Como era de esperarse el debate de la reforma de la electricidad movió las fibras de la opinión política de grupos de interés y despertó los ánimos por las economías mixtas, en un mundo en el que una pandemia lo está cuestionando todo y la globalidad define la realidad y el peso del mercado, no es de extrañar la nostalgia por un Estado fuerte y productivo, sino de un Estado democrático y rector. Así en un panorama inédito, con brillantes intervenciones y otras desdibujadas, corrió entre buenos y malos augurios, entre defensas de objetivos y con vaticinios de lluvias de amparos, de anuncios de tsunamis de controversias, de un paquete de impactos sobre el T-MEC, de repercusiones en los bolsillos de los usuarios, de afectaciones ambientales, el debate histórico sobre la reforma eléctrica en el Senado.
Lo que no queda claro es que el rebullo que acompañó la campaña mediática de la reforma eléctrica involucrará la preocupación o el interés de los mexicanos sobre sus bolsillos, sus ganancias o los costos.
Navegando duro entre reclamos de grupos parlamentarios de oposición y cuesta arriba, la mayoría parlamentaria de los senadores de Morena, secundada por el PT y Encuentro Social, con 68 senadores se impusieron sobre 58, para aprobar la ley que reforma, adiciona y modifica la producción y suministro de la energía eléctrica en un mundo global de tratados internacionales que vitalizan y estrechan los intercambios comerciales y financieros.
Nada nuevo bajo el sol en los triunfos de las mayorías legislativas que se producen de los comicios y avalan los resultados en las urnas. De nuevo el ciclo de la fuerza de una mayoría sobre las minorías, con una renovada legitimidad que surge del proceso legislativo que se transforma en política pública y no en el secuestro de la abstracción legal, con sus debidas consecuencias sobre el hoy y el mañana.
Para Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el debate sobre la energía debe ser acompañado de la información que deje claro que una Reforma Constitucional, reconoce y respeta los tratados internacionales “de los que México es signatario, refrenda el propósito de lograr soberanía energética, promueve energías limpias, acorde con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, sobre recuperar la soberanía de nuestros recursos estratégicos y sobre todo la rectoría del Estado”. El senador zacatecano aseguró que cumplieron con la nación, aun cuando un grupo económico no esté de acuerdo porque gozaba de privilegios en detrimento del interés nacional. Rematando “ustedes decidieron en el 2018, un cambio de rumbo. Eso es lo que la mayoría legislativa está haciendo. Es primero México, luego México y después México.
Tiempo legislativo
En momentos de gran brillantes y a veces menos brillo, a lo largo de seis horas, un debate organizado con la participación de 20 senadores en tribuna, 10 a favor y 10 en contra, discutieron y sustentaron sus posiciones a favor o en contra durante una sesión catártica sobre la reforma eléctrica, cuyos momios siempre corrieron a favor de la mayoría morenista. El intenso debate legislativo identifica la narrativa de hoy en el Congreso de la Unión. Cada día más de las veces, se dan deliberaciones intensas y documentadas que van atrapando el interés de los ciudadanos, qué se dijo, cómo se dijo, por qué se dijo y con qué sentido y resultados se define el diálogo de la democracia, el despegue y rumbo que va tomando el país, más observado y exigible de transparencia y rendición de cuentas.
En el Congreso, sin duda los grupos parlamentarios libran las batallas por el interés del rumbo de la nación. El que hoy surge más definido en la ruta a fortalecer el papel del Estado y combatir la corrupción. A la vista la disputa por la energía y para muestra el debate sobre la reforma de la electricidad, su producción y distribución, en la lupa los argumentos, contraargumentos, datos, motivos, cabildeos, deliberaciones que no deben pasar inadvertidos desde su origen, ya que se trata de una iniciativa de reforma presidencial en carácter de preferente y en el centro la discusión del Estado que queremos, la sustentabilidad en su producción, el costo para la población.
Presentación del Dictamen
A nombre de las comisiones dictaminadoras de Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Estudios Regulativos, Segunda, fue de la responsabilidad de la senadora Rocío A. Abreu Artiñano (Morena), quien explicó los motivos de la iniciativa de reforma. Resaltó la importancia de la electricidad, no sólo como sector estratégico en términos económicos y de finanzas públicas, sino como factor clave de la política exterior y vital para la seguridad nacional, funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas. No es concebible para una sociedad, dijo, estar sin servicio de energía confiable, seguro, continuo y de calidad.
Destacó la importancia de la electricidad, por ello no es sorprendente la tendencia de muchos países por una profunda transformación estructural de la industria eléctrica desde hace décadas, a fin de lograr su modernización, fortalecer la competitividad y brindar mejores servicios a los usuarios. En su opinión esa perspectiva demanda un cambio radical a las políticas energéticas y, en particular la eléctrica y de ahí deriva la importancia y trascendencia del dictamen sobre la iniciativa preferente enviada al Congreso de la Unión por el presidente López Obrador, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Indicó que el trabajo de la mayoría en las comisiones se pronunció por su aprobación que plantea el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizando la confiabilidad, seguridad del sistema eléctrico nacional, manteniendo tarifas bajas, inclusive reduciéndolas.
