Desde el inició de la LXIV al Congreso de la Unión en agosto de 2018, fecha que hoy parece distante, se marcó la ruta de cambio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aún como presidente electo mostró su prisa por la transformación del régimen político y abrió la pista a una serie de propuestas legislativas que explican la hoy forma de estilo del gobierno federal y un permanente ejercicio de transparencia y cercanía del Poder Legislativo con la población.
El objetivo del gobierno era transformar y evitar permanecer en el desdoble de políticas públicas y programas que se encadenan de una administración a otra. Se promueven otras acciones públicas con la distinción de un liderazgo diferente y fraguado en la oposición y en la bandera del combate a la pobreza y a la corrupción como un gesto de un nuevo gobierno. Ahora la prisa se hizo sentir en el discurso y en la acción legislativa orientada a la creación de herramientas de transformación que atiendan las exigencias que representan los millones de votos que moldean la realidad del país.
En el proceso electoral de 2021 el gobierno y los diputados recibirán la calificación de su desempeño cuando entren a la prueba popular que son las elecciones para la gestión gubernamental.
La historia legislativa de los dos recientes años registra que cada movimiento y discurso en las dos cámaras del Congreso. Trazaron los conceptos e intenciones del grupo mayoritario sobre el enfoque y los objetivos de los cambios orientados a profundidad con reformas, modificaciones o adiciones a la Constitución, como lo expresaban las leyes por las que se orientó la administración lópezobradorista que de inicio se calificó de izquierda, social y a favor de los pobres.
Y nadie puede mostrarse sorprendido pues los cambios se dejan sentir y están a la vista los resultados, sin duda entre el contraste que están produciendo tanto las leyes como las políticas públicas.
Había dicho López Obrador que su gobierno tenía prisa y hacia referencia al calendario sexenal que por primera vez se reducía a cinco años y medio para una encomienda de representación popular urgida de transformaciones. Y habló de imponerle velocidad a los cambios que el gobierno naciente enfocaba para combatir la corrupción y para cumplir con la austeridad que apuntalaron como bandera y reforzaron como temas estratégicos.
Cobijados en el lema no somos iguales o somos distintos desaparecieron algunas oficinas, se dieron despidos y corrió a cargo la presentación de la LOAPF, en el Senado de la República con Cristóbal Arias Solís y en la Cámara de Diputados, con el coordinador de los legisladores de Morena, Mario Delgado Carrillo, ambos legisladores denunciaron la preocupante corrupción y perfilaron los ejes centrales de la reforma como la gobernabilidad, democracia y seguridad pública, lo que posibilita una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia e inhibir el crimen organizado y la violencia.
¿Qué tanto atrajo la reflexión y el análisis, concentraron los cambios legislativos que se iniciaron? ¿Cómo se perfilaba la 4T en las estructuras jurídicas del país que en tres años no se han detenido? ¿Cómo han aterrizado estás transformaciones legislativas en la vida cotidiana de millones de mexicanos?
Estrategia de reformas
El paso a las reformas del nuevo gobierno se inicia con el proceso que experimenta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), en 28 artículos. Así se inician una serie de reformas administrativas en las que destaca la transformación de las estructura de las delegaciones federales que deriva hacia un paquete de programas de desarrollo con dependencia directa del Ejecutivo federal. Otro rasgo importante es la desaparición de las oficialías mayores y la aparición de Unidades Administrativas. Surge la creación de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), con la que las policías se sustraen de la esfera de la Secretaría de Gobernación (Segob), y se dan los cambios en otras dependencias como lo es la Secretaría de Bienestar que paso de Sedesol al despliegue de distintivos programas sociales de apoyos directos como los dirigidos a los adultos mayores, becas a los jóvenes, etc.
Se dan facultades por decreto al Presidente de la República para la creación de comisiones intersecretariales, consultivas, presidenciales, ello para el mejor despacho de los asuntos. Volviendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en esta concentrará la política de contratación pública con el fin de lograr las mejores condiciones, conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. Corresponde emitir e interpretar las reglas, los lineamientos, manuales y procedimientos, en resumen, una consolidadora de procedimientos de compra subordinados a los criterios de austeridad.
La insignia
Con la aparición de la Secretaría de Bienestar se precisan encomiendas diferenciadas con la instrumentación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, fomentar el desarrollo rural, el cuidado de los grupos vulnerables, coordinación de delegaciones estatales de los programas para el desarrollo de las entidades federativas, sistema de Información con los padrones de los beneficiarios de los programas sociales.
También cuenta con atribuciones para la creación de las delegaciones estatales de programas de desarrollo. Igualmente se tiene como misión apoyar a las unidades de producción de las unidades familiares, coordinar e instrumentar las políticas de desarrollo rural para elevar las condiciones de bienestar de las familias, comunidades y ejidos. La secretaría opera programas como Sembrando Vida que se enfoca a la atención a personas en mayoría de edad. Así mismo están en la estrategia los habitantes de las comunidades rurales cuyo ingreso es menor a la línea de bienestar rural pero que también son propietarios de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en el proyecto.
