Rodolfo Aceves Jiménez*
El diseño de la Guardia Nacional que aprobó el Constituyente Permanente en 2019 consistía en que la responsabilidad recaería sobre el mando civil.
Hoy la reforma que aprobó el Congreso le transfiere esa responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de tal manera que en lo sucesivo la Sedena está constituida por la Comandancia de la Fuerza Aérea, la Comandancia del Ejército Mexicano y, por último, la Comandancia de la Guardia Nacional.
Para la Sedena este diseño institucional refuerza su estructura institucional con estas tres Comandancias, sin embargo, subsisten las deficiencias que hacen difícil solucionar el problema de inseguridad en el país.
La Sedena estaría a cargo de las funciones de Estado de defensa nacional y de seguridad pública, pero su preparación corresponde a la primera y supera en capacidad a la segunda, que no necesariamente representa a la eficiencia en seguridad pública.
La coadyuvancia de la Guardia Nacional con la seguridad de las entidades federativas y los municipios no corresponde al diseño institucional de la Sedena.
Mientras tanto persisten serias diferencias u omisiones estructurales entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, que dificultan en algunos casos e impiden en otros, desarrollar la función de seguridad pública en su más amplia expresión.
El modelo nacional de policía y justicia cívica que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales poco aporta a este esfuerzo.
Algunas de sus funciones, como la de proximidad social, recepción de denuncias, estado de fuerza e investigación, son demeritadas por escándalos en distintas corporaciones de seguridad, en donde algunos de sus elementos son señalados o videograbados de abuso de autoridad, violación de derechos humanos, amenazas o hasta desaparición forzada.
En algunos casos el estado de fuerza de la Guardia Nacional es igual o supera al estado de fuerza de las entidades; las denuncias ciudadanas son demeritadas y la investigación es desechada por diversos factores, como corrupción al interior de las fiscalías, falta de interés, ausencia de voluntad política, falta de preparación o de capacidad tecnológica y cuando existe ésta, es utilizada con fines políticos o se gastan pesos en absurdos y centavos en lo importante.
La diferencia de criterios en preparación, equipamiento, salarios y prestaciones de seguridad social de personal operativo de las policías estatales y municipales, produce serias discrepancias en la prestación del servicio, que debería intervenir la federación y las mismas entidades en su solución.
Las omisiones en seguridad podrían consistir en no insertar en la norma de obligaciones y responsabilidades a las autoridades de seguridad de los estados y municipios, por una parte, así como un protocolo establecido por las autoridades de seguridad de la federación, que señalen responsabilidades a las policías estatales y municipales.
La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, más allá de una reestructuración secretarial y una acumulación de atribuciones en materia de seguridad, no constituye la solución a la inseguridad en el país, sino se dejan de omitir atribuciones y responsabilidades a los estados y municipios, ya que algunos de ellos descansan su seguridad en los esfuerzos federales.