Beto Bolaños
Una cancha de fútbol no es un campo de batalla.
Es un espacio comunitario. Familiar. Cotidiano.
Por eso el ataque en Guanajuato no fue un exceso ni un accidente. Fue un acto de terror.
Cuando hombres armados irrumpen en un espacio público y asesinan civiles sin distinción, no buscan solo matar. Buscan atemorizar, someter, demostrar dominio. Buscan enviar un mensaje a la población y al Estado: el poder ya no está en manos del gobierno.
Eso tiene un nombre.
Y ese nombre es terrorismo.
Negarlo no lo hace desaparecer. Solo expone la renuncia deliberada del poder a reconocer la magnitud del colapso.
El lenguaje como anestesia del fracaso
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano optó por una estrategia tan peligrosa como calculada: suavizar el lenguaje para ocultar la realidad.
Masacres se convirtieron en “eventos”.
Territorios perdidos, en “zonas complicadas”.
Organizaciones armadas, en simples “delincuentes”.
Pero el lenguaje no gobierna.
No protege a la población.
No recupera territorios.
La cancha de Guanajuato destruye el último eufemismo: México ya no enfrenta criminalidad común, enfrenta actores armados que utilizan el terror como método sistemático de control social.
Guanajuato no cayó: fue dejado caer
Guanajuato fue durante años un estado incómodo para el poder federal. Gobernado por la oposición, con estabilidad relativa y crecimiento económico, no encajaba en el relato del país arrasado por gobiernos anteriores.
La expansión brutal del crimen organizado no fue una casualidad ni un error local aislado. Ocurrió mientras el gobierno federal:
- abandonaba la confrontación directa,
- debilitaba la cooperación con gobiernos estatales opositores,
- convertía la seguridad en arma discursiva,
- y permitía que el crimen llenara los vacíos del Estado.
La violencia fue tolerada, minimizada y utilizada políticamente.
Hasta que se volvió incontrolable.
Hoy Guanajuato ya no sirve para propaganda.
Hoy es evidencia.
“Abrazos, no balazos”: la decisión que fortaleció al crimen
La política de seguridad de López Obrador no fue ingenua ni accidental. Fue una decisión consciente.
El gobierno apostó a que el crimen organizado podía:
- ser contenido sin enfrentamiento,
- ser neutralizado con programas sociales,
- coexistir dentro de un equilibrio informal.
El resultado es inequívoco:
- cárteles más armados,
- más territoriales,
- más autónomos,
- más violentos,
- y cada vez menos dispuestos a reconocer autoridad alguna.
Cuando el Estado renuncia a ejercer la fuerza legítima, transfiere poder.
Eso fue exactamente lo que ocurrió.
AMLO y la responsabilidad histórica
Este punto no admite rodeos.
Andrés Manuel López Obrador no fue un espectador del deterioro de la seguridad nacional. Fue su arquitecto político.
- Definió la estrategia.
- Impuso el discurso.
- Descalificó a quienes alertaron.
- Protegió la narrativa incluso cuando los muertos se contaban por decenas de miles.
No es responsable de cada crimen, pero sí del marco político que permitió que el crimen operara con impunidad.
La cancha de Guanajuato no es una falla del sistema:
es el resultado lógico de una política que decidió no confrontar al poder criminal.
Ese es su legado.
Sheinbaum hereda el incendio bajo la lupa de Washington
Claudia Sheinbaum asume el poder con un país más violento que el que recibió López Obrador, pero también con algo que AMLO nunca enfrentó plenamente: un escrutinio directo y constante del gobierno de Estados Unidos.
Para Washington, el problema mexicano ya no se mide en discursos ni en lealtades políticas, sino en riesgo estratégico:
- control territorial fragmentado,
- organizaciones criminales con capacidad paramilitar,
- uso sistemático del terror contra civiles,
- flujos de drogas, armas y migración fuera de control.
En ese marco, Sheinbaum no será evaluada por su continuidad ideológica, sino por una pregunta brutalmente simple:
¿puede el Estado mexicano ejercer control efectivo sobre su territorio o no?
Su dilema es doble:
- hacia dentro, no romper con el legado de AMLO;
- hacia fuera, convencer a Estados Unidos de que México sigue siendo un socio gobernable.
El margen es mínimo.
Y el tiempo, escaso.
La soberanía según Estados Unidos: hechos, no discursos
Mientras el gobierno mexicano insiste en una soberanía declarativa, Estados Unidos calibra la realidad con otros indicadores: quién controla el territorio, quién impone reglas y quién ejerce la violencia.
Para Washington, la soberanía no es un principio abstracto, sino una condición funcional. Cuando un Estado:
- no puede proteger a su población,
- no controla amplias regiones,
- no impide que actores armados operen con impunidad,
esa soberanía se considera erosionada, independientemente del discurso oficial.
Por eso aumentan:
- la presión diplomática,
- las acciones de inteligencia,
- las operaciones extraterritoriales,
- y la narrativa de “amenaza transnacional”.
No porque Estados Unidos “quiera intervenir”, sino porque asume que México no está conteniendo el problema.
La soberanía no se pierde de golpe.
Se pierde cuando el Estado decide no ejercerla.
Callar ya no es neutralidad
La cancha de Guanajuato no es una anomalía.
Es una advertencia tardía.
México no se desliza lentamente hacia el precipicio: avanza hacia él a toda velocidad.
Y el mayor peligro no es solo la violencia, sino la normalización del horror y el silencio inducido desde el poder.
Seguir evitando responsabilidades no es prudencia.
Es cobardía política.
Nombrar el terror como terror y señalar a quienes tomaron las decisiones que nos trajeron aquí no garantiza una solución inmediata.
Pero no hacerlo garantiza que la historia se repita.
Y cada repetición cuesta vidas.