capacidad de resistencia a la crítica del gobierno de Jalisco incurre en un alarmante desinterés o complicidad, cuando no ha salido a la opinión pública para informar lo ocurrido y expresar un posicionamiento, lo que da pie a sospechas.
Si así está Jalisco, ¿cuáles otras entidades están igual?
*Es Maestro en Seguridad Nacional
por la Armada de México
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