En el horizonte legislativo se apuntalan reformas y adiciones a una nueva Ley de Aguas Nacionales que tenga como centro el reconocer a plenitud que el agua es un derecho humano, un recurso vital inalienable, así que pensar en una parálisis legislativa en la materia resulta un exceso ante los problemas que vive México.
Se encamina por una intensa discusión legislativa que no deben estar distantes las distintas organizaciones civiles representativas del tema sino otras ya que se trata de un derecho humano y se demanda las más amplia representación, participación y mantener la vía de una información que rinda cuentas “Hablemos del agua” pero hablemos todos sin excepción.
Exijamos la más absoluta transparencia tal y como hemos caminado estos tres últimos años.
Senadores, diputados y organizaciones civiles hacen frente a la crisis del agua que se acentúa hoy en México. En el Congreso mexicano en la actualidad, y de forma especial en el Senado de la República se impulsa la discusión y aprobación de una nueva legislación general a fin de garantizar el derecho humano a un recurso vital, teniendo como objetivo su gestión sustentable pero también con el fin de restaurar cuencas y flujos de agua. En las discusiones que han tenido lugar en el Foro “El derecho humano al agua: avances y retos”, que tuvo lugar en la Cámara de Senadores, se reconoció que la actual legislación ha propiciado el despojo de este líquido vital a las comunidades y pueblos, reconociendo que la pandemia ha sido un factor que se agrega a la crisis y al incremento de los conflictos relacionados con el agua.
En el debate de esta nueva propuesta legislativa destaca la participación del senador José Narro Céspedes, quién ha postulado que en el Senado existen las condiciones necesarias para aprobar una nueva ley que tenga como objetivo garantizar el derecho humano como es el agua, y de igual forma promover la participación ciudadana en su gestión, pero que permita la colaboración para restaurar los mantos acuíferos y evite de una vez por todas la escalada de la violencia contra defensores del medio ambiente.
Narro Céspedes cuestionó que, a casi 10 años de haberse elevado este derecho al agua a nivel constitucional en México, aún no se cuente con la legislación secundaria respectiva. Refirió el hecho de que a estás alturas de la primera década de la legislación constitucional, la actual Ley de Aguas Nacionales que se construyó bajo la óptica del sistema neoliberal, ha servido a la ruta del despojo a pueblos y comunidades del vital recurso cuyo acceso está consagrado en la Constitución y es inalienable.
Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado comentó que 2% de concesionarios, entre ellos FEMSA, concentran el 70% del agua del país, mientras que hay regiones y zonas urbanas que carecen del líquido, por lo que es momento de cambiar la ley. Carencia que se recrudece con la aparición del COVID-19, Se refirió a la existencia de dos propuestas de ley que se mantienen en discusión en el Congreso que ha sido presentada por Conagua en sexenios anterior y que distingue una visión privatizadora y de despojo, y otra más, la identificada como ciudadana que está siendo promovida por el movimiento “Agua para Todos”, y que tiene como objetivo concretar en la realidad este derecho.
El senador oriundo de Zacatecas, entidad que ha sido afectado por las sequías, ha mantenido como una preocupación permanente garantizar a la población en general el acceso y derecho equitativo al vital líquido y su saneamiento, denunciando simultáneamente el acaparamiento del recurso en más del 70% por las empresas mineras, refresqueras, embotelladoras, inmobiliarias, en su mayoría trasnacionales, que vienen además afectando a nuestros ecosistemas.
Se destaca en el impulso de la ley, el interés y propósito de una amplia representación, consistente en integrar en la creación legislativa a las instancias, instrumentos, principios, criterios y procedimientos para la participación de los gobiernos federal, estatales, municipales y demarcaciones territoriales, igualmente a los pueblos indígenas y la ciudadanía, con un objetivo central, garantizar y salvaguardar el derecho humano al agua para todos los habitantes del país, así como para las futuras generaciones.
En los comunicados de prensa se ha venido registrando información al respecto de acuerdos, negociaciones construyendo una ruta legislativa para la discusión, análisis y dictaminación de la nueva ley reglamentaria del agua, que reconoce como punto de partida la Cámara de Diputados como Cámara de origen, y el Senado como Cámara revisora, a través de las comisiones unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, principalmente. El proceso se realizará en el actual Periodo Ordinario de Sesiones.
En el caso del comunicado emitido por la Cámara de Senadores que da cuenta de las declaraciones de Narro Céspedes en el marco del Foro, destaca la opinión de la Sen. Gloria Sánchez Hernández (Morena), que refirió que desde 2020 su Grupo Parlamentario suscribió una iniciativa ciudadana, la cual debe considerarse para un debate respecto al derecho humano al agua. Además precisó que los puntos que destacan de la propuesta es restaurar cuencas y flujos subterráneos, corregir la sobreexplotación y el acaparamiento, reconocer los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios, alcanzar la soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica, recuperar la soberanía y poner un alto a la corrupción e impunidad en esta materia.
