El proceso electoral que nos llevará a las urnas el 6 de junio va impulsado como siempre por las esperanzas de cambio por democratizar el poder y la justicia, a favor de los derechos humanos, para las mujeres el doble acento de encontrar un reconocimiento de derechos y el respeto de nuestra presencia y visibilidad pública, cuya negación socava nuestro lugar en la agenda política, social, económica, cultural.
Se ha desplegado un intenso esfuerzo por parte de las mujeres para afirmar la etapa alcanzada y la plataforma para esa agenda que se construye cada día y define el futuro del país, codo con codo y sin tutelajes que acompañan los patrones de un paternalismo o “maridismo” que disfrazado retrasa las condiciones de igualdad, equidad a la que aspiran las mujeres y los grupos minoritarios.
Por años no siempre el acceso de una mujer a un puesto político de mayor nivel de responsabilidad fue garantía de que ese empoderamiento se tradujera en apoyo a las demandas y derechos de las mujeres. Acaso significó ese empoderamiento que las posiciones aún para un mayor número de mujeres se tradujeran en el reconocimiento y la ampliación de sus derechos, a la sombra bajo una tutela patriarcal. ¿O se rompió el autoritarismo mirando la legitimidad? ¿Se rompió finalmente el ciclo del síndrome de Estocolmo en algún tramo de la historia de los derechos de las mujeres?
Hoy la reflexión también gravita a dos años de una anunciada Cuarta Transformación sobre cuanto habrá significado el acceso de una mujer al cargo de secretaria de Gobernación y sus resultados en una gobernanza democrática, en la visibilidad pública de la construcción de una cultura de derechos humanos y en el respeto público de los mismos, en abatimiento de una misoginia, en el reconocimiento de las demandas de las mujeres y no en recortes al presupuesto de las políticas públicas, sólo respondiendo a derechos que representan productos de años de lucha y en un tiempo pasado conquistados.
No hay duda de que no se deja atrás una LXIV Legislatura en la que se logró la paridad en el Congreso, producto de una lucha sin tregua de las mujeres. No queda al margen entre las conquistas de senadoras y diputadas, se da un mayor número de posiciones de mando para las mujeres tanto en el Poder Ejecutivo federal y en el Poder Judicial de la Federación, pero cabe la reflexión sobre qué tanto se han atendido los derechos y las demandas de las mujeres en materia de justicia que quedan como asignaturas. ¿Qué tanto está presente y visible esa agenda de las mujeres cuando el combate de los feminicidios no cede, la violencia contra las mujeres no aminora, además de que persiste la desigualdad laboral, las tomas de calle por las mujeres en defensa de esa violencia de Estado surgiendo de esa violencia que lo mismo las asesina, las violenta, y las utiliza disfrazadas tanto como policías, alcaldesas, jefas de gobierno que ministras?
Un Informe elaborado por la ONU y dado a conocer en octubre de 2020, difunde datos reveladores sobre la condición en la que están las mujeres en el mundo y que conforman una agenda de lucha por los derechos y la justicia. Y más allá de las notas se suman a los registros de pendientes los siguientes de datos que perfilan una agenda electoral, la de 2021 a 2024: 47% de las mujeres del mundo son empleadas; 20% son jefas de Estado o de Gobierno; el 50% de las mujeres pueden decidir utilizar métodos anticonceptivos o negarse a tener relaciones íntimas, el trabajo no remunerado recae en mayor número en mujeres; el COVID ha repercutido en un mayor número de mujeres que de varones y amenaza con erosionar los logros obtenidos,
En la esfera de la toma de decisiones el informe de la ONU registró que las mujeres ocupan el 28% de los puestos gerenciales a nivel mundial, que en 500 empresas estadounidenses son el 7.4% o 37 son consejeras delegadas, en un estudio sobre la actividad parlamentaria las mujeres en el mundo representan el 25% de las posiciones, si bien la presencia de las mujeres en los gabinetes de gobierno se han incrementado, estas posiciones no han ido más allá de representar una paridad del 22%.
El COVID ha representado un azote que como era de esperase se ensañó en las mujeres, impactando en la educación primaria, no en el número de la matricula educativas en la que encontramos un mayor número de mujeres como el espejo de su rendimiento en los estudios, sin embargo haciendo un seguimiento de los procesos educativos nos encontramos que las mujeres en el campo de la ciencia, tecnologías, ingenierías y matemáticas sólo cuentan con una representación del 35%, además de una representación minoritaria en la investigación y desarrollo científico alcanzando únicamente una tercera parte de la investigación del mundo,
Al cierre de la celebración del primer periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados se puede afirmar con precisión que las dos presidencias de la Mesa Directiva, en el segundo año a cargo de la diputada Laura Rojas Hernández (PAN), y en el tercer año a cargo de la Dip. Dulce María Sauri Riancho han reivindicado la actividad política, sino que le han dado sentido y lustre a una de las Cámaras del Congreso de la Unión.
¿Cuál es el balance sobre esos dos años de intenso esfuerzo legislativo, del avasallamiento de una mayoría legislativa construida fuera de las urnas, de todas las legisladoras que han hecho suya la oportunidad de ir construyendo un cambio en México que todavía le quedan tramos para la evaluación de los resultados?
En el la Cámara de Diputados los compromisos de las mujeres con las mujeres se ha convertido en leyes y normas que resultan decisivas, determinantes para su transformación en políticas publicas, de entrada, en reformas para lograr paridad de género, que no sólo representa una lucha histórica, sino que está sólidamente articuladas con la sociedad y entre Poderes del Estado.
El 2021 no sólo es la elección más grande de la historia, no se queda con la renovación de alcaldías, congresos estatales, 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados con sus 500 curules sino corre de los ideales que se funden en las aspiraciones de justicia y el reconocimiento de los derechos humanos, de un proyecto de país plural y democrático más allá de las fronteras del discurso.