En los criterios del dictamen destacan: la sustitución del actual sistema de despacho económico por el sistema de entrega física de las centrales eléctricas, mancomunado con el contrato legado y permitiendo supervisar el obvio intencionado de las centrales de la CFE, asegurando su despacho prioritario, elevar la rentabilidad de sus proyectos de generación. En cuanto a la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, se reconoce el imperativo de garantizar la calidad, confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, como condición indispensable para la preservación de la seguridad energética y la seguridad nacional.
Al respecto del otorgamiento de los certificados de energías limpias, el dictamen plantea que no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas, el propósito de ese cambio es fomentar un mercado de competencia pareja en el que se reconozca el derecho a su obtención a partir de energías limpias para todos los generadores sin distinción alguna.
En los cambios se distingue la eliminación de la obligatoriedad de comprar por subastas de cobertura eléctrica que atenten contra la CFE; cuyo objetivo es proveer el suministro referido en la Ley de la Industria Eléctrica en favor de cualquier persona que lo solicite en términos legales, por tanto, es disposición del suministrador del servicio básico contar con cobertura de energía y capacidad de gravamen, volumen y suficiencia. En términos de permisos de autoabastecimiento, se plantea que “en su concepción original era aplicable solamente a las empresas dedicadas a la autogeneración y autoconsumo; sin embargo, el esquema sufrió una transformación de su concepción original ya que los socios originales se fueron agregando socios ‘paja’ quienes en realidad son clientes inmersos en una relación comercial, lo que hizo posible el surgimiento de un mercado paralelo de electricidad. En ese sentido, estamos frente a un fraude a la ley, y, por lo tanto, los permisos y sus modificaciones deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía”.
En cuanto a los contratos de producción independiente de energía el dictamen reconoce que “el Estado de derecho debe prevalecer en todos los ámbitos y actos de poder público, por lo que se considera pertinente la revisión de los contratos de compromiso de capacidad y compra de energías, suscrito con productores independientes de energía”.
La dinámica del debate
Correspondió a la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresar el voto particular del GPPRI. Sostuvo que se abre una jornada negra para el Senado mexicano, se renueva la imposición de una mayoría por consigna, que desconoce razones, y además con “desconocimiento de la construcción de acuerdos elementales para procesar nuestras diferencias e identifica un “desconocimiento del parlamentarismo”. Expresó que “el Senado experimenta la conducción de la mayoría, por lo que carece de voluntad propia. La lealtad partidaria y la convergencia de objetivos con el Ejecutivo son entendibles y corresponden a un fenómeno natural en política, pero ceder las formas y los procedimientos de una cámara plural a los tiempos presidenciales es rechazar la pluralidad democrática legítimamente representada en el Senado”.
Denunció que “se faltó a la palabra para realizar el Parlamento Abierto con el fin de escuchar a la sociedad; hay tres violaciones reglamentarias: no explicaron el dictamen de la mayoría, acordaron unilateralmente reducir el tiempo de las participaciones y rechazaron la presentación y debate de reservas al articulado propuesto”. Cuestionó sobre el modelo de participación del poder público que se desea para las actividades económicas relacionadas con la generación de energía eléctrica y a quién beneficiaría. Planteó dos premisas: “una, la participación de los entes públicos en la economía mostrando el beneficio acreditable a personas que pueden y deben tener acceso a los bienes y servicios que se producen y la segunda, la generación de energía eléctrica no consume ni utiliza necesariamente un bien finito de la nación, expuso que fabricar electrones o producir fluido eléctrico no merma la soberanía nacional, y que no hay una cuestión de soberanía sobre el patrimonio nacional como en los recursos petroleros del subsuelo”.
Agregó “tenemos que distinguir también las fases de la actividad económica en esta materia; la generación, que requiere inversión y regulación para afirmar eficiencia, competitividad y más bajo costo para la comunidad y personas. La transmisión, distribución y comercialización, cuyos elementos necesarios de rectoría y también de control por parte del sector público, son necesarios para el desarrollo equilibrado del país, y que también requieren inversión y regulación. En la generación nuestro régimen jurídico, permite nuevos ámbitos para que el sector privado y social participen en el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica y geotérmica. Esos sectores en la generación de energía eléctrica tienen una base constitucional”.
