Laura Ruíz
En el debate público mexicano hay frases que duelen no por lo que dicen, sino por lo que revelan. Cuando legisladores de oposición dijeron al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, que en una empresa privada ya lo habrían “echado a patadas” por el manejo de la deuda, quedó claro que siguen pensando el país como si fuera una fábrica y no una nación.
Pero el secretario respondió con algo más poderoso que una cifra: con una idea. “El país no es una empresa… no estamos aquí para generar ganancias, sino para ayudar a 13 millones 400 mil personas a salir de la pobreza.”
Esa frase vale más que cualquier gráfica. Porque detrás de cada punto del PIB hay historias. Hay niñas que pueden ir a la escuela porque ahora sí hay beca. Hay adultos mayores que por primera vez reciben una pensión sin pedirle favores a nadie. Hay comunidades indígenas a las que por fin se les pavimentó un camino.
¿Eso genera rendimientos? Sí. Pero no para los accionistas: para el pueblo.
La oposición habla de deuda como si fuera pecado. Como si el Estado estuviera obligado a vivir de la austeridad eterna, aunque el pueblo viva en carencias eternas. Hablan de números fríos, pero nunca dicen a quién le sirve cada peso prestado.
Y ahí está la verdadera discusión: endeudarse no es malo si lo que se compra es dignidad.
¿Se puede discutir si el gobierno ha sido perfecto en su manejo financiero? Claro. ¿Hace falta más transparencia? Siempre. Pero reducir todo a mala administración sin reconocer avances como el rescate de Pemex, el récord histórico en recaudación aduanera o los niveles de endeudamiento por debajo del promedio mundial, es simplemente negarse a ver la realidad porque no conviene políticamente.
La política fiscal no es una hoja de Excel: es una apuesta ética. Y hoy, aunque falten muchas cosas por corregir, es evidente que el modelo en curso intenta poner el dinero donde más duele: en la desigualdad.
Ojalá algún día el debate público deje de girar en torno a cuánto se gasta… y empiece a centrarse en cuánto se repara. Porque la verdadera deuda de este país no está con los mercados: está con su gente.
Y si defender a los pobres cuesta intereses, entonces vale cada centavo.
Cada vez que el secretario de Hacienda de México aparece frente a los medios, el país contiene la respiración. Sus declaraciones, aunque técnicas y aparentemente lejanas al día a día, terminan filtrándose en la vida cotidiana de millones de mexicanos que, sin ser economistas, sienten en el bolsillo la traducción real de esas palabras.
En México, la economía no solo se entiende en gráficas y comunicados, sino en el bolsillo de las familias. Cada declaración del secretario de Hacienda se convierte en un mensaje que, para bien o para mal, repercute en la confianza social. Y cuando miramos las cifras más recientes, la distancia entre el discurso y la vida cotidiana queda en evidencia.
Inflación: la cifra y la percepción
El INEGI reportó que en agosto de 2025 la inflación anual se situó en 3.57 %, ligeramente por encima del 3.51 % del mes anterior. En términos técnicos, es un nivel bajo y controlado. Sin embargo, la ciudadanía rara vez siente esa “estabilidad” en el supermercado. El tomate, el huevo o el transporte urbano no parecen bajar de precio.
La inflación no subyacente —que incluye energéticos y tarifas reguladas— subió de 1.14 % a 1.38 % anual. Este dato, que para muchos pasa desapercibido, es clave: cualquier ajuste en subsidios o tarifas anunciado por Hacienda se traduce casi de inmediato en preocupación, filas en gasolineras o aumentos en el transporte.
Recortes al gasto público
Mientras Hacienda presume responsabilidad fiscal, los ajustes presupuestales cuentan otra historia. El gasto programable del gobierno cayó 9.6 %, y dentro de ese recorte hubo reducciones fuertes: salud –12.2 %, seguridad pública –42.9 %, ciencia y tecnología –7.4 %. Estas cifras, que parecen abstractas, tienen un rostro concreto: clínicas con menos recursos, calles menos vigiladas, proyectos científicos detenidos.
Recaudación y gasto social
Por otro lado, la recaudación tributaria creció 6.5 % real anual, lo que demuestra que el Estado tiene más ingresos. Sin embargo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha documentado que el gasto social impulsa directamente el consumo privado. Reducir apoyos o transferencias significa menos dinero circulando en mercados locales, menos ventas en tienditas y menos empleo en negocios pequeños.
Cuando el secretario de Hacienda afirma que la economía “va por buen camino”, el ciudadano común se pregunta: ¿cómo, si cada vez alcanza para menos? La percepción popular no se alimenta de boletines, sino de lo que cuesta llenar el carrito de la compra. Y si las cifras no coinciden con la experiencia diaria, el discurso pierde credibilidad.
La economía, al final, no es solo un asunto de tecnicismos: es la suma de las decisiones de millones de familias que viven al día. Por eso, el reto de Hacienda no es únicamente mantener indicadores bajo control, sino traducirlos en bienestar tangible. Mientras los números digan una cosa y la mesa de la cocina refleje otra, las declaraciones oficiales seguirán sonando huecas.
El discurso económico funciona como un termómetro de confianza. Cuando el secretario asegura que “la inflación está controlada” o que “la economía mantiene un crecimiento sostenido”, los titulares generan un respiro colectivo. El ciudadano de a pie, que quizá nunca ha leído un informe financiero, interpreta esas frases como una señal de estabilidad: se anima a comprar un electrodoméstico a crédito, a ahorrar un poco más o, sencillamente, a planear sus gastos con menos miedo al futuro.
Sin embargo, cuando desde Hacienda se anuncian ajustes fiscales, recortes presupuestales o advertencias sobre el aumento de la deuda pública, la reacción es casi inmediata. Las familias comienzan a hablar de “apretarse el cinturón”, los comerciantes perciben menor consumo y el malestar se expande en redes sociales, donde la economía se traduce en expresiones tan simples como “todo está más caro”.
Ejemplos recientes ilustran bien esta dinámica: cada vez que se mencionan posibles cambios en los subsidios a combustibles, la noticia no tarda en convertirse en colas más largas en las gasolineras, especulación en los precios del transporte y un aumento de la preocupación en los hogares. Las declaraciones, en ese sentido, no son neutras: moldean expectativas, y las expectativas mueven la economía tanto como los números.
Lo paradójico es que la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana suele ser grande. Mientras Hacienda presume estabilidad macroeconómica, muchas familias siguen resintiendo la presión de precios en la canasta básica o el encarecimiento de servicios. Esa brecha alimenta el escepticismo ciudadano: si las cifras dicen una cosa y el mercado otra, ¿a quién creer?
Al final, las palabras del secretario de Hacienda no son solo un mensaje técnico dirigido a inversionistas o analistas financieros. Son, querámoslo o no, una brújula simbólica para millones de mexicanos. En sus declaraciones se juega buena parte de la confianza colectiva, un recurso tan valioso como escaso en tiempos de incertidumbre.
Por eso, más que cuidar el lenguaje económico, la Secretaría debería esforzarse en hablarle también al ciudadano común: explicar con claridad cómo sus decisiones repercuten en los precios, en el empleo o en los programas sociales. Solo así las declaraciones oficiales dejarán de ser frases distantes y se convertirán en información útil para quienes, con su esfuerzo diario, sostienen la economía real del país.