Otro objetivo es motivar a los productores agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de cultivos tradicionales con árboles maderables y frutales. Resalta el objetivo de la construcción de padrones de beneficiarios de los programas sociales lo que va en la línea de un Sistema de Información Social Integral con lineamientos y contenidos específicos como son los socioeconómicos que se integran de forma estructurada y sistematizada.
El sello
A la Secretaría de Salud (SS), le esperan nuevas atribuciones elaborar y conducir la política nacional en materia de servicios médicos gratuitos universales, pero además crear y administrar establecimientos de medicina tradicional complementaria, elaborar y conducir políticas con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud a personas que no sean beneficiarios o derechohabientes de alguna institución, promover esfuerzos para la producción nacional de medicamentos. Destaca entre las atribuciones de la SS el acercamiento a la universalidad de los servicios médicos sobre todo con aquella población que no cuenta con ningún servicio de salud.
La respuesta en materia de salud implica el acceso universal, atención medica y medicamentos gratuitos para toda la población sin seguridad social, involucra la propuesta de una construcción gradual de un Sistema Universal de Salud tendiente a eliminar la fragmentación y segmentación. Se da una precisión de que los servicios de salud serán proporcionados por el gobierno en una acción conjunta en materia de salud. Desaparece el Seguro Popular y surge la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En las políticas de los cambios que contempla la ley se observan los que facultan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a la distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico a la población de bajos recursos, con la intervención de la Secretaría de Economía y la de Bienestar para evitar el desaprovechamiento. Este objetivo implicó cambios a la sectorización pasó a Sader: LICONSA y DICONSA.
A la centralización
Es observable en la reforma una tendencia a la centralización, por ejemplo, en lo que se refiere a la Oficina de la Presidencia de la República, que por medio del artículo 8 de la Ley definirá las políticas en materia digital, informática, tecnológicas, de información y de comunicación de las dependencias y entidades de la administración pública. Además, la política de comunicación social del gobierno federal en colaboración con la Segob.
En el articulo 37 de la LOAPF se otorga a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la faculta para designar a las y los titulares de los órganos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal como también de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado con dependencia jerárquica. Se consolida el objetivo del legislador de sustraer el nombramiento de los factores políticos y garantizar con ello la efectividad e imparcialidad.
La gobernabilidad democrática
Ante la Cámara de Diputados en la presentación de la reforma administrativa, el Dip. Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el Estado debe acompañarse de la gobernabilidad democrática y de las instituciones civiles, reiterando que la política interior permanece a cargo de la Segob y pasan la policías a la “Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), que tiene como misión la seguridad pública y la protección de la población de cualquier riesgo y amenaza”.
Se mantiene en reserva para la Segob las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión, con los gobernadores de los estados, el respaldo a las autoridades municipales, la normatividad con los medios de comunicación, electrónicos e impresos, la política migratoria, la política de población, emisión de documentos de identidad ciudadana, relación con iglesias y organizaciones religiosas, de la sociedad civil, promoción de la participación ciudadana para el desarrollo democrático, defensa y promoción de los derechos humanos.
Esta a la disposición de la dependencia el liderazgo de una gobernanza democrática y la promoción de los derechos humanos que no se han logrado entender y cuyos hilos se escurren o deslizan de las manos como son la migración, las mujeres, los derechos de los niños y el contacto con las organizaciones civiles.
La ley va en el sentido de las decisiones por el cambio que se manifestaron en las urnas y que demandan al gobierno modificaciones a las estructuras, disponer de instrumentos para dar reclamo a las demandas sociales de manera especial a la población que vive en condiciones de pobreza que no puede satisfacer las necesidades básicas de una persona o de una familia.
En su momento las objeciones
Entre los senadores se cuestionó el tono centralista que presentó la reforma cuando el Titular del Poder Ejecutivo marcó del derecho que tiene, sin embargo, se coloca como “la autoridad suprema, que rige sobre todo el territorio y dicta las directrices para el reparto de los programas sociales”, manifestó el grupo parlamentario del PRD.
De parte del PRI se alertó sobre los signos de concentración y centralización excesiva que no devengan en autoritarismo; pues el mandato popular fue para consolidar la democracia, no para retroceder”. Advierten que bajo el argumento de mayor austeridad y minimizar el dispendio, se plantean reformas que pueden provocar excesiva centralización, se señaló, lo que afectará a la sociedad porque volverá más tortuosos los procesos y menos eficiente la administración.
La Sen. Nadia Navarro Acevedo (PAN), manifestó que estas reformas contravienen al Pacto Federal. De aprobarse, su grupo parlamentario promoverá una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los “superdelegados”. Mostró preocupación de la creación de “dos supersecretarías”: Hacienda y Seguridad Pública. Alertó sobre el establecimiento de la regulación que pretende dotar a la Segob la atribución de proveer el servicio de radiodifusión pública.