Descartó que “ello no se afecta en vez de tomarse como base para el despacho el criterio de la protección del medio ambiente y el menor costo de producción para beneficio del consumidor, se antepone por preferencia ideológica a un generador del sector público por el sólo hecho de serlo. Pero la afectación del medio ambiente, de la salud y de la economía va a ser alta y va a ser para los mexicanos”. Cuestionó que se busca proteger, para responder si es la posibilidad de que la CFE desplace a competidores eficientes por el establecimiento de dificultades legales para acreditar la rentabilidad necesaria, el que Pemex destine el combustóleo resultante de los procesos de refinación del crudo al mantenimiento de las plantas obsoletas de la CFE, la reconstitución en los hechos de la CFE como ente monopólico en el sector, “en lugar de cumplir su mandato como empresa productiva del Estado, cuya esencia es actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional”.
Ruiz Massieu Salinas en una larga e interesante de exposición de argumentos, calificó el proyecto de desaseado e ilógico y su instrumentación con disposiciones abiertamente contrarias al mandato vigente. Señaló que se obliga al Estado a obtener energía sucia, cara e ineficiente; contraria a la Constitución y los tratados internacionales. Agregó que “afecta el complejo equilibrio entre los derechos de las personas y las facultades de los órganos del poder público inscrito en el Pacto Constitucional y las leyes que de él derivan, además de que está el debate de las ideas. Manifestó que “el equilibrio, desde el punto de vista del PRI, está en dar al poder público la tutela preeminente y prioritaria de esos derechos reconocidos a las personas. Antes que tutelar al poder público, hay que salvaguardar los derechos de las personas.
Advirtió que “el proyecto es pésimo, viola derechos a la salud y a un medio ambiente sano establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución; viola el principio de legalidad y de retroactividad de la ley que señala el 14; los artículos 25, 27 y 28, en materia de competitividad y acciones para generar empleo y participación de los sectores privado y social en la economía y la libre competencia; viola el 133, en materia de jerarquía de normas; viola también un sinnúmero de leyes, como la de transición energética y la de cambio climático; infringe tratados y compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y un sinnúmero de acuerdos de protección recíproca de inversiones. Ello habrá de costarle mucho dinero al Estado mexicano”.
PAN
La Sen. Alejandra N. Reynoso Sánchez, presentó a nombre de jóvenes, de niñas, de niños y adolescentes y de quienes no se quisieron escuchar en el Parlamento Abierto, un voto particular, porque aspiran a tener un mejor medio ambiente, y a tener una mejor calidad de vida. Sostuvo que “esta reforma de la industria eléctrica, carece de perspectiva de derechos fundamentales, vulnera el 4 constitucional, los tratados internacionales, no atiende los objetivos, los compromisos que México ha asumido. Además, no garantiza el derecho a la salud, a un ambiente sano y señaló sobre el daño que representa priorizar las hidroeléctricas y centrales contaminantes de la CFE, que usan carbón o combustóleo, se favorece a proyectos que generan gases contaminantes y que afecta de manera importante la salud. Alertó sobre los impactos que tendrá la ley sobre el acuerdo ambiental que acompaña al T-MEC, los compromisos asumidos en materia ambiental, los compromisos asumidos en la Ley de Transición Energética.
Sen. Julen Rementería del Puerto
En tribuna reconoció la importancia de la sesión mixta y a distancia y la falta de un Parlamento Abierto para escuchar a todas aquellas personas, expertos, que pudieran “decirnos cuáles son las implicaciones de esta decisión”. Comentó que en el trabajo de las Comisiones Unidas de Energía; de Estudios Legislativos, Segunda; y, la de Medio Ambiente, se oyeron argumentos ideológicos que por alguna otra razón de peso que pudiera considerarse. Mostró su decepción y la preocupación por apoyar a la CFE para convertirla en una empresa de empuje.
Advirtió que “lo que se está proponiendo es una contrarreforma a la Reforma Energética y se traducirá en una energía más cara a futuro” y mostró su preocupación por el medioambiente”. Se pronunció por fortalecer a la CFE, pero no al costo de la desaparición del Centro Nacional de Control de Energía que representaba una suerte de árbitro a partir del despacho de las energías, a partir de los productores para destinarlas a los usuarios, ya sea grandes usuarios o muy pequeñitos, el hogar de una familia, la más modesta en nuestro país. Descartó que el problema esté relacionado con la soberanía. Le preocupó que se presente un diferencial entre lo que se consume o se demanda para consumir y, lo que estamos produciendo como nuevo, lo que significa que, vamos a tener energía insuficiente y vendrán los apagones.
PRD
Desde tribuna Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de su grupo parlamentario, refrendó el compromiso con el desarrollo de un sistema eléctrico nacional, un sistema eléctrico que se define accesible, limpio, confiable, seguro y el fortalecimiento de la CFE. Su compromiso lo enfoca a combatir la marginación energética del país, cumplir con la sustentabilidad para combatir el cambio climático. Reconoció que se enfrenta a un dictamen mucho más complejo y con repercusiones en varias áreas del desarrollo nacional, razón para la consideración de muchas de las propuestas que se plantean “a la reflexión a detalle y con calma”. Resaltó “cuatro fases, que comprende el proceso desde que se genera la energía hasta que llega y se comercializa”.
