Rodolfo Aceves Jiménez*
En todas las democracias la fiscalización juega un papel importante en el sistema de pesos y contrapesos.
Se trata de la posibilidad de conocer las actividades de los gobernantes en donde se descubre el verdadero fin al que han sido destinados los dineros públicos.
La historia de la fiscalización en México es relativamente reciente, ya que hasta 1978 fue que se expidió la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que le otorga facultades de control y fiscalización. Con anterioridad a ese año no existían mecanismos para auditar a los gobiernos y hacer públicos sus resultados.
Pero conforme el avance de la democracia política mexicana también avanzó la democracia en la rendición de cuentas. Tiempos vertiginosos.
La Contaduría Mayor de Hacienda, órgano de la Cámara de Diputados encargado de la función de control y fiscalización, con el paso de los años se ha transformado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como la dependencia de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar los recursos públicos que aprueba en el Presupuesto de Egresos.
Sin embargo uno de los pendientes que debe el Poder Legislativo Federal es, que los informes y auditorías que realiza la ASF tengan una fuerza y carácter vinculante, de tal forma, que sus resultados puedan ejercer la obligatoriedad y puedan relacionarse con delitos de corrupción, ya que de 2010 a 2020 sólo ha acumulado 22 sentencias en más de la mitad de las denuncias presentadas por la ASF.
Esto da cuenta de la debilidad del sistema en que se encuentran los métodos y procedimientos de vinculación de la legislación en materia de control y fiscalización.
Sus informes han divulgado importante información sobre los excesos en que incurre el poder, como por ejemplo, presentó el informe “Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano, Oportunidades de Mejora, 2009”, en la que detectó, que en el 2006, 50 grandes contribuyentes, –entre empresas de la industria automotriz, productos fotográficos, panificadoras, acereras, tiendas departamentales y de autoservicio, e instituciones financieras–, pagaron 74 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 67 pesos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre el 2000 y el 2005, en promedio, entre otras barbaridades.
El informe que presentó recientemente la Auditoría Superior de la Federación sobreestimó el cálculo de gasto que se hizo sobre las obras significativas de esta administración, como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México lo que dejó a la ASF en una debilidad institucional.
Una versión de la opinión pública señala la presunción de que el presidente López Obrador ejerció presión política necesaria para que el titular de la ASF reconociera la sobreestimación en sus cálculos hasta en un 70%, mientras que otra versión señala la falta de pericia en actuaría y cálculo, como la responsable en el cómputo fallido.
La ASF no debe ser sujeta de un juicio sumario que debilite la función de control y fiscalización, que es necesaria en una democracia que experimenta la transición en un gobierno de izquierda. No pierde la ASF o sus titulares, sino la democracia.
*Es Maestro en Seguridad Nacional
por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj