Dónde queda el ciudadano en una reforma que da toques

Autor Congresistas
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El voto reafirma su valor político tanto en las urnas de las elecciones federales y locales, también como herramientas para aprobar una ley, el fallo en materia de justicia, como igualmente un plebiscito, referéndum o una revocación de mandato.

Sin embargo, se impone una realidad que tiene que ver con la socialización debida para la promoción y seguimiento de los procesos de construcción de las leyes.

El curso del sufragio popular toma cuerpo y esencia en el legislador, en el grupo parlamentario que se desdobla en las leyes, refleja la pluralidad, la calidad de la representación legislativa y se muestra en la consistencia en el Presupuesto y su ejercicio conforme a derechos humanos y sociales, de ahí la importancia de una política de comunicación pública como expresión también de la legitimidad y la construcción de puentes entre autoridades y gobernados así como su acento para la toma de decisiones.

El debate en días de guardar, y la declaración del “vale una misa” ha dicho el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velasco, y más en esta ocasión en el que está a debate la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez tengamos a la vista un proyecto de Nación orientado a la recuperación de los recursos, una suerte de visión mixta de explotación de los recursos del país con la ecuación del 54% público de recursos como inversión del Estado y un 46% a la inversión privada.

El caso es que todavía hay mucho que dar en esos haberes de construcción de las leyes y el necesario Estado de derecho.

Y cabe reflexionar sobre qué se necesita para una propuesta para la reforma del 25 27 y 28 constitucional, de la que por un bando se propone no se mueva ni una coma y por otro la sentencia que se afirma que si no se modifica no pasará ¿Se requiere de mayor tiempo para pensar?

Entre la fórmula de la minoría simple o mayoría calificada, siete partidos como alianza u oposición ponen en juego no sólo su proyecto político sino su sobrevivencia como partido y la gravitación de nuestra democracia procedimental tanto como la representativa.

La conquista de votos de la oposición por el partido oficial condensa todas las estrategias y no exime las especulaciones sobre las tácticas de los “cañonazos de los 50 mil pesos o las embajadas o los expedientes penales o el dinamismo que reflejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 4 votos contra 7 sobre la constitucionalidad.

Entre la fórmula de la minoría simple o calificada siete partidos como alianza u oposición ponen en juego no sólo el proyecto político de un partido sino la sobrevivencia del instituto político y la gravitación de nuestra democracia procedimental tanto como la representativa en torno de un presidencialismo nuclear.

En los jaloneos

¿Cuántos diputados y diputadas habrán leído la propuesta de reforma? ¿Cuántos la habrá estudiado, analizado, comparado y reflexionado para llevar a la tribuna conforme a consciencia, solidaridad e identidad de grupo y vinculados en la reflexión con sus representados?

Pesando las especulaciones sobre el anecdotario no pasemos por alto la reflexión: de que si velarán armas en sus oficinas de San Lázaro el grupo parlamentario del PRI a fin de asegurar su presencia en el recito y exorcizar el madruguete que puede resultar la sesión con escuálido coro; que si los partidos que confirman la alianza experimentan deserciones; que si el partido oficial va a responder a la compra de votos, que si se van hacer valer los expedientes de corrupción.

Qué si el objetivo es fracturar a la bancada tricolor a la que se le ha señalado de venderse, con la carga de sus expedientes penales, y en la suma de la Alianza Por México de entreguista, conservadora, reaccionaria por el presidente López Obrador.

Propuesta Presidencial

En no más de 39 páginas se conforma la Propuesta de Reforma Eléctrica del Ejecutivo cuyo enfoque como se ha dicho son las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 Constitución.

Mucho importa lo que tiene que ver con la forma en la que se propone y se mira la Reforma Eléctrica por el Ejecutivo, en qué consiste, el cómo observa la reforma de 2013 y a qué atribuye que sea una regresión, lo que significa un despojo y la desaparición de las empresas del Estado, además de un otorgamiento ilimitado de los beneficios de energía eléctrica al sector privado socavando los derechos de la Nación.

Se destaca en la propuesta que el compromiso del gobierno es garantizar la seguridad energética como condición de la seguridad nacional lo que obliga a rescatar de esa trama impuesta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que le garantice energía a un bajo precio

Siguiendo el curso

En la exposición de motivos de la reforma, se realiza una descripción del sistema eléctrico que presenta una serie de fragmentaciones en empresas autónomas en detrimento de la CFE y al decir en favor de los intereses privados. Además, se relaciona como ejemplo con el establecimiento de tarifas, la generación de energía y diseño de interconexiones.