Planteó que “el artículo 25 de la Constitución establece que la transmisión y la distribución de la energía eléctrica son áreas estratégicas y le corresponden de manera exclusiva al Estado”. Agregó que el artículo 28 expresa “que la generación y la comercialización deben llevarse a cabo en un mercado de libre competencia”. Además, sugiere la revisión del artículo 4 de la propia ley de este dictamen, que “reconoce explícitamente el mandato constitucional de que la generación se lleve a cabo garantizando la libre competencia y la libre concurrencia en el sector para proveer a las personas en el territorio nacional de un servicio de mejor calidad a mejor precio”. Manifestó la claridad por lo que acompañan “el espíritu de contar con una soberanía energética, un buen aprovechamiento de los recursos naturales tanto de los no renovables como los renovables siempre en el marco de la legalidad y, por supuesto, de la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte”.
Sin embargo, dijo, es inamisible que “se acompañe de redacciones que contravienen el texto constitucional o bien los tratados ya referidos”. Destacó que “en los artículos 4, 26, 101 y 108 del dictamen se abandona el denominado despacho económico, es decir, el despacho de la energía de mejor precio por uno que da preferencia para un productor de energía eléctrica con un cierto tipo de contrato específico”. Manifestó que la CFE en su carácter simultáneamente de generador y suministrador de los servicios básicos recibe el trato preferente a un competidor en un mercado de libre competencia por su participación, en un mercado distinto y constituye una práctica monopólica que está sancionada por la Constitución.
Señaló que “el dictamen afecta obligaciones contraídas por México en los tratados internacionales, y, por consecuencia es violatorio de la ley suprema. Se viola el T-MEC, el capítulo 22 del Tratado que refiere a las empresas propiedad de los Estados y sus monopolios designados. Expuso que este capítulo respeta la soberanía de las partes en cuanto a la asistencia no comercial, financiamientos y condonaciones a las empresas del Estado, así como la posibilidad de asistencias específicas en el caso de electricidad, sin embargo, en el artículo 22.4 prohíbe a todos los Estados, para las actividades comerciales, dar un trato discriminatorio a las empresas de otros Estados firmantes”. Indicó que el régimen que establece que la CFE es suministrador de servicios básicos y puede comprar de manera directa a CFE Generación, lo que resulta violatorio a lo dispuesto. En cuanto al medio ambiente, el riesgo inminente que presenta no llegar a metas de reducción, de las cuales también se ha comprometido México.
Sen. Antonio García Conejo
Entra al debate quien se asume como opositor de la reforma energética en 2013, reconociendo que faltó discusión suficiente en las comisiones y no se escuchó a los expertos, pasándose la discusión directamente al pleno. Refiere que “hoy pasa lo mismo, pues no se escucha a los expertos, solamente se escucha una voz, se atiende, se respeta y se toma esa decisión, desgraciadamente, por la mayoría de las y los legisladores”. Se mostró de acuerdo en cuidar, la inversión del Estado, de las empresas estatales o del Estado mexicano, sin embargo, es urgente y necesario cuidar nuestro planeta. Postula que primero deben de ser los pobres, los ciudadanos que sostienen la economía y que contribuyen a resolver, a solventar los programas sociales para los que menos tienen.
Dijo que primero son las micro, pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, porque la mayoría son familiares, que generan cerca del 80% del empleo formal en el país. La iniciativa involucra el bolsillo de las familias mexicanas, sacrificando los pocos recursos de aquellos que menos tienen, en un servicio que es básico para la vida diaria, la energía eléctrica y justo cuando hemos tenido un nuevo crecimiento económico en los últimos dos años, primero en el 2019 -01% y en el 2020 -8.% que significa la pérdida de muchos y de miles de empleos, con un panorama en este año y los que vienen que no se ve muy o nada alentador y aunque en el discurso político se diga que no se subirá el precio de la luz, entonces ello implicaría un mayor subsidio y quiénes pagaremos o pagarán ese subsidio, todos los mexicanos que cumplimos o cumplen con esos o con los impuestos.
Citó el subsidio de tarifas eléctricas de 70 mil millones, declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la política energética promovida por el actual gobierno. Aseveró que se limita la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico, desplazando indebidamente a centrales eléctricas más eficientes, suprime las energías limpias, transgrede el principio de sustentabilidad y los principios básicos del propio artículo 28 constitucional, intentar favorecer a la CFE por justificar de que se trata de una empresa productiva del Estado no es suficiente, por qué no modernizarla, por qué no dignificarla más, más allá de lo que hoy es para que en verdad exista una sana competencia y que los resultados sean en beneficio de la sociedad y no en perjuicio de la misma ¿quien ha cuestionado los altos salarios que reciben los funcionarios o de los bonos bimestrales que se otorgan o de los costos sindicales. Sostuvo que si efectivamente se quiere reivindicar el valor de la CFE se empiece por lo básico y se cumpla con los compromisos internacionales.
