El cambio de mando en la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución responsable del combate a la corrupción ha recibido varias lecturas, todas políticas y más que ausentes las ligadas con la importancia de la justicia, la erradicación de este cáncer y el valor que tienen como herramientas las comparecencias, las facultades y las atribuciones que representa cada Poder y la participación popular.
Un cambio de titular en una dependencia no es un tema menor y menos la cabeza de un sector que es emblemático para la 4T y se resume la lucha por la legalidad. Este relevo impone al menos varios componentes técnicos jurídicos y momentos políticos para su evaluación, colocando a la vista la pedagogía cívica, ética y democrática, que tiene como objetivo una transformación que ha sido sólo una posición discursiva más que la diferencia con el pasado que va más allá de una administración y mantiene el desencanto.
En la víspera de la renovación de una Cámara del Congreso y a la falta de las necesarias explicaciones y entronización de un Estado de derecho, cabe preguntarse qué representa para el ciudadano y ciudadana común, más allá del diario discurso y en la deuda de una transformación de fondo que involucre a la población, los significados de la acción de gobierno que concrete legalidad, honradez, justicia, orden, derechos, austeridad, transparencia, información, rendición de cuentas, servicio público, eficiencia, conductas, vinculaciones, pero sobre todo un cambio radical en el servicio público, en la atención al “pueblo”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo del combate a la corrupción su principal bandera política y ésta lo llevó a la votación democrática más copiosa de la historia para la primera magistratura del país, de ahí la relevancia de la renuncia de la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y del nombramiento del Mtro. Roberto Salcedo Aquino, y su comparecencia ante diputados y ratificación como secretario de la Función Pública.
La lucha contra la corrupción es compleja así como de la legalidad que no acaba de ubicarse al centro cuando permanece la visión más que de ciudadanía la de un electorado y en el escenario de una sucesión adelantada.
¿Cuál es la evaluación del combate a la corrupción a tres años del gobierno lopezobradorista, cómo se entiende el desafío y cómo se ha venido cumpliendo con el compromiso de campaña y cuál es la corresponsabilidad de ciudadanos y ciudadanas? Sin duda trata de un tema que está sobre la mesa publica y espera de la rendición de cuentas ante una sociedad crispada.
El ritual político
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos esta constituido por un régimen de división de Poderes que se complementan y contraponen. El Poder Legislativo está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas tienen las funciones legislativas, presupuestarias y fiscales que les asigna la Constitución, pero también desempeñan funciones de control hacia el Poder Ejecutivo. Igualmente están a cargo tareas de inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen de las actividades que realiza el Ejecutivo, y con el fin de verificar ajustes a sus actos con las disposiciones establecidas en la ley; además, el control es un mecanismo de articulación y colaboración del Legislativo-Ejecutivo, consecuente con una responsabilidad de gobierno con objetivos políticos comunes.
Legitimidad de origen
Conforme a la Constitución, Roberto Salcedo Aquino compareció ante senadores y senadores integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación, Participación Ciudadana, Transparencia, bajo la conducción de la senadora Mónica Núñez Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, recibiendo el reconocimiento por su desempeño a lo largo de su carrera como funcionario público, entre ésta la ASF.
En reunión virtual, a distancia, con 20 senadoras y 20 senadores, el Mtro. Roberto Salcedo Aquino presentó su proyecto de trabajo ante Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción, Trasparencia y Participación Ciudadana. Fue reconocido y ratificado en su cargo en una sesión extraordinaria y se responde a una propuesta presidencial como secretario de la Función Pública.
Rumbo
En su discurso Saucedo Aquino asume que la Constitución y las leyes en la materia definen la ruta de la maquinaria gubernamental y el desempeño de los funcionarios públicos. Acorde a las atribuciones enunciadas en el 134 constitucional, precisó los objetivos destinados a la función de la Secretaría como también de que toda la administración disponga de eficiencia, austeridad, eficacia, transparencia y honradez acorde al uso de que dispone el Estado. Además de otras facultades, control de evaluación, fiscalización y sanción como también la participación en el Sistema Nacional de Corrupción.
Nada nuevo en un discurso, se trata de una asignatura pendiente de la que se habla de la saturación, pero sigue estando distante en concretarse en una realidad en los diversos ordenes de gobierno.
Sostuvo que el mandato popular es cumplir con lo que mandata el Presupuesto y agregó la importancia de la vigilancia por chip o por medio de los 200 órganos internos de control para la observación del desempeño y funcionamiento del gobierno. Especial mención en el programa representan dos documentos derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND), dos programas destinados a lograr objetivos. Para el cumplimiento de este mandato constitucional, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dota a la SFP de una amplia gama de facultades normativas en materia de control, evaluación, fiscalización y sanción. Además, mandata su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción para vigilar y fiscalizar, por chip o por medio de sus 200 órganos internos de control, el funcionamiento y desempeño de las instituciones de Gobierno.
Para concretar lo establecido en el mandato constitucional y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, se han estructurado dos documentos derivados del PND, los cuales contienen las tareas por realizar. Son los programas de trabajo que guían la acción de la Secretaría, para lograr los objetivos de un Gobierno eficaz.
El primero de ellos, es un programa transversal de combate a la corrupción y a la impunidad, obligatorio para todo el Poder Ejecutivo. Se trabajó en él desde los primeros meses de la actual Administración, en colaboración con la Secretaría de Hacienda.
El 30 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se denomina “Programa Nacional de Combate a la Corrupción, a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”.
Se trazan las lineas de trabajo irrenunciables que permanecen pendientes y lejos de la socialización entre la ciudadanía; abatir las causas y efectos de la corrupción, por medio de la prevención y el control interno; fomentar la ciudadanización de la lucha contra la corrupción; reducir los niveles de impunidad administrativa, mediante el fortalecimiento de la capacidad gubernamental para imponer sanciones; mejora de los procesos de investigación sobre presuntas conductas irregulares, y la identificación, mitigación y sanción de conflictos de interés; promover la eficacia de la gestión gubernamental y asegurar que se cumplan las metas de los programas presupuestales; impulsar la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos de la Administración Pública Federal.
Mientras impune y con una pulserita se pasea por la ciudad el exdirector de Pemex. Emilio Lozoya Austin acusado de corrupción y Rosario Robles encarcelada sin sentencia. El combate a la corrupción que se planteó como objetivo más parece quedarse como una reserva electoral que un objetivo central del Gobierno.