Consulta Popular Presidencial

Autor Congresistas
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Los senadores aprobaron el proyecto de decreto que resolvió la procedencia y trascendencia de la petición de convocar a consulta popular que fue presentada por el Ejecutivo federal al Senado de la República. Presentes en la histórica sesión en la Presidencia de la Mesa Directiva, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, en la Presidencia de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, al pase de lista 72 senadores y las deliberaciones.

Cada sesión del pleno celebrada por las cámaras de Congreso, son si duda una lección cívica y política. En ellas se toman las decisiones y construyen las leyes que rigen nuestras vidas, son las que influyen en el día a día, y no podemos ser indiferentes.

El Senado dio carta de naturalización a una barroca historia, que distingue al curso de una iniciativa surgida de un compromiso político y de una aspiración popular de justicia, resuelta con una imprecisa y nebulosa respuesta a cargo de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), que enredaba al objetivo, la pregunta original presentada por el titular del Poder Ejecutivo: la posibilidad de juzgar a los expresidentes por delitos cometidos de corrupción en sus respectivos mandatos.

Llevar a juicio, someter a investigación, dar fin a la impunidad y brindar justicia a los expresidente y funcionarios públicos define una vía formal judicial, pero relució como exigencia popular que brilló entre los compromisos de campaña y las demandas de la calle contra la corrupción, tenía camino ante un juez, sin embargo, el péndulo político pesó sobre la filosofía constitucional, la urdimbre jurídica de los derechos humanos y compromisos internacionales, los laberintos y atajos intrincados del lenguaje de la justicia, la forma y fondo.

El tema gravitaba al respecto de la constitucionalidad de la pregunta originalmente planteada por el presidente, asunto que fue resuelto por los ministros la SCJN, con la gravedad de la toga, el riesgo de la autonomía que modificó la pregunta y decidió si es procedente convocar a los ciudadanos a consulta popular para que se manifiesten sobre la pregunta, planteando otra barroca pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La ecuación original resultaba simple: estoy de acuerdo o no

Entraron en la discusión los dictámenes de la Consulta Popular, innumerables reservas, y quedó para el Instituto Nacional Electoral (INE), organizar la consulta ubicar, integrar las mesas de casilla, convocar a los funcionarios: presidente, secretario y escrutador. Se plantea realizarla el domingo 1 de agosto del 2021, de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el INE. A ella concurrirán todos los ciudadanos interesados en emitir su opinión con un costo de aproximadamente 8 mil millones de pesos.

Proceso

La historia iba más allá, daba materia para la discusión técnica y política, para el lucimiento de senadoras y senadores y en doble fondo apuntaba a la democracia plebiscitaria.

En la Mesa Directiva se dio entrada a cuatro peticiones de consulta popular para seguir la ruta de un trámite de ley y con el vaticinio de que, de ser aprobadas, al decir del presidente Ramírez Aguilar, cualquiera de ellas, se realizaría en el mes de agosto de 2021.

El proceso se inicia con la petición del presidente López Obrador de la consulta sobre la siguiente pregunta:¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?. Se anota que correspondiendo a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, resolver la constitucionalidad de la pregunta.

Toca el turno a la participación de Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien presentó firmas de ciudadanas/os, con la pregunta siguiente: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los expresidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Se tercia la petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena con firmas de ciudadanas y ciudadanos, con la siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Y va la cuarta iniciativa con la solicitud presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz en representación de diversas senadoras/es de diferentes grupos parlamentarios, con la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económica por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

Sigue una quinta iniciativa más, firmada por el Sen. Monreal Ávila que reconoce a la consulta popular como un derecho político de participación que propone reforma a la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución y que deja al Congreso la decisión de la fecha.

Las iniciativas siguen y siguen los trámites de ley, la enviada por el presidente rumbo a la discusión del pleno y aprobada en la Cámara de Diputados.

Dictamen

Correspondió a la Sen. Fernández Balboa, presentar el dictamen de la iniciativa presidencial y a revisión su constitucionalidad. Explicó la trascendencia por sus efectos benéficos, la calificó como una escuela de la democracia, de participación que motiva a involucrarse en los asuntos públicos ejerciendo el derecho a votar. Destacó que se amplía el espectro del derecho político del ciudadano y podrá decidir en su nombre los asuntos públicos que atañen a la nación. Recordó que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

También observa que la trascendencia nacional de la consulta radica en un cambio profundo en la práctica constitucional. Para agregar que la consulta tiene el poder de abrogar la impunidad garantizada al más alto nivel de funcionarios, además de que modifica el sistema político de los mexicanos, ya que los empodera y que por esa vía obtienen un instrumento eficaz de participación no controlado por las dirigencias de los partidos, integradas por políticos profesionales.

