Rodolfo Aceves Jiménez
En el reporte que hizo el Departamento de Estado norteamericano sobre la situación en el 2020 de derechos humanos en México, señala que la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, participó de ataques hacia reporteros.
Dicho informe señala que la directora de Notimex ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios, basado en información de los sitios de internet Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19.
En respuesta el presidente López Obrador y en apoyo a Martínez, señaló que la organización Artículo 19 está apoyado por el extranjero, pero además toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra de su gobierno y señala que puede demostrarlo.
Sin embargo, el gobierno mexicano sólo percibe lo superficial del señalamiento hacia la titular de Notimex, cuando en realidad hay un trasfondo que toca otros intereses.
Los Estados Unidos ven en las deficiencias de las diversas funciones de gobierno, que han trastocado sus funciones de Estado y que tiene un impacto en intereses norteamericanos.
Con la divulgación de estos informes poco a poco se teje una delicada operación política, para más adelante estar en condiciones de presionar al gobierno mexicano.
Otro asunto que tiene qué ver es el tema de los migrantes y el asesinato de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar en Tulum por la policía de ese lugar, así como el del ciudadano guatemalteco Elvin Mazariegos en un retén del Ejército Mexicano, que complica la situación de derechos humanos en México.
Las modificaciones a la política energética que incluye la electricidad y el petróleo constituyen también un frente de crisis, no sólo con Estados Unidos, sino con la política global de uso de energías renovables, que tarde o temprano tendrá un impacto político hacia México.
La participación creciente de las Fuerzas Armadas en actividades meramente civiles que se alejan de sus funciones abre una crisis interna de inconformidad con los militares, con los servidores públicos desplazados de dichas actividades, y por supuesto, con los temas de la agenda de la relación bilateral que se suma a las crisis venideras con dicho gobierno. También su participación en labores de seguridad es un tema de inconformidad, aunque tiene razón el presidente en que no se trata de militarización.
Pero mientras la administración del presidente López Obrador trata mantener una política de comunicación basada en la respuesta con el denuesto directo de sus críticos y en el uso de redes sociales para desacreditarlos, los problemas se siguen acumulando, las crisis que siguen son las diplomáticas por los desaciertos en las funciones de gobierno.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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