PT
La Sen. Cora C. Pinedo Alonso, se pronuncia por una iniciativa presentada por el presidente López Obrador, que tiene por objeto el fortalecimiento de la CFE para con ello generar un beneficio al interés nacional, ya que la CFE guarda un carácter estratégico para el mantenimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México, financiero en no incrementar las tarifas de la electricidad, garantizar el acceso universal y asequible al servicio. El objetivo es recuperar la rectoría del Estado en materia de energía y reconocer a la industria eléctrica como un subsector clave para el desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción.
Reconoce otros objetivos como es poner orden y reglas claras en el subsector de la industria eléctrica, combatir la corrupción que asocia con que la garantía del retorno de la inversión de los generadores privados implicaba el sacrificio del parque de la generación de la empresa pública quien, entre otras responsabilidades, se encarga de brindar el suministro básico de energía eléctrica a 44 millones de hogares. La generación de energía solar y fotovoltaica se “utiliza para intentar engañar al pueblo, la venden como la gran salvación sin explicar realmente las características de intermitencia de dichas tecnologías y sus implicaciones para la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro eléctrico, dejan de lado el potencial hidroeléctrico, geotermoeléctrico y otros tipos de producción de energías limpias y renovables con los que México cuenta”. Sostuvo que el argumento de la pretensión monopólica de la iniciativa tampoco se sostiene, ya que la misma deja intocada la posibilidad de la participación privada en el eslabón de la generación. Se pronunció por fortalecer a la CFE, eligiendo las centrales de generación más eficientes e idóneas.
Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre
Para hablar a favor sube a tribuna mencionando que el presidente se había comprometido a recuperar nuestra riqueza, nuestra soberanía., razón por la que hoy se busca recuperar el control de la generación y distribución de la energía eléctrica para devolverle al pueblo mexicano lo que de manera cínica y cobarde gobiernos anteriores le robaron. Tras una reseña ideológica se traza una hoja de ruta en la que la reforma no atenta contra la generación de energías verdes ni los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Se coloca en el centro la generación de energías limpias. Se confortan los argumentos en contra negando que se cierra la oportunidad a la inversión privada y se despliega un frente que contraataca los argumentos de los opositores de la reforma en los que destacan acusaciones de que se hipotecó al país, promotores de crisis sociales y económicas, actores de corrupción, entre estos compra de votos.
MC
A tribuna la Sen. Verónica Delgadillo García, reconociendo que México enfrenta un grave problema que define que “tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como si viviera en 1950, no está en su derecho de condenar a México y a esta generación a que viva en este pasado”. Sostuvo que la “Ley de la Industria Eléctrica va a marcar el presente y el futuro de México, y llegamos a esta discusión con un albazo, sin querer escuchar los argumentos y de espaldas a la gente de México”. Concreta que la ley aumentará el precio de la luz y quienes pagarán los aumentos de energía será la gente de México, afecta a la gente más pobre, quemarán más combustóleo y seguirán envenenando el aire que respiramos.
Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez
En la lista de los oradores en contra, sostuvo “que se pretende reformar las diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, como: el T-MEC, el Acuerdo de París, del que México forma parte, contra el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar”. Calificó la argumentación a favor de mentiras, subrayando el incremento de precios que repercutirá en los bolsillos. Alertó sobre un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la CFE y un irreparable daño al desarrollo sustentable. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 asignó 70 mil mdp para el subsidio de las tarifas eléctricas, por lo que de aprobarse el presente dictamen el subsidio a CFE aumentaría “por mayores costos en la generación de energías fósiles creando así desincentivos a las inversiones de energías limpias; dejando de lado los acuerdos comerciales, lo que favorece un modelo de monopolio en la generación de energía eléctrica a favor de CFE generando así, además, mayores costos de energía, un daño a las finanzas públicas, el incumplimiento de compromisos ambientales y la pérdida de competitividad económica”. Se refirió a un incremento en el costo de la deuda debido a menores garantías. Se busca salvar a una empresa mal gestionada sacrificando las finanzas de los usuarios, acabando con el patrimonio medioambiental y con, un tiro de gracia al desarrollo sostenible. Las tendencias mundiales en la producción de energía que favorecen a las energías renovables están ganando terreno, impulsadas principalmente por China y Estados Unidos.