En su intervención la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN), denunció que, en Los Cabos, Baja California, hay más de ocho mil familias sin agua potable; mientras que aquellos hogares que llegan a tener acceso a este líquido lo hacen una vez al mes y por tandeo.
La Sen. Beatriz Paredes Rangel (PRI), afirmó que en la política hídrica se debe considerar la necesidad de asignar presupuesto suficiente para la infraestructura y el control de ríos, toda vez que las grandes inversiones permitirán que no se desperdicie este recurso, que no haya inundaciones periódicas en algunas zonas y que se establezca la eficaz captación pluvial. Además, mencionó que las estrategias en el uso del agua, deben revisar cómo se responderá al Tratado de Aguas con Estados Unidos, las problemáticas del río Bravo, de la zona de Tijuana y de la actividad agrícola de Chihuahua y de las ciudades fronterizas.
Recoge el comunicado del Foro, destacando la intervención de Bernardo Serrano González, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien sostuvo que México vive una crisis del agua, donde los grupos históricamente discriminados y vulnerados reciben los mayores impactos. Destacó que se ha documentado un incremento de casos que involucran conflictos por el agua y su saneamiento en todo el país, sobre todo, en regiones donde hay comunidades enteras que no tienen acceso constante y suficiente al agua durante meses, o que consumen el líquido contaminado por su sobreexplotación y megaproyectos cercanos.
Serrano González, expuso que durante la pandemia muchos de estos casos se han agravado o han surgido nuevos conflictos ante la imposibilidad de atender las medidas básicas de higiene. Agregó, que se documentó el aumento de amenazas, criminalización e incluso asesinatos de personas defensoras del agua y del medio ambiente. Destacó que México atraviesa un momento prometedor para lograr una nueva regulación, armonizada con los tratados internacionales y los altos estándares en esta materia, a fin de garantizar el derecho humano al agua.
En las discusiones los datos duros y reveladores tanto del INEGI, Conagua y la Auditoría Superior de la Federación con los cuales se documenta la crisis del agua que amenaza con romper sus fronteras y convertirse en un desastres nacional: 70% del volumen de aguas concesionadas concentrada en el 2% de los titulares, dejando a 25 millones de mexicanos con el acceso al agua en su vivienda o terreno cada tercer día o dos veces a la semana; y 17 millones de personas adicionales viven en una situación de mayor precariedad.
Y para ilustrar otro dato preocupante: la mayor parte de la población del país sobrevive del abasto de las 114 cuencas y 115 acuíferos que se encuentran sobreconcesionados, mientras que el 60% de nuestros cuerpos de agua sufren contaminación industrial y minera, principalmente. Y se hace presente la denuncias, “El ejercicio discrecional de la autoridad ha permitido dedicar la mayor parte de los recursos federales disponibles a pocas megaobras hidráulicas con costos excesivos y de cuestionable valor, como el Emisor Oriente, la Presa Zapotillo, entre muchos más. Mientras que los recursos federales disponibles para obras locales de agua y saneamiento para 2020, es de solo el 17% respecto al monto destinado en 2016.
Claudia Gómez Godoy, del Movimiento Agua Para Todos, expuso que la iniciativa ciudadana cuenta con un amplio respaldo de organizaciones y de la sociedad civil, la academia, diputados y senadores, además fue avalada por 198 mil firmas y se construyó de manera colectiva durante siete años. Agregó que es indispensable que en estos momentos se lleve a cabo la discusión del tema, pues la actual Ley de Aguas Nacionales, que se ha aplicado por más de 25 años, ha promovido la mala gestión del líquido y la corrupción, debido a su enfoque neoliberal.
En su turno, Elena Burns Stuck, subdirectora general de la organización Administración del Agua, advirtió que la legislación actual permite a concesionarios descargar contaminantes sin tener que pagar nada, siempre que respete los niveles de polución; además no se les puede clausurar por el exceso de contaminantes, pues con que paguen lo establecido en la ley, están protegidos. Refirió que la actual ley es “especialmente dañina”, por lo que llamó al Poder Legislativo y demás actores involucrados a generar una nueva legislación para proteger y conservar las aguas en México. Ya en el cierre Pedro Moctezuma Barragán, de la organización Comisión para la Cooperación Ambiental, convocó a los legisladores a realizar un periodo extraordinario para aprobar la nueva ley, pues se trata de un asunto de urgente resolución.