Se enlazan en las intervenciones de los senadores, las razones y argumentos con los cuales construyen sus posicionamientos y así las deliberaciones, cada uno de los legisladores da cuenta fiel de cada representación política con un registro preciso de las sentencias como vocaciones, retratos, tono, color, volumen, textura, densidad y profundidad.

Desde tribuna en voto particular de la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), quien advierte que el grupo mayoritario resolvió reducir al Senado a una mera Oficialía de Partes, al servicio de la voluntad del Ejecutivo federal. Indicó que se han atropellado las disposiciones legales, los procedimientos reglamentarios y hasta la cortesía parlamentaria en aras de los intereses políticos del oficialismo. Sostuvo que el Ejecutivo decidió renunciar a sus obligaciones constitucionales, para pretender endosar la responsabilidad política de sus omisiones a la ciudadanía, e intenta subordinar la justicia, los derechos humanos, el imperio de la ley del Estado de Derecho, al tribunal mediático de la opinión pública.

Aseguró que no pueden respaldar un dictamen, viciado de origen, que infringe principios democráticos esenciales, vulnera las garantías de legalidad y el debido proceso, además de que conculca la integración plural de los órganos directivos de las comisiones. Denunció el incumplimiento de procedimientos como el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad y de igualdad. Afirmó que no pueden respaldar un dictamen que por la urgencia con que se pretende dar trámite al asunto está plagado de deficiencias, que requiere de transcribir la exposición de motivos de la solicitud presidencial, y que pasa por alto lo que la Suprema Corte se vio obligada a rehacer completamente la pregunta para solventar el concierto de inconstitucionalidades que presentaba la propuesta inicial.

Posicionamientos

PRD

Correspondió al Sen. Miguel Mancera subir a tribuna y convenir en que se han planteado y construido coincidencias y prácticamente unanimidad de su necesidad y legitimidad que tiene como instrumento de democracia directa. Manifestó que se trata de un tema que originalmente correspondió en su conocimiento a la Corte y el análisis sobre la constitucionalidad. Planteó que el análisis del dictamen, no satisface el requisito de trascendencia nacional y eso es lo que tienen que analizar. Reafirmó que, si la consulta es un instrumento de trascendencia nacional, es hoy objeto de análisis. Al respecto de la pregunta planteada por la Corte les parece absolutamente ambigua y sustancial, atemporal cómo la voluntad popular de este instrumento que va a poder marcar una efectiva participación, sin embargo, no resolverá sobre nada. Difieren en la interpretación de la SCJN, puesto que se trastocó la pregunta ya que perdió toda dirección, eficacia, pertinencia y se volvió un planteamiento absolutamente ambiguo.

PT

Geovanna Bañuelos de la Torre, planteó que la decisión de la Corte se pronunció en favor de reconocer el derecho del pueblo mexicano de participar en las consultas populares para tomar decisiones de interés público y en consecuencia conocer la verdad sobre el actuar de los expresidentes. Indicó que en el PT hubiera preferido la pregunta original puesto que busca otorgar verdad y justicia al pueblo de México. Manifestó que por primera vez en la historia se ejercerá el derecho a la democracia directa. Narró que en el pasado los ministros recibían en sus oficinas al Consejero Jurídico de la Presidencia para redactar las sentencias según los deseos del presidente. Y denunció que una de las causas del fracaso de la mal llamada transición democrática fue el desdén por recuperar la memoria histórica, por ofrecer una auténtica justicia transicional y por no perseguir los delitos cometidos.

Manifestó que a la llegada al poder de la 4T es imperiosa la necesidad de consultar al pueblo de México sobre si deben ser o no investigados. Lamentó que la oposición busque que este ejercicio de democracia directa quede enterrado, oculto, no quieren que el pueblo exprese su opinión. Denunció que en 2012 la derecha simuló implementar la consulta popular en la Constitución, sin embargo, estableció una serie de candados para nulificar el ejercicio de este derecho. Agregó que el Ejecutivo secuestró y amagó a la Corte para interpretar restrictivamente el derecho a la consulta. Aseveró que es una herramienta de la democracia directa, información, conciencia y movilización a los procesos de verdad y justicia.

