Elio Villaseñor
“La libertad de asociación es un derecho fundamental que
permite a las personas unirse para actuar colectivamente
y contribuir al desarrollo de sociedades democráticas.”
— Organización de las Naciones Unidas
Una historia que incomoda al poder
En México, la ciudadanía organizada no nació por invitación del gobierno.
Nació por necesidad.
Ahí donde el Estado no llegaba, donde las políticas públicas eran insuficientes o simplemente inexistentes, la gente se organizó.
No para sustituir al gobierno, sino para hacer lo que urgía: resolver, acompañar, construir.
Desde los años sesenta, el impulso solidario de fundaciones europeas, canadienses y estadounidenses ayudó a detonar proyectos sociales y educativos en distintas regiones del país.
Pero el motor real no fue el financiamiento: fue la comunidad.
La autogestión, la organización colectiva y la construcción de autonomía marcaron una ruta distinta: desarrollo desde abajo, no impuesto desde arriba.
Cuando la sociedad se adelanta al Estado
Durante décadas de control político y prácticas clientelares, estas experiencias no solo resistieron: ofrecieron una alternativa.
Mientras el poder concentraba decisiones, las comunidades generaban soluciones.
Con el tiempo, lo que parecía marginal se volvió referente.
No es casual que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari muchas de estas prácticas se retomaran en programas como PRONASOL.
Tampoco es coincidencia que la ciudadanía organizada haya sido clave para empujar agendas como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
De aliada a incómoda
En los años noventa, cuando disminuyó la cooperación internacional, la ciudadanía organizada no desapareció:
Se transformó. Se institucionalizó, buscó nuevas formas de financiamiento y encontró espacios dentro del marco legal.
La promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil marcó un punto de inflexión: el Estado reconocía, al fin, que su labor era de interés público.
Se consolidó entonces un papel fundamental: ser puente entre las necesidades reales de la gente y las decisiones del poder.
Pero ese reconocimiento tenía un límite: funcionaba mientras no incomodara.
El reto, entonces, no es evitar esa incomodidad, sino asumirla como parte de una democracia viva, donde la ciudadanía organizada no solo ejecuta, sino también cuestiona, propone y enriquece la acción pública.
El quiebre: la sospecha como política
Ese límite —la incomodidad— dejó de ser tolerado.
En 2019, la relación entre el gobierno y la ciudadanía organizada cambió de fondo.
La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de retirar el financiamiento público a organizaciones civiles, bajo el argumento de eliminar intermediarios, no fue solo un cambio administrativo.
Fue un cambio de fondo. La relación se fracturó.
Lo que antes era colaboración comenzó a verse con desconfianza.
Y lo más preocupante: la ciudadanía organizada quedó bajo sospecha.
El costo de debilitar a la sociedad
Hoy, muchas organizaciones enfrentan más que recortes: enfrentan un entorno adverso.
Obstáculos administrativos, incertidumbre y una narrativa que pone en duda su legitimidad.
Pero el impacto no es solo institucional. Es profundamente social.
Porque cuando se debilita la ciudadanía organizada, se debilita también la capacidad colectiva de incidir, de vigilar, de proponer.
Se debilita la voz pública.
Y sin esa voz, la distancia entre gobierno y realidad crece.
Un error que México no puede permitirse
México enfrenta desafíos que ningún gobierno puede resolver en solitario.
Pretenderlo no es fortaleza: es aislamiento.
La ciudadanía organizada no sustituye al Estado.
Lo complementa, lo cuestiona y, sobre todo, lo conecta con la realidad que muchas veces no alcanza a ver.
Recuperar esa relación no pasa por eliminar la incomodidad, sino por reconocer su valor.
Porque es precisamente ahí, en la tensión entre gobierno y ciudadanía, donde una democracia se corrige, se fortalece y avanza.
Desconfiar de ella no es solo un error político.
Es un error democrático.
Porque al final, poner bajo sospecha a la ciudadanía organizada es poner bajo sospecha a la propia sociedad.
Y un país que desconfía de su gente, difícilmente puede construir futuro.