Elio Villaseñor
“La injusticia en cualquier lugar es una
amenaza para la justicia en todas partes.”
— Martin Luther King Jr.
La crisis política detonada por el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha y la solicitud de extradición hacia él, así como de otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos, no solo ha provocado un terremoto político: también ha abierto una profunda discusión ciudadana sobre la justicia, la impunidad y el futuro de Sinaloa.
Lo que hoy ocurre en Sinaloa no puede verse únicamente como un conflicto entre gobiernos, tribunales o partidos políticos. Lo que está emergiendo es la voz de una ciudadanía que durante años ha vivido entre el miedo, la violencia, las desapariciones y la sensación de que la justicia no se aplica igual para todos.
Desde distintos sectores sociales han comenzado a levantarse voces que durante mucho tiempo permanecieron ignoradas o minimizadas.
Entre ellas destacan las madres buscadoras, organizaciones civiles, jóvenes, académicos y ciudadanos que han decidido romper el silencio.
María Isabel Cruz Bernal, dirigente del colectivo Sabuesos Guerreras A.C., expresó una frase que resume el sentir de muchas familias sinaloenses:
“Sinaloa ha sido catalogado siempre como un narcoestado; nunca se quiso escuchar la voz de los sinaloenses”.
Sus palabras reflejan no solo el dolor de miles de familias, sino también el cansancio de una sociedad que ha visto cómo la violencia y la impunidad fueron normalizándose poco a poco en la vida pública.
Diversas organizaciones sociales han señalado que la actual crisis no es solamente un problema judicial o político, sino el reflejo de una descomposición más profunda que durante años fue creciendo sin ser atendida de fondo.
Los principales temas que hoy colocan en el centro del debate ciudadano son:
- La relación entre poder político y crimen organizado;
- La impunidad;
- La falta de protección a la ciudadanía;
- El abandono de las víctimas; y
- La debilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.
A ello se suma una creciente desconfianza hacia las instituciones mexicanas. La encuesta nacional publicada por el periódico Reforma el pasado 6 de mayo muestra una percepción profundamente crítica de la ciudadanía frente al caso Rocha y la solicitud de extradición impulsada desde Estados Unidos.
Los resultados reflejan un fuerte malestar social:
- 57% de las personas encuestadas considera que Rocha sí debería ser extraditado a Estados Unidos;
- 32% está en contra; y
- 11% no sabe o no respondió.
Respecto a la percepción de inocencia:
- 62% señaló que no considera inocente a Rocha frente a las acusaciones de vínculos con el narcotráfico;
- Solo 14% cree que sí es inocente; y
- 24% no tiene una opinión definida.
Otro dato relevante es la desconfianza hacia la justicia mexicana:
- 55% dijo no confiar en la imparcialidad de las investigaciones en México;
- Mientras que 43% sí expresó confianza.
Incluso, sobre qué sistema judicial genera mayor credibilidad para resolver el caso:
- 50% manifestó confiar más en la justicia de Estados Unidos;
- 33% en la mexicana; y
- 17% no sabe.
Detrás de estas cifras existe algo más profundo: una ciudadanía que comienza a exigir que la soberanía nacional no sea utilizada como argumento para proteger a políticos acusados de delitos graves, especialmente cuando durante años muchas denuncias nunca fueron investigadas con seriedad.
La voz ciudadana está diciendo algo contundente: la justicia no puede depender del poder político ni de los intereses de grupo. La justicia debe aplicarse igual para todos.
Sin embargo, en medio de esta crisis también comienzan a surgir propuestas y caminos para reconstruir el tejido social de Sinaloa.
Diversos colectivos, organizaciones y ciudadanos han planteado iniciativas orientadas a fortalecer la participación social y recuperar la confianza pública. Entre ellas destacan:
- La creación de observatorios ciudadanos sobre seguridad y corrupción;
- Mesas de diálogo para la paz en Sinaloa;
- Redes juveniles de participación comunitaria;
- Mecanismos de vigilancia ciudadana sobre fiscalías y corporaciones policiacas;
- Espacios de memoria y acompañamiento para víctimas de la violencia; y
- Procesos de reconstrucción comunitaria desde los territorios.
Detrás de estas propuestas existe una convicción compartida: la reconstrucción de Sinaloa no podrá lograrse solamente desde los gobiernos o los partidos políticos.
Tendrá que construirse desde la sociedad, desde las comunidades y desde la participación activa de los ciudadanos.
Porque la verdadera disputa de fondo no es solamente jurídica o política. Es una disputa por recuperar la dignidad de la vida pública, reconstruir la confianza social y volver a colocar a las personas en el centro.
Hoy, miles de sinaloenses están demostrando que no quieren seguir viviendo entre el miedo y el silencio. Quieren un estado donde la justicia deje de ser selectiva, donde las víctimas sean escuchadas y donde la paz no sea un discurso, sino una realidad construida entre todos.
Tal vez ahí comience la verdadera esperanza de Sinaloa: en una ciudadanía que decidió ponerse de pie para reconstruir con justicia y paz.