• Reformas constitucionales sustentan programas y políticas
• De inmediato un tejido de leyes
• Apuntes iniciales
Desde el inicio de la LXIV Legislatura, la mayoría parlamentaria de Morena en las distintas Cámaras del Congreso se tradujo en un impulso de cambio con la elaboración de importantes reformas constitucionales. La mayoría legislativa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional con todo y sus diferencias internas fue más allá de la argamasa de grupos en movimientos de izquierda a la adhesión de otros grupos parlamentarios que acompañaron la alianza electoral, fortalecidos por el gradual desplazamiento de diputados que renunciaban a las filas de su partido para incorporarse a Morena y consolidar su avasallador peso legislativo.
Una clara estrategia estaba a la vista: la tarea de la construcción de un nuevo orden legal que incluía reformas constitucionales y políticas y programas sociales, más nuevos proyectos de infraestructura. El cambio iba en serio y el Presidente de la República aseguraba que no eran iguales a las otras administraciones. De todos los sucesos todavía está pendiente el estudio a fondo sobre cuál es el impacto que tienen en la vida social, política y económica del país ese paquete de reformas y esa nueva clase política que empezaba a perfilarse con sus elites.
No hay duda de que se asomaba más que un nuevo estilo de gobernar impuesto por un partido, con un nuevo liderazgo presidencial cuya fuerza emana de una base popular, de compromisos sociales y con la suma de movimientos políticos en el Congreso, construido mediante acuerdos, dando lugar a un inesperado brazo legislativo que también organizó y ordenó a los grupos políticos y sus liderazgos aglutinados en un movimiento y a institucionalizarse en un partido político, amalgamó el rumbo del país sin enfrentar los contrapesos.
Las propuestas de reforma de ley lo mismo tuvieron como origen al Poder Ejecutivo que las cámaras de Diputados y de Senadores, pero todas el mismo sentido encaminado a una transformación de fondo que materializara los compromisos de campaña: una nueva urdimbre jurídica para la acción de gobierno con acento social, que no había sido totalmente deliberada y digerida por los distintos grupos de la sociedad, contrastada por las otras corrientes políticas de derecha y menos todavía evaluadas por los distintos grupos sociales y organizaciones civiles que apenas salían de la sorpresa del ímpetu transformador legitimado por el número inédito de votos en las urnas que llevó a Morena a reforzar el liderazgo presidencial y a una nueva subordinación de Congreso de la Unión y a un amplio número de gubernaturas de los estados.
Una a una las reformas y las leyes merecen un análisis riguroso, sobre todo aquellas que dan inició a una transformación de la administración pública y fueron surgiendo gradualmente. Respondiendo al malestar social. Desde otra perspectiva, la LXIV Legislatura se deja ver como el regreso del aval de una mayoría aplastante que no da lugar al respiro de reflexión ordenada, pero tampoco a la socialización de la información sobre el rumbo que va tomando el país, abatido por un discurso también de denuncia y de políticas públicas que están para algunos en las fronteras del populismo y para otros en la de los derechos sociales.
Se abre el paso a una serie de reformas. Se impulsa la referente a la austeridad: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Público propuesta en el Senado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario y que responde a la indignación que provocaron los altos ingresos de los funcionarios públicos tanto en el Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos y también en algunas dependencias federales, incluso más elevados que el ingreso asignado al Titular del Poder Ejecutivo.
Se responde a la consigna presidencial que tuvo como bandera de campaña el postulado de que no se puede tener un gobierno rico con un pueblo pobre. Se pone de tajo el alto no sólo al dispendio de los gobiernos de la alternancia coronados en el imaginario popular con una corrupción gubernamental sin precedente y el símbolo de un avión de lujo imposible de vender, y la subasta de la caravana de camionetas blindadas, emblemas todas de poder, corrupción e impunidad.
Objetivos
Un tema que surge como clave tiene que ver con lo que nos propone la Ley con la reglamentación de los artículos 75 y 127 constitucional como es el de regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los Poderes de la Unión, los demás entes federales y aquellos con autonomía constitucional. Se trata de entidades como: el Poder Legislativo, el Poder Federal, el Poder Judicial de la Federación; los tribunales de la federación, la Fiscalía General de la República; la Presidencia de la República; las dependencias federales, y los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.
