Bulmaro Valvidares
El acceso a una justicia verdaderamente pronta y expedita, a un Poder Judicial cercano y accesible a la gente, ha sido una de las demandas de la sociedad en los últimos años, la que sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por Ministros, Jueces y Magistrados.
Tenemos frente un Poder judicial que se encuentra lejos de la realidad social actual, que en el último par de años se ha preocupado más por mantener sus privilegios, que ha utilizando los vacíos legales para favorecer a unos cuantos justificándose en la costumbre y el derecho de gentes, además de enfrascarse en una contienda con el resto de los poderes, alejándose cada vez más del anhelo social de justicia y reparación.
Una pugna que comenzó con una Suprema Corte envalentonada, dirigida en esta ocasión por una mujer, contraponiendose férreamente a todas las leyes y modificaciones a la Constitución impulsadas desde el Ejecutivo por la 4T, que derivó en lo que ya por todos es bien sabido y que como siempre el único perdedor viene siendo el pueblo.
Esta disputa llevó a la Suprema Corte a caer en su propio juego, siendo doblegada con sus propios argumentos y recursos jurisprudenciales emitidos con anterioridad, al desafiar abiertamente al Ejecutivo con una estrategia motivada más por el deseo de los actores judiciales de mantener su capital político y “status” (Saavedra Herrera, 2018), que por hacer valer el Estado de derecho.
Es evidente que la historia de la Suprema Corte, es la de un poder de facto que ha servido a los intereses del grupo en el poder en turno, que en los últimos años había tenido un pequeño avance en temas de constitucionalidad y de protección de derechos humanos, convirtiéndose en contrapeso del poder ejecutivo, lo que le valió que fuera vista como un bastión importante del neoliberalismo.
De ahí que se haya tomado la decisión de recurrir a su desarticulación y renovación por medio de elección popular, por la percepción pública negativa que proyectaran sus representantes, relacionados con grupos fácticos de poder económico, político y gremial (Villalobos López, 2025), algo que resulta innovador para la mayoría de las personas, hay hasta quienes se atreven a decir que nos encontramos haciendo historia.
El sistema electoral que hoy rige en nuestro país, es producto de una larga lucha que refleja la preocupación de la clase política por la legitimación del poder. El método de elección de jueces por voto popular que ahora se propone, no es nuevo, este método tiene su orígen en la Constitución Política de 1857 que aplicaba para los ministros de la Suprema Corte y para el Fiscal de la República (Espíndola Morales & Flores, 2019).
Sobre esta reforma al Poder Judicial ha habido muchos comentarios, unos a favor y otros en contra, lo que es cierto, es que la elección popular de jueces plantea enormes riesgos y desafíos; primero, el de preservar el equilibrio y la división de poderes; segundo, la de poder garantizar que se cumpla con el mandato popular y la estabilidad democrática, y; tercero, la de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el orden constitucional, en donde las decisiones judiciales favorezcan de verdad a los grupos sociales que históricamente se han encontrado desprotegidos por la falta de recursos económicos para acceder a una verdadera justicia pronta, justa y expedita.
A unos días de la elección judicial, la Suprema Corte se ha mantenido en un hermetismo total, evitando pronunciarse sobre la falta de legalidad y de las posibles irregularidades que han rodeado el proceso, generando preocupación sobre la falta de determinación y representación del máximo órgano impartidor de justicia que ha sido borrado de tajo, reducido a simple observador sin voz, ni voto.
Silencio que revela la falta de interés de los ministros en la fiscalización de un proceso que afectará de forma directa a la manera de impartir justicia en nuestro país, permitiendo la injerencia de agentes ajenos a la elección, lo que repercutirá en la validez e imparcialidad del resultado de dicho proceso.
Esto nos lleva a pensar en el conformismo y la apatía en la que ha caído la Suprema Corte y sus integrantes, dejando en estado de indefensión e incertidumbre a la población, en un momento histórico que representa una posibilidad real de cambio en la forma de impartir justicia.
Es cierto que cualquier reforma por más importante que sea, por sí sola, no es suficiente para cambiar las condiciones de la justicia en el país, sin el compromiso de las autoridades y políticos de cumplir con el mandato popular y de respetar la independencia y autonomía del nuevo Poder Judicial en gestión , así como, de las decisiones que de él provengan.
También, es necesario que la autoridad en su facultad de informador socialice la información clara, precisa y certera que necesita la ciudadanía, para que esté en condiciones de ejercer su derecho sin que se sienta robado, y que el ciudadano de a pie haga un esfuerzo por informarse y de participar en este ejercicio electoral, con el objetivo de conformar un Poder Judicial que responda a la defensa de los intereses de la mayoría, que favorezca los derechos de los más vulnerables y lograr así un mayor acceso a la justicia de todos y todas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió contar su historia, conversar con los ciudadanos de lo inalcanzable que resulta esta, que además ha sido lapidada por bloques de frases huecas que buscan colocar en el corazón de la discusión las garantías de los derechos humanos. No hay tal.