PRI
La Sen. Beatriz Paredes Rangel aborda el desacuerdo del grupo parlamentario con la iniciativa también por el desaseo en el procedimiento parlamentario con el que se procesó el dictamen. Calificó de grave la negativa del grupo mayoritario por llevar a cabo un Parlamento Abierto, lo que significó la negativa de escuchar opiniones diversas y lo que contrastó con el hecho de haber forzado para otros temas una consulta popular. Apuntó sobre la precipitación con la que se votó el dictamen en comisiones, sin atender el mandato del procedimiento establecido en el artículo 149 del Reglamento, aduciendo un acuerdo entre comisiones que no se consensó, actuando unilateralmente para que el debate no se diera y el tiempo en el que pudieran manifestar los legisladores fuese mínimo. Expresó el papel lamentable del Poder Legislativo, subsumido a la voluntad del Ejecutivo, recordando “los momentos que se pretendieron transformar de cuando regía un partido hegemónico y no habíamos avanzado en la transición democrática”.
Manifestó que se requiere profundizar el debate, y desglosar la verdadera intencionalidad del legislador. Rechazó “las descalificaciones que estigmatizan y que acusan de antipatriotas a quienes no coinciden con una sola visión, dijo que el pensamiento único es, por su naturaleza antidemocrático y la historia ha demostrado en muchas latitudes que ha sido gravísimo para algunas sociedades nacionales. Agregó “el debate de fondo en un país de alrededor de 130 millones de habitantes, en la segunda década del siglo xxi inmerso en un sistema capitalista de libre mercado, se puede reproducir en la posición geopolítica de México, un modelo con mayor estatismo, en lugar de un modelo con una rectoría del Estado, basado en la normalidad democrática y acorde con el libre mercado en el que el sistema económico se encuentra.
“No podemos tener una conducta contradictoria que lleva a este Senado a aprobar y a buscar los acuerdos para que salga adelante el T-MEC y meses después lleva a este Senado a aprobar una legislación violatoria del T-MEC”. Alertó sobre una visión contradictoria que impida el que haya mayores inversiones para generar más empleos, atendiendo “las demandas de los jóvenes y de la sociedad mexicana y al mismo tiempo tomemos decisiones que dificultan las ventajas para que nuestro país sea un espacio en donde las empresas puedan tener condiciones de competitividad”. Sostuvo que la “eliminación de la competencia en generación y comercialización preocupa, ya que el costo de generar energía actualmente por la Comisión es de 1.79 kilowatts hora en pesos y los productores externos tienen un costo de 0.82 kilowatts hora en pesos”. Lo que “permite suponer que el costo de la energía en México, en el mejor de los casos se mantendrá, pero todo indica que tendrá un alza considerable en los próximos años o será subsidiada con recursos públicos.
Advirtió sobre “los elementos verdaderos de la discusión, fortalecer a la CFE, no importa el monto de recursos públicos que se tenga que destinar, no importa el que se tenga que subsanar ineficiencias, no importa que se tenga que congelar la posibilidad de competencia”. Destacó que México y la planta productiva instalada en el país está inmersa en el proceso de globalización más intenso a nivel mundial, que se han firmado 12 tratados de libre comercio con más de 50 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones y nueve acuerdos de alcance limitados, por lo que los productos mexicanos entran a los mercados internacionales en tarifas extras y, los costos de producción se comparan constantemente. Subrayó que hay una relación comercial, y lo que priva es el precio de venta y de compra. Un alza en la energía eléctrica, afectará a la totalidad de la planta productiva, en algunos casos sacando al producto del mercado, puesto que si no hay competitividad es imposible sostener las ventas, y si no hay ventas, cierras y dejas sin empleo a centenares o a miles de mexicanos.
Morena
La Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, señaló que una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su futuro. Se refirió a las sabias y premonitorias palabras del presidente de México, Adolfo López Mateos, quien en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica del 27 de septiembre de 1960, sostuvo “Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y los recursos a los inversionistas extranjeros”. La senadora manifestó que la “apertura a capitales privados en la industria eléctrica tuvo su génesis en diciembre de 1988, al final de la administración de Miguel de la Madrid, en el que se aprobó modificar la ley para permitir la participación de los particulares en la cogeneración para usos propios y los excedentes para la CFE.
Repasó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien, en noviembre de 1992, reformó nuevamente la ley para incorporar más modalidades de generación eléctrica como autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción, explotación e importación. Citó que entre 1994 y 1998, durante la gestión de Ernesto Zedillo, la capacidad instalada de generación aumentó en el sector paraestatal sólo el 3.8% y el privado 23.2%. Sostuvo que con la propuesta de reforma a la Ley de Industria Eléctrica se pretende eliminar la simulación y el fraude a la ley, amparados bajo el régimen de autoabasto, que se disimuló, se disfrazó y se protegió sobre todo en la reforma del 2013, que fue aprobada por el Pacto por México.