Se establece la obligatoriedad del servidor público de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. Además de que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas y diferente en el presupuesto correspondiente, salvo en el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. y quedó determinado que “ningún servidor público recibirá remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El tejido
Otra puntualización mayor viene en relación con la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el sello de la Cámara de Diputados, a la que se agregan otras propuestas para el nuevo ajedrez del poder en la responsabilidad de la primera secretaria de Gobernación, en la que ya no opera la Seguridad Pública ni depende el combate a la violencia ni los servicios de inteligencia y la propone el Dip, Jesús Fernando García Hernández (Morena). A está iniciativa se agrega la de la Dip. Martha Angélica Tagle Martínez (MC), que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras más.
La visión de la administración es integral, pero vamos por partes, al centro de la nueva construcción del poder público el objetivo del cambio corresponde al andamiaje de la organización y distribución de competencias en las secretarías de Estado. Para el Dip. Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena los gobiernos emanados de procesos democráticos están obligados a impulsar políticas públicas que den cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, de lo que resulta indispensable que la Administración cuente con una estructura orgánica y operativa alineada a los objetivos y estrategias asumidos en campaña. Se requiere contar con un Estado de Derecho que sea el instrumento que haga posible mejorar las condiciones de la población.
En blanco y negro se precisa que “es indispensable adecuar algunas áreas de la Administración, para hacer un uso racional de los recursos públicos, recuperar la seguridad pública, profundizar en la vida democrática, dotar de los servicios básicos a quienes siguen careciendo de ellos; propiciar la alimentación adecuada y sostenible del segmento de la población que aún no alcanza ese nivel de bienestar; acceder a la salud y a los medicamentos para la población en condiciones de exclusión y pobreza; lograr un crecimiento económico basado en el dinamismo de las inversiones privadas y del sector público; garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas privados, y la seguridad energética de la nación, todo ello para dar cumplimiento a la máxima que el presidente electo ha sostenido por años: por el bien de todos, primero los pobres”.
Todo va montado en una serie de leyes que se van desplegando con un código nuevo y como corazón el interés de que se aborde la gobernabilidad democrática y seguridad pública, y se define la importancia de la recuperación de la seguridad pública en todo el territorio nacional, en los estados y regiones del país más afectadas por el crimen organizado y la violencia.
Se postula que para alcanzar ese objetivo se desarrolle y aplique una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia reconociendo que el uso de las policías y de las fuerzas armadas es insuficiente frente a las dimensiones del problema y sus múltiples manifestaciones. Queda escrito en la ley con precisión que no habrá una violencia que pueda replicarse sino inteligencia y sensibilidad política.
Queda la escisión legal entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que como visión de la política Interior se privilegia la necesidad de asegurar a todos los habitantes del país las seguridades que derivan de los derechos, que es en primera instancia promover condiciones para el desarrollo normal, en paz y tranquilidad y así fortalecer la unidad y la cohesión nacional.
Se propone que la Secretaría de Gobernación cuente con condiciones para atender sus tareas como responsable de la Política Interior y se precisan como tareas que en materia de seguridad pública se trasladan a una Seguridad y Protección Ciudadana, cuya responsabilidad central, sea la seguridad pública y la protección de la población ante cualquier riesgo o amenaza. Se justifica que no es la intención volver al modelo que existió en el periodo 2000-2011 que no funcionó, sino ir hacia un modelo que, sustentado en una estrategia integral, haga frente a los retos del presente. Se concreta la hoja de ruta.
Y se mantiene como atribución de la Secretaría de Gobernación, la Política Interior en sus diversas y complejas manifestaciones, como la relación del Ejecutivo federal con los otros dos Poderes de la Unión y con los ejecutivos de las entidades federativas, el respaldo a las autoridades municipales; la normatividad de los medios de comunicación, electrónicos e impresos; las políticas y acciones en ámbitos de singular importancia, como la migración, el apoyo a nuestros conciudadanos como de quienes atraviesan nuestro territorio en su camino hacia Estados Unidos, la rectoría de las políticas de población, el registro de personas y ciudadanos y la emisión del documento de identidad ciudadana; las relaciones con las iglesias y asociaciones religiosas, la atención a las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de la participación ciudadana para el desarrollo democrático, y la defensa y promoción de los derechos humanos.
Más de una docena de reformas a la espera del estudio, la reflexión, el análisis y una necesaria política de información en la construcción de un Estado que exige a la par de derechos humanos que de obligaciones.