Sergio González (@ElConsultor2)
Vivimos en una época dominada por lo que el informe El Estado Global de la Democracia 2026 de IDEA Internacional califica como una «Gran Fragmentación» y una «incertidumbre radical».
En este convulso escenario, la democracia global no atraviesa una muerte repentina, sino una lenta y preocupante erosión. Por undécimo año consecutivo, la tendencia dominante muestra que son más los países que retroceden en sus capacidades democráticas que los que logran avanzar. La gran tragedia de nuestro tiempo no es solo la caída vertiginosa de ciertos regímenes, sino un estancamiento generalizado, que afecta al 81 % de los aspectos evaluados en el mundo, donde la mayoría de las naciones permanecen atrapadas en niveles de desempeño frágiles o intermedios.
Este deterioro institucional se entrelaza de manera trágica con el aumento de la violencia global. Los datos del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala revelan que el año 2025 registró 65 conflictos armados activos en el planeta, la cifra más alta desde que comenzaron los registros sistemáticos en 1946, incluyendo un máximo histórico de ocho guerras interestatales. La evidencia científica es contundente: los países situados en la penumbra del “gris intermedio” (aquellos regímenes híbridos que celebran elecciones, pero carecen de competencia política real y derechos garantizados) son los más propensos a sufrir brotes de violencia tanto interna como internacional. Aunque las democracias consolidadas casi nunca van a la guerra entre sí, la reducción en el número y la calidad de las democracias disminuye peligrosamente el alcance de esa paz democrática.
Las zonas de preocupación que enciende el reporte son profundas. El Estado de Derecho se erige como la categoría más vulnerable a nivel global, impulsada por el deterioro sistemático de la independencia judicial y el acceso a la justicia. Asimismo, la Libertad de Expresión sufrió el declive más extenso del planeta (afectando al 24 % de las naciones), seguida de cerca por la Libertad de Prensa. Lo más alarmante es que el retroceso no es exclusivo de naciones frágiles: Estados Unidos destaca como un preocupante catalizador de esta tendencia, registrando mínimos históricos en controles parlamentarios, libertad de expresión y derechos civiles debido a la híper-centralización del poder ejecutivo. A esta deriva se suman democracias europeas como Alemania, el Reino Unido e Italia, golpeadas por restricciones a la protesta, presiones a la prensa o el debilitamiento de sus contrapesos.
Sin embargo, en medio del claroscuro, el informe ilumina valiosos espacios de esperanza. El motor más firme de la resistencia sigue siendo la sociedad civil organizada y la participación comunitaria. Innovaciones como el surgimiento de candidaturas comunitarias independientes en Australia han revitalizado el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes. Del mismo modo, las transiciones impulsadas por movimientos juveniles en el Sur de Asia —como en Sri Lanka, Bangladesh y Nepal— han abierto brechas históricas para la rendición de cuentas y la reforma parlamentaria. Incluso en escenarios de enorme complejidad, como Polonia tras sus reformas institucionales o Siria tras la caída del régimen de Al-Assad, emergen brotes frágiles pero reales de apertura en la libertad de expresión y la justicia transicional.
En este mapa global de contrastes, el caso de México ofrece una radiografía precisa de las tensiones que acucian a la región. De acuerdo con los datos del informe, México se mantiene en un nivel de desempeño intermedio en la categoría de Representación, ubicándose en el puesto 83 a nivel mundial con un puntaje de 0,550. En cuanto a la Participación ciudadana, el país se sitúa en el lugar 120 global con una calificación de 0,451. Sin embargo, la fragilidad institucional se hace evidente en el rubro de Derechos, donde ocupa la posición 111 (0,407), y muy especialmente en el Estado de Derecho, donde el país cae a la franja de bajo desempeño al registrar una puntuación de 0,370, situándose en el lugar 112 entre 173 naciones evaluadas.
Esta marcada debilidad en la certeza jurídica y el Estado de Derecho coloca a la nación en esa zona de fragilidad institucional que la literatura académica asocia con mayores riesgos de inestabilidad. A este complejo panorama interno se añaden las presiones de un entorno internacional cada vez más unilateral e incierto, evidenciado por las amenazas de intervención militar formuladas por la administración de Estados Unidos contra Colombia, Cuba y el propio territorio mexicano. Ante estas dinámicas, el contexto mexicano subraya la necesidad, creo, urgente de robustecer las instituciones democráticas y la protección de derechos para blindar la convivencia pacífica.
La democracia no es un lujo decorativo que podamos postergar en tiempos de crisis, sino la infraestructura indispensable sobre la cual se edifica la paz duradera.
Pretender garantizar la seguridad invirtiendo únicamente en armamento militar mientras se descuidan las instituciones democráticas equivale a apuntalar las paredes de una casa cuyos cimientos se están desmoronando. Enfrentamos una encrucijada decisiva: o permitimos que el derecho internacional sea sustituido por la ley de la selva, o redoblamos el compromiso con el diálogo, la transparencia y el poder ciudadano. Porque mientras exista una comunidad organizada, una prensa obstinada en buscar la verdad o un ciudadano dispuesto a exigir cuentas, la llama democrática mantendrá la fuerza suficiente para recordar al mundo que la verdadera paz no es la mera ausencia de ruido, sino la presencia viva de la justicia.