La mayoría de legisladores de Morena de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y sus partidos aliados, se impuso con su reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). Según la opinión especializada se despliega la estrategia de la reforma más amplia que tiene como objetivo central la reforma al sistema electoral y del Instituto Nacional Electoral (INE), pero que a la par enfrenta como obstáculo una mayoría legislativa federal impidiendo una reforma constitucional para reformar una autoridad electoral a modo.
Con 37 votos a favor, 19 en contra y cero abstenciones se eliminan áreas y unidades del IECM con el criterio de la austeridad impuesto sobre principios democráticos como: derechos humanos, democracia, construcción de ciudadanía, fiscalización, equidad, género, paridad, transparencia, acceso a la información, educación cívica, movilización y organización política, todos conceptos del desarrollo social político con visión de bienestar incluyente.
Una vuelta de tuerca al pasado
Para el imaginario popular y el de las organizaciones sociales el primer gobierno de izquierda, el INE, no obstante, de garantizar la alternancia en el poder y la estabilidad política y social, se mantiene en las luchas por la equidad y condiciones de igualdad en el marco de la competencia electoral y el acento del registro de que el mayor porcentaje de los dineros se lo lleve el financiamiento de partidos.
Nuevamente una decisión tomada desde la cúpula del poder hace la historia legislativa de la CDMX. 22 horas de debate dando cuenta de la trascendencia de la agenda, pero también de las violaciones y quejas del manejo del Reglamento, del anuncio de impugnaciones por las irregularidades, de la lucha por la democracia y de la defensa del IECM.
Y es que se puso en la mira la importancia de la legitimidad política frente a la retórica en el interés por las modificaciones de Código Electoral, dando cuenta de la tensión por conservar el control político y del ímpetu para modificar al INE, inaugurando el proceso de la modificación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Moneda al aire
A la voz del reclamo del retiro del Dictamen, de la falta de acuerdos en la agenda legislativa del día, entre protestas políticas, jurídicas, legislativas, de las quejas de asociaciones civiles, de grupos de mujeres, de la toma de calles, sitio policiaco del Congreso y con un quórum de 48 diputados locales se anunció una larga jornada legislativa orientada a la reforma electoral.
En la estrategia de una “bíblica moción suspensiva”, una larga lectura documental que Morena calificó de inhumana, se diseñó por la oposición para dilatar la discusión legislativa, a la par dando cuenta de la toma de tribuna y la II Legislatura del Congreso en la capital del país con la mirada puesta en el control del poder, la puesta en la elección presidencial, el control de Gobierno de la CDMX y la democracia de las estructuras como desafío para la Jefa de Gobierno con la mira en el proceso electoral 2024.
Usando el desarmador
En el histórico Congreso de Donceles, el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco (Morena), abrió paso a una intensa y larga sesión ordinaria en la que la oposición integrada por el PAN, PRI, PRD en alianza, PMC, aparte de una mayoría conformada por Morena, PT, PVEM, dieron lucha sin cuartel al primer peldaño del sistema político electoral, las OPLEs, empezando por el IECM anunciando el declive de su autonomía.
Ambientación
El proceso deliberativo se inició en el marco de una reciente celebración, la Revocación de Mandato, y en la suerte de la entronización de un caudillo, pero también en el ambiente en el que brilló la ausencia del Parlamento Abierto promoviendo la participación ciudadana.
Se vive un democracia institucional inacabada con la falta del registro estenográfico de la sesión sin el oportuno acceso a la prensa, la permanencia de una burocracia política en comunicación pública, la falta de divulgación del Dictamen de ley, una accidentada transmisión en redes y en YouTube en las que se presentaron bajas de volumen y cortes a la intervención de algunos legisladores, bajas audiencias, lo que nos habla de censura pero también de la carencia de puentes con los ciudadanos y de la legitimidad de la representación popular.
Es una necesidad inaplazable hablar de mecanismos y herramientas de democracia procedimental en la Ciudad de México que estuvo en la vanguardia del cambio y ante el anuncio de disponer de 400 millones de pesos para promover la imagen de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La chistera legislativa
Se dio el cauce de la sesión bajo la batuta del presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco quien negó el retiro del Dictamen ya que este surgía de un proceso “sobrado de legalidad” y fincado en tres puntos para destacar que su retiró era reserva del presidente de la Comisión conforme al Reglamento del Congreso citadino.
Correspondió al diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos (Morena), presentar el Dictamen en medio de un griterío que por momentos opacaba su voz. Explicó también el presidente la Comisión de Asuntos Electorales que el Dictamen tiene origen en la propuesta del Dip. Carlos Hernández Mirón del grupo parlamentario de Morena y tiene como objetivo materializar los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que rigen a todos los Poderes de la Ciudad y que también deben seguir los órganos autónomos con el gasto público.