PES

En su oportunidad la Sen. Rocío Abreu Artiñano, reconoce la trascendencia de la discusión que calificó a la consulta de responsabilidad y justicia social. Dijo que “sentará un precedente histórico en el combate de la impunidad y la corrupción en beneficio de todos los mexicanos”. Se refirió a una historia de abusos, vejaciones, atropellos por parte de gobernantes, con base en decisiones arbitrarias tomadas en el pasado. ¿Cómo dejar impune el crimen de Estado? Para recordar Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997, la corrupción, la violencia y los adeudamientos, la guerra contra el narcotráfico y la pérdida de miles de vidas.

Declaró que buscan materializar mecanismos encaminados a buscar instrumentos para llegar a la verdad de hechos políticos en el pasado reciente, que tampoco han sido prohibidos por la Constitución. Negó el hecho de que desde el Congreso actúen arbitraria e ilegalmente. El procedimiento es correcto y se han cumplido con las acciones legales. Precisó que la discusión no es la constitucionalidad de la propuesta, sino la procedencia de la consulta y la convocatoria y para ello se realizó conforme al art. 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, la trascendencia nacional del tema. Comentó que no es un tema de partidos políticos sino de justicia social.

PVEM

Salomón Jara Cruz dijo que se vive una época estelar en la vida democrática del país. Explicó que se muestra a un presidente que concibe a la democracia más allá de lo estrictamente electoral y que cree en la necesidad de replantear y repensar la relación existente entre la democracia, representación y participación social. Agregó que con la decisión a tomarse contribuye a construir un nuevo modelo de democracia directa y popular, cuya legitimidad fortalecerá directamente a los ciudadanos en este país. Dijo que la SCJN por fin se atrevió a reinterpretar su responsabilidad constitucional y decidió respetar el ejercicio del derecho del pueblo. Observa las siguientes vertientes de la consulta: responsabilidad de servidores públicos y mecanismos e instrumentos de esclarecimiento para temas de trascendencia nacional.

MC

Planteó el Sen. Dante Delgado Rannauro que la justicia no se consulta, sino que se aplica y refirió que en una carta advirtió al Ejecutivo evitar la tentación de controlar al Poder Judicial y dar marcha atrás a la emboscada que le tendió a la SCJN, con la tendenciosa e improcedente petición de consulta popular. Sostuvo que la obligación del presidente es presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y se juzgue a los expresidentes, en caso de que se tengan pruebas. Dijo que la solicitud presidencial transita un camino accidentado por el desaseo político y legislativo, con la que el bloque mayoritario se impone. Y narró una historia de presión, lo que consideró un atropello.

Lamentó que la Corte no resistiera y aprobara una consulta inconstitucional, y peor, de manera indebida, ya que reformularon la pregunta presentada para justificar lo injustificable porque la Corte puede reformular una pregunta, pero no la materia de la consulta. Alertó sobre el ministro presidente de la SCJN que inició la sesión del pleno dándose en primer lugar la palabra para “esgrimir argumentos no en torno a la constitucionalidad de la petición, sino en torno,’ a la expansión del derecho’, a la consulta y la necesidad de darle la interpretación más amplia posible a argumentos que le permitieron ser obsequiosos con la falaz e inconstitucional pregunta formulada por el titular del Poder Ejecutivo”. Comentó que Movimiento Ciudadano lamenta esta manipulación de instrumentos de participación ciudadana, rechazan la invasión del Ejecutivo en el Poder Judicial y preocupa que se acelere la tentación autoritaria que ha impregnado a este gobierno.

PRI

Beatriz Paredes Rangel, refiere que ha querido creer en la SCJN, en la jerarquía de cada uno de los ministros, su sapiencia jurídica. Citó su convicción sobre la responsabilidad de un poder autónomo en función de criterios jurídicos y razonamientos sustentados en la Constitución. Explicó una certeza esencial para que los mexicanos tengan certidumbres, de una relación Estado regida por un tribunal superior soberano, la ley, la Constitución. Coincide con el jurista Diego Valadés que plantea “los problemas jurídicos de la decisión de la Corte se refieren a dos cuestiones centrales: la constitucionalidad de la consulta popular promovida por el presidente y la pregunta formulada por la Corte”. Aseguró que mientras haya estado de derecho, la investigación y la persecución del delito serán un deber; no una facultad de ejercicio potestativo y selectivo.