En síntesis, se trata de todo un entramado de acciones en detrimento de la CFE y a favor de organismos autónomos creados como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); uno con las funciones de determinar tarifas y otro con las interconexiones.

Se plantea que la CFE fue fragmentada en seis empresas autónomas que se definen como Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), las que se justifican como herramientas para la desaparición de la CFE, que también se le fragmenta el mecanismo de comercialización.

También se creó la filial de CFE Calificados a fin de competir en la venta de electricidad que no dispone de energía propia y se orienta a la intermediación que compra a privados para vender a los grandes consumidores de la CFE al servicio de generadores privados.

Los puntos

Otro punto que se destaca en la exposición de motivos se relaciona con el que la CFE y nos es un tema menor cuando se trata del ejercicio de un sólo presupuesto distribuido entre estás seis entidades.

Se atiende al despacho de energía e igualmente a los efectos de estás políticas ligadas al financiamiento, las obligaciones en las compras de energía y la capacidad de los generadores privados a precios elevados, igualmente espacio vinculado con pérdidas económicas calculadas en 215.4 mil millones de pesos anuales a la energía que tiene que comprar a un privado, lo que suma con una pérdida de 222.9 mil mdp anualmente.

El contexto es complejo, creciente, de bajo precio obligado de inicio y con impedimentos legales y sujeto a la compra de energías de fuentes renovables, cuyos abastecedores son en su mayoría privados, destacando que la CFE está obligada a este financiamiento que se traduce en una compra a 20 años a precio fijo, despacho asegurado y la propiedad de la central.

Se denuncia que la CFE se ha convertido en una empresa que sirve a intereses privados con contratos de compra de energía a largo plazo proveniente de productores independientes por 25 años, asegurando la recuperación de su inversión. Este esquema se refleja en los transitorios y se observa como un esquema de privilegio a las Sociedades de Autoabastecimiento, convertidas en un núcleo de conflicto, destacando el despojo y ventajas ilegales, facilidades a la conversión a socios-clientes como se ha declarado de FAMSA y OXXO.

Otro tema se relaciona con los certificados de energías limpias según la Ley de Suministradores que deben de cumplir con un mínimo porcentaje de energía eléctrica proveniente de energías limpias. Estas representan un ingreso nacional del que fue excluido la CFE y que reciben los generadores privados.

Se denuncia el caos existente en el sector y el que la CFE por 50 años no ha recibido planeación precisa de acuerdo al crecimiento de la demanda e indica que se han otorgado permisos de manera intermitente generando una sobre oferta.

Comisión Federal de Electricidad 2

Otro aspecto destacado es el financiamiento, que contemplan a productos privados, especialmente extranjeros que benefician al despojo de la CFE, otra arista tiene que ver con la concentración privada y del que se considera que viola su propia reglamentación.

Se va a discutir un proyecto de Reforma Eléctrica que supone el interés de todos y no sólo reservado al interés político y empresarial sino sometido a las reglas de la libre competencia, la información, la transparencia y la competencia.

En este escenario hay que preguntarse cuál es la responsabilidad del Estado, del gobierno y del ciudadano de a pie tan ajeno, apático o burlado por la actuación política y la simulada representación y legitimidad de la ley que el mismo Ejecutivo cuestiona.

Avanza la discusión de la Reforma Eléctrica al 25,27 y 28 constitucional

La partida tiene como salida el 25 constitucional que resumido establece que la rectoría del desarrollo corresponde al Estado y que será integral, sustentable, para fortalecer “la Soberanía de la Nación y su régimen democrático, que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

También establece que: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución”.

“En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar”.

El 27 señala al Estado como propietario de la tierra y sus facultades e imponer dominio de ellas a particulares constituyendo la propiedad privada. Indica que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.

En cuanto al 28 constitucional prohibe los monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones y exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos”.

El 28 también contempla que la “La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia”.

Y corre una aventura más en la transformación de un régimen con el que se puede estar de acuerdo, con el que se puede tener algunas conciencias, rechazar o convenir con algunos métodos, pero siempre en favor de una población informada y con garantías sobre la transparencia. Y esta es una tarea pendiente en emprender.

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