Señaló que se discute la modificación de 9 artículos y un régimen transitorio en 5 artículos que en esencia busca lo siguiente: eliminar los mecanismos de despacho de energía de las centrales eléctricas para dar prioridad a la energía hidroeléctrica y reasumir la rectoría estatal en la materia, recuperar la rentabilidad de la CFE impedida por el despacho meritorio del Mercado Eléctrico Mayorista, con costos variables que sólo favorecen la especulación de los productores privados, generando discriminación y el desplazamiento de la CFE, lo que privilegia indebidamente a sus competidores con prácticas desleales de comercio interno e internacional en una absoluta falta de transparencia económica.
Las reformas y adiciones eliminan la restricción indebida que genera dependencia en la entrega de certificados de energías limpias de la fecha de entrada en operación de las centrales eléctricas; se fortalece un mercado eléctrico libre de sesgos o de formaciones, asegurando un mercado de piso parejo y dotado de plena igualdad, de condiciones y oportunidades de competencia entre la CFE y las empresas privadas; se elimina la obligación de la subsidiaria de Suministros Básicos de la CFE, de comprar energía por medio de subastas; se elimina un sistema dañino para la economía nacional y por supuesto que, para el interés público, ya que dichas adquisiciones se dan en un Mercado Eléctrico Mayorista especulativo que hace más costosa a los consumidores la energía, y se abre la posibilidad a aquellos permisos de autoabasto que fueron fruto de un fraude a la ley para que sean revisados, pues son ilegales de origen y su vigencia crea un mercado simulado en perjuicio de la correcta competitividad que mandata la Constitución y, sobre todo, en contra de la CFE.
Destacó que la libre competencia en el mercado de energías que ampara la Constitución debe entenderse en un sentido armónico, con el papel rector del Estado sobre el desarrollo nacional, que dan las atribuciones suficientes para planear, conducir y orientar las actividades productivas, así como llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, lo que incluya la exclusividad, escúchenlo bien, del Estado en el desarrollo del área estratégica de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, todo ello establecido en los artículos 25, 26 y 28 de nuestra máxima ley.
Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez
En tribuna dijo que la revisión de la iniciativa es un pacto importante para recuperar la soberanía energética de México, rescatar y fortalecer a la CFE que define como una empresa productiva del Estado que es garante del suministro de electricidad para la seguridad nacional, además de que garantiza la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. El fin es que las tarifas eléctricas sean conforme a los intereses de la nación y en beneficio de los ciudadanos. La oposición ha tejido una campaña de desinformación pues tienen miedo a la soberanía del pueblo, y porque se plantea también priorizar la energía limpia desde la CFE. Explicó que en México el 60% de la energía se produce con gas natural, uno de los combustibles más limpios en el mundo, el 24% se produce por medio de energías limpias: la hidráulica, la geotérmica, nuclear, eólica y fotovoltaica; y el 16% con carbón, combustóleo y diésel debido a la rentabilidad en su aprovechamiento, pero siempre cumpliendo con la normativa ambiental de intereses.
Manifestó que la mezcla de generación total se caracteriza por bajas emisiones de CO2 y compite al respecto con la mayoría de los países desarrolladores. En los Objetivos: está garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación, se proponer modificar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas que están en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red. Alertó que los certificados de energía limpia estaban acotados a las plantas construidas a partir del 2014 dejando fuera a las plantas construidas anteriormente, creando una camisa de fuerza para CFE.
Sen. Gloria Sánchez Hernández
En su participación salió a la defensa, expresó que el marco de la política neoliberal, impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. Sostuvo que la iniciativa en discusión propone fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, en beneficio del interés nacional, de carácter estratégico en la confiabilidad del sistema eléctrico considerado indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México, sin incrementar tarifas de electricidad, garantizando seguridad energética, preservación de la soberanía de México. Indicó que los expertos han opinado y conocen la propuesta de las modificaciones que vienen en la iniciativa preferente.
Recordó los compromisos internacionales, calificó de falsas las acusaciones de que la reforma está a favor de los intereses de las empresas extranjeras y acusaciones de que se perjudica a las energías limpias que la presente administración ha publicado a la fecha, tres documentos oficiales en los que fija su posición en relación con su política energética y sus compromisos de mediano y largo plazo a saber. Primero: estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, dos, Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener) y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (Prodesen).
Aseguró que México va en la ruta del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, que es falso que las energías limpias son más baratas, porque su operación está subsidiada por todos los mexicanos, y tampoco se les va a eliminar a las energías limpias. Aseguró que el despacho debe llevarse a cabo con base en el criterio de costos unitarios totales, el precio de venta final debe considerar todos los costos asociados del producto, no sólo las variables, costos variables más costos fijos da igual costo total. Hizo un repaso por las energías renovables y una versión de costos, producción y rentabilidad.
Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria
Dirigió su discurso al pueblo de México y también al presidente de la República, debido a su iniciativa preferente. Destacó cuatro temas principales para permanecer en el ánimo social: se requiere de energías limpias, negocios limpios, justicia social y visión de interés nacional en épocas de globalización. En cuanto energía reconoce que hay un pasado indefendible de corrupción, de malas decisiones, y de deudas que tiene el país. Denuncia que hoy hay dos millones de mexicanos que no tienen acceso a la energía eléctrica, lo que es inadmisible. Comentó que necesitamos un modelo de negocios en energía donde todos los sectores y actores sociales ganen, se requiere cambiar y ampliar el enfoque de discusión, en la perspectiva de un nuevo pacto social en materia energética con visión de futuro que supere los errores y excesos del pasado, salvaguardando los derechos de las generaciones por venir, garantizando el suministro de energía y la justicia social, sin echar culpas y responsabilidades del pasado y asuma las propias, que consolide el rol de Estado y su soberanía en tiempos de globalización.
Indicó que deberíamos estar discutiendo una reforma constitucional, con los esquemas de organización industrial y social requeridos, las bases regulatorias, jurídicas y constitucionales más adecuadas. Todo ello para reivindicar la noción de servicio público, de electricidad segura, confiable, de calidad y limpia; discutir una reforma constitucional a los artículos 25, 26, 27 y 28, y la legislación secundaria. Destacó que el cáncer del neoliberalismo ha quedado en la Constitución y eso es lo que tendríamos que estar cambiando, no estar haciendo por la puerta de atrás una discusión que, por supuesto, va a costar muchísimo al país, tanto en tribunales nacionales como internacionales. Dijo que se necesita revisar el papel del Estado en un nuevo diseño y dinámica institucional del sector eléctrico, una nueva política de Estado en materia de energía, más allá de subsanar errores y excesos políticos o del pasado, tenemos que, sí, por supuesto, ver el fortalecimiento de la CFE.
PVEM
Para la Sen. Gabriela Benavides Cobos en el mundo las fuentes de energía limpia y renovable están ganando terreno para la construcción de sistemas energéticos menos contaminantes y más eficientes, sin embargo, en México vamos en sentido contrario. El dictamen de la minuta que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, sin duda, fortalecerá a la CFE, pero sin brindar los elementos para transitar hacia las energías limpias y renovables. Sostuvo que la CFE ya produce energía limpia con sus centrales hidroeléctricas; sin embargo, las grandes presas generan elevadas externalidades ambientales, porque en varios países ya no son consideradas como energías renovables. Comentó que se dice que se está subsidiando a los privados que generan energía eléctrica renovable, sin considerar que en el mundo se aplican diversos incentivos fiscales y regulatorios para facilitar la transición energética.
Indicó que se ha propuesto ampliar los certificados de energía limpia para poder otorgarlos a centrales antiguas, sin considerar que el mecanismo proviene de los certificados de energía renovable que son más aún restrictivos y se emplean en los mercados internacionales de emisiones. Alertó que se propone un orden de despacho que coloca a las energías renovables por debajo de las hidroeléctricas y las centrales de comisión que utilizan combustibles fósiles, sin considerar que no hemos cumplido la meta de participación de energías limpias marcadas en la Ley de Transición Energética. Aseguró que si en realidad queremos ser un país productor de energías limpias, es incongruente que la ley le exija a la federación el operar mayormente con gas y quema de combustóleo.
Denunció las repercusiones que representan lo efectos negativos ambientales de una termoeléctrica en Colima, las reacciones en la salud de las personas que habitan en el municipio. Se suman a la convocatoria hecha al Parlamento Abierto diversos investigadores, organizaciones civiles y representantes de los generadores de la energía limpia, quienes han advertido que esta reforma volverá inviable un gran número de proyectos de energía renovable, lo que provocará, sin duda, el incumplimiento del Acuerdo de París, del T-MEC y de las metas nacionales de energía limpia.
En la lista para hablar a favor, las/os senadoras/es Américo Villarreal Anaya, Freyda M. Villegas Canché, Cecilia M. Sánchez García, Nancy G. Sánchez Arredondo, Imelda Castro Castro (Morena). Para hablar en contra, las/os senadoras/es Indira Kempis Martínez (MC), Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN), Sylvana Beltrones Sánchez (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Audelia E. Villarreal Zavala (PAN).
La suerte estaba echada y a reserva de sus repercusiones en la realidad nacional, en el día a día congestionado por las presiones en distintos frentes, en el ambiente de las elecciones más grandes de la historia y en la urgencia de la reactivación económica, de las atracciones de inversiones y repercusión del empleo, en la lotería mundial por las vacunas, las amenazas del cambio climático y la sustentabilidad ambiental.