Al coro de las voces de los legisladores que sentencian que la reforma no pasará, Villanueva Ramos hace un recorrido por la reforma electoral del INE aprobada en 2014 y que significó un reacomodo de las facultades y atribuciones de los organismos electorales en favor del INE y que concentró la mayor parte de las grandes tareas en materia de organización, implementación y evaluación de los procesos electorales. Así el INE adquirió grandes responsabilidades delegando las menores a los organismos electorales locales reconocidos como OPLEs.
Saltan los conejos
En opinión del Villanueva Ramos estas modificaciones no se reflejaron ni implicó una disminución de recursos destinados a su desempeño, sino que en el caso del IECM representan 1,370 y 1,995 mdp de presupuesto solicitado año con año para el mantenimiento de actividades. Explicó que el Dictamen contempla una nueva redistribución de funciones y reorienta. Así se logra reducir la duplicidad, una mayor eficiencia de las encargadas a otras tareas y el ejercicio de los recursos destinados a ese fin.
Argumentando que va desde la fusión e interrelación entre la Comisión de Agrupaciones Políticas y la de Comisión de Fiscalización, destacando la robustes de la segunda y su capacidad técnica. En cuanto a las remuneraciones, la idea es igualar la del titular de la Comisión de Fiscalización con la del Secretario Técnico del Consejo General, además de que la fiscalización se encuentre garantizada durante los procesos electorales. Otro objetivo de la propuesta es fusionar las Comisiones de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, Igualdad de Género y de Derechos Humanos en una sola que se perfila al encargo de los procesos de capacitación y de formación, argumentando que el enfoque de género y derechos humanos debe de sustentar un enfoque transversal y una visión de tareas de educación y el consiguiente diseño de programas. Anuncia la creación de la Comisión de Quejas agregando facultades.
El armado
Para Villanueva Ramos no se puede hablar de una “verdadera democracia si todos los problemas de desigualdad no son atendidos de forma oportuna y eficiente”, lo que en su opinión relaciona con el de la administración de recursos públicos que consiste en la propuesta. Fusionar la Comisión de las Agrupaciones Políticas con la Comisión de Fiscalización. Agregó que el IECM mantiene sus funciones esenciales en estricto apego a su autonomía.
Concluyó su posicionamiento y abrió el paso a otros posicionamientos y el voto individual en contra y participaron desde sus curules ante una tribuna tomada por Morena, diputados como Ricardo Rubio Torres y Diego Garrido (PAN).
El panista Rubio Torres expuso que las violaciones reglamentarias a la que concurre la presentación del dictamen y toda una secuela de violaciones en las que ha incurrido la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso. Destacó que con la desaparición de la Comisión de Género se violan garantías constitucionales y que, con la desaparición de la Unidad de Fiscalización, Morena hará lo que quiera. Habló sobre la organización administrativa de la Unidad para cuestionar lo que significa la fusión en los resultados de la encomienda.
Por su parte el Dip. Diego Garrido denunció la censura que le quieren aplicar a la oposición que incluye negación a la palabra y cierre de micrófonos que califica de “tufo autoritario” y denunció que a través de una reforma a una ley secundaria buscan desaparecer todos los organismos electorales, además denunció que pretenden desaparecer la cadena de custodia de los paquetes electoral.
La plaza
Peregrinan los nombres en la discusión del Dictamen que reforma varios artículos y fracciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.
Apuntados en contra del Dictamen: Ricardo Rubio Torres (PAN), quien alertó sobre el desmantelamiento de las instituciones electorales y del riesgo de la pérdida del estado de derecho.
Desde su curul y ante una tribuna sitiada Aníbal Alejandro Cañez Morales (PAN), señaló, enronquecida la voz por previas protestas de que el Dictamen resulta un retroceso y un ataque a la democracia capitalina, advirtiendo de que será la Suprema Corte de la Nación la que juzgue su inconstitucionalidad.
En la discusión Ana Francis López Bayghen Patiño (Morena), denunció que las prácticas antidemocráticas y dilatorias del PAN muestran que la democracia realmente no sea un tema que les importe. En una discusión que se perfila histórica, el priista Ernesto Alarcón Jiménez, expresó sobre el peligro que atraviesa la democracia de la CDMX y la gran aceptación popular que reciben los árbitros lo que nos habla de la legitimidad electoral y la estabilidad política.
Suman sus voces a la reflexión las legisladoras Martha Soledad Ávila (Morena); Jorge Gaviño Ambriz (MC) y Gabriel Quiroga (PRD); Mónica Fernández César, Maxta Iraís González Carrillo, Fausto Manuel Zamorano Esparza y Carlos Joaquín Fernández Tinoco; Luis Chávez García, Héctor Barrera Marmolejo, Raúl de Jesús Torres González y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (PAN); José Octavio Rivera Villaseñor y Fernando Mercado Guaida (Morena), Jesús Sesma Suarez representando a la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y Víctor Hugo Lobo Román (PRD).