Sostuvo que omitir la obligación ministerial es delito contra la administración de justicia. Advirtió que la inconstitucionalidad de la propuesta era evidente, y que para sortearla se echó mano de una argumentación forzada. Dijo que se le pasó inadvertido a la Corte que se afectan los artículos 6, 20 y 21 constitucionales “El sexto se refiere al derecho de acceso a la información, el vigésimo contiene una larga enunciación de los derechos de la víctima y el veintiuno alude al deber de investigar y perseguir los delitos”. Alertó que la Corte se equivocó, que surgió del debate que estamos en el camino de impulsar una democracia plebiscitaria. Y cerró su intervención “no quiero interpretar la decisión de la Corte como una sesión de su autonomía, pero sí quiero llamar la atención de la sociedad mexicana y sobre todo de los miembros de la mayoría que con un presidencialismo exacerbado, con una estrategia de democracia plebiscitaria, con un Poder Legislativo subsumido por la actuación vertical de mayorías que aunque son legítimas electoralmente en un régimen democrático deben conciliar con las minorías y con una Corte debilitada, en este país estamos tocando el fondo”.

PAN

Manifestó la Sen. Nadia Navarro Acevedo, su desacuerdo con un dictamen “debería ser de una legalidad incuestionable y lamentablemente no es así”. Expresó que han realizado un análisis exhaustivo, para exponer ¿qué consigue el presidente dictando agenda al poder soberano y legislativo? Únicamente evidenciar y debilitar a los poderes soberanos. Exigió se paguen los delitos, denuncien y que estos delitos sean castigados. Reconoce la transcendencia nacional de los 80 mil muertos por una pandemia, que explicó debido a malas decisiones. Concede trascendencia nacional a los millones de empleos perdidos y la falta de crecimiento económico por malas decisiones de este gobierno, las miles de vidas perdidas por los enfermos de cáncer que se han quedado sin medicamento, ver cómo se desmantela el Estado mexicano, cada día, por decisiones unilaterales que se dictan desde el Palacio de Gobierno. Destacó que el voto del PAN será en contra.

PAN

En representación del Grupo Parlamentario, Indira Rosales San Román (que por decisión compartió el tiempo del posicionamiento), reiteró que la justicia no se consulta y que si hay pruebas de delito se denuncia. Recomendó no ser parte de la farsa. Cuestionó sobre la razón de que se tenga que esperar un año para hacer justicia. Alertó que se trata de una simulación y cuestionó el precio que 8 mil mdp que significa el costo de la consulta cuando no hay medicamentos y. calificó de triste ver a una Corte doblegada y que no fue autónoma. Mostró preocupación, por un lado, se muestran a favor de la democracia y por el otro son renuentes a favor de entregar un Ingreso Básico Universal a los miles de mexicanos que no tienen trabajo.

Morena

El Sen. Martí Batres Guadarrama calificó de histórica la decisión del presidente de proponer una consulta para apoyar la exigencia de juzgar a los expresidentes y también lo es la decisión de la Suprema Corte de avalar la constitucionalidad de la misma. Habló del fin de una época de abuso, corrupción, represión y entreguismo cuya raíz proviene del siglo xix. Incursiona por varias etapas de nuestra historia para legitimar la lucha por la justicia que en el México contemporáneo ha sido imposible por razones políticas, una inmunidad de facto se instituyó, “una ley no escrita que dice que a los expresidentes no se les toca, ley no escrita que por cierto es a la que alude Felipe Calderón a cada momento cuando se plantea el juicio a los expresidentes”.

Sostuvo que “esa fuerza política impune sólo se puede superar con otra fuerza política, la del pueblo de México participando en una consulta. Por eso es importante la consulta”. Advirtió que la historia de los últimos 40 años da cuenta de numerosas denuncias contra los expresidentes, jamás procedió ninguna denuncia. Refirió que hace unos 10 años se reconoció en la Constitución un nuevo derecho. Indicó que la pregunta presidencial se reformuló e incluye no sólo a expresidentes, sino a otros actores políticos que los acompañaron y aseguró que con la consulta se ejerce el derecho a participar, a la verdad, el derecho a la justicia tanto tiempo negada e inicia la era de la democracia participativa.

Hablaron en contra los senadores Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), Claudia Edith Anaya Mota (PRI), Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena), Damián Zepeda Vidales (PAN), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), Mª Lilly Téllez García (PAN), Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN), Noé Fernando Castañón Ramírez (MC).

A favor los senadores de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, Rubén Rocha Moya, Higinio Martínez Miranda, José Alejandro Peña Villa, Lucía Virginia Meza, José Narro Céspedes, Bertha Alicia Caraveo, Cristóbal Arias Solís, Antares Vázquez Alatorre, Jesusa Rodríguez Ramírez y Ricardo Monreal Ávila.

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