Clara Jusidman
RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS DE LA ZMVM
Parece que priorizar la seguridad física y ambiental para prevenir accidentes no resulta muy atractivo al no brindar réditos políticos
En memoria de Miguel Concha Malo
En muchos países del mundo hay un claro deterioro en la calidad de los gobiernos y de su capacidad para responder a las necesidades de seguridad, salud, educación y justicia de la población.
Las grandes zonas metropolitanas son uno de los ámbitos más necesitados de experiencia y de conocimientos técnicos para ser gobernadas.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está formada por la Ciudad de México y 60 municipios conurbados que cubren 8,000 km² según el Censo de Población de 2020, en ella habitaban 22 millones de personas y tan sólo en la Ciudad de México, 9.3 millones. Esta elevada concentración de personas en un área limitada, genera enormes problemas de seguridad humana, entendida en su sentido más amplio.
Desde mi óptica, los gobiernos de las ciudades tienen como primera obligación preservar la vida, la integridad y la salud mental y física de sus habitantes. Por lo tanto, su primer objetivo debería ser desarrollar y dar mantenimiento a la infraestructura física pues de no hacerlo ponen en riesgos mayores la vida de sus habitantes.
Es el caso particularmente de la ZMVM por la magnitud de personas que concentra y por los elevados riesgos físicos que enfrenta como inundaciones, sismos y alta contaminación por estar ubicada en un valle, sobre el lecho de un lago y en una zona con elevada sismicidad. Las prioridades de los gobiernos de la Zona deberían ser mantener el drenaje profundo, así como las presas que alimentan de agua a la ciudad y las redes de distribución de ésta; las instalaciones y equipamientos del transporte urbano y dentro de ello, destacadamente las del Metro que diariamente sirve a 5 millones de usuarios; asegurar el suministro y la calidad de la provisión de energía de diversos tipos, así como garantizar la seguridad de las construcciones.
En segundo término colocaría la seguridad ambiental no sólo para preservar la salud física sino también la mental de sus habitantes. Atender la contaminación atmosférica, la del agua, la visual, la del ruido, y evitar la destrucción de la biodiversidad y del suelo rural y de conservación frente a la voracidad del poder inmobiliario, debe ser un propósito explícito de los programas gubernamentales.
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No hay duda que atender las necesidades de seguridad pública y evitar la proliferación de la delincuencia, especialmente la que agobia a las poblaciones de menores recursos, es una tarea importante que se debe compartir con las autoridades federales.
La seguridad física y la ambiental son responsabilidad específica de los gobiernos de la metrópoli, demandan asignar recursos suficientes, tener visiones y programas de largo plazo y contar con personal especializado y muy experimentado.
Lamentablemente, no ocurre así porque el rédito político de tales prioridades no resulta muy atractivo. Ya lo vemos por los frecuentes accidentes en el Metro de la Ciudad de México.
*Publicado: 18 enero, La Silla Rota