Entró a las deliberaciones del Parlamento Abierto la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica con carácter preferente, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados en el último periodo ordinario del trienio de su ejercicio constitucional.
Se trata de una iniciativa estructural e instrumental de la 4T perfilada como compromiso de campaña y cuyo objetivo es recuperar para el Estado la rectoría de la industria eléctrica. En la exposición de motivos de la iniciativa resalta el diagnóstico gubernamental de que en el sector energético se ha observado un proceso de privatización, corrupción, falta de inversiones y la tendencia del apoderamiento del mercado eléctrico liderado por políticos corruptos, dejando una Comisión Federal de Electricidad (CFE) fracturada y en ruinas.
Comisión de Energía
Rica la información sobre las distintas posiciones que se dan en los parlamentos celebrados en torno a una iniciativa de la importancia como la de energía, el despeje de las deliberaciones, explica el inicio con la reunión de funcionarios de la CFE como el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández; el director corporativo de Finanzas, Edmundo Sánchez Aguilar, y el abogado general, Raúl Armando Jiménez Vázquez, con los integrantes de la Comisión de Energía.
En el marco de las participaciones del Parlamento Abierto y ante los funcionarios de la CFE, tuvieron especial acento las preocupaciones de los legisladores integrantes de la Comisión de Energía, en torno a que, si la iniciativa garantizará la seguridad energética del país, el carácter antimonopólico y si fortalece el mercado eléctrico. Para el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), pidió a los funcionarios de la CFE detallar la iniciativa, su carácter antimonopólico y los protocolos de protección civil en las plantas hidroeléctricas para evitar inundaciones. Inquirió sobre la entrega de los subsidios a empresas privadas, el manejo de los certificados de energía limpia en el mercado eléctrico y si hay afectación en la medición de la emisión de contaminantes por parte de la CFE.
En opinión de el Dip. Hernán Salinas Wolberg (PAN), la preocupación versó en si se pueden garantizar costos más bajos al consumidor, si se posibilitan a contratos discrecionales y sobre los argumentos para confiar el consumo a una empresa que no quiere competir, sino que quiere todo lo contrario: un marco jurídico que le beneficie por encima de los demás productores del mercado. En la participación del Dip. Enrique Ochoa Reza (PRI), exdirector de la CFE, “el objetivo del Parlamento busca fortalecer a la CFE, para que las familias mexicanas tengan mejores costos de energía eléctrica, se cuide el medio ambiente y la salud pública”.
Por su parte el Dip. Gerardo Fernández Noroña manifestó que se pronuncia porque la CFE sea la empresa pública que abastezca al 100% el mercado nacional. En su oportunidad el Dip. Jacobo David Cheja Alfaro (MC), expresó que a su grupo parlamentario le preocupan las fallas de la iniciativa y el que las opiniones y propuestas de los especialistas sean desestimadas a la hora de dictaminar. Consideran que en los costos reales en el despacho de energía no sólo se deben tomar en cuenta los aspectos técnicos, sino también costos ambientales y daños a la salud. Para la Dip. Zulma Espinoza Mata (PVEM) la producción y uso de energía es la principal causa del cambio climático, por lo que las soluciones apuntan a producir electricidad y combustible de manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente. Manifestó preocupación por los planes de la CFE para aumentar su producción de electricidad a partir de energías renovables y cómo podría la iniciativa contribuir a cumplir las metas en esa materia. Por su parte el Dip. Mónica Almeida López (PRD), sobre el análisis del impacto ambiental de forma especial en la salud lo que implica disminuir la calidad del aire al seguir produciendo la energía como se hace en la actualidad, qué recurso se tendrá que asignar para atender las enfermedades respiratorias, inquiriendo sobre las soluciones tecnológicas mexicanas para propiciar el alcance de las celdas solares como un modelo de energía económica y limpia.
Funcionarios de la CFE
En su intervención el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Santiago Reyes Hernández, explicó a los legisladores y participantes, que la iniciativa de reforma la Ley de la Industria Eléctrica tiene el objetivo de garantizar condiciones equitativas de competencia y sostiene como ejes rectores: la planeación del sistema eléctrico nacional, la seguridad energética del país y la soberanía nacional. Reyes Hernández precisó que la reforma también contempla la atención de lo establecido en el T-MEC en el art. 14, correspondiente a la Capítulo Inversión, en tanto de que elimina las condiciones asimétricas de competencia al desaparecer la prohibición de comercio intrafirma y contratos bilaterales para la CFE, con la ejecución de contratos de entrega física, modifica los criterios de despacho a fin de reflejar los costos reales de generación, evitar la simulación de los costos bajos de renovables y la especulación. Por tanto, se eliminan subsidios y políticas de dumping que favorecen a los privados sobre la CFE, plantea un trato equitativo para emisión de certificados de energía limpia entre CFE y particulares; además, se revisarán los contratos no rentables para la nación y el erario y eliminar la simulación y el fraude a la ley amparados bajo el régimen de autoabasto.
En las precisiones se destacan las de el director corporativo de Finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez Aguilar, quien explicó que la iniciativa no está en contra de la libre competencia, ni de las energías limpias, ni a favor de los monopolios, ya que busca que el sector eléctrico tenga piso parejo para todos. Aseguró que el objetivo de la reforma es poner fin al saqueo y eliminar la simulación, ya que el actual marco normativo no beneficia a los pequeños productores y a los consumidores, ya que todos los subsidios otorgados de la CFE son pagados por la ciudadanía; además, el sector esta monopolizado por un pequeño grupo de particulares. Sostuvo que si se eliminaran los subsidios ocultos vía autoabasto, despacho que son otorgados a un “grupúsculo de hampones particulares, las tarifas no sólo no aumentarían al consumidor final, sino que podrían disminuir hasta un 30%, lo que equivale a 140 mil millones de pesos para beneficio del pueblo mexicano”.
En su intervención, el abogado general de la CFE, Raúl Armando Jiménez Vázquez, expuso que la propuesta del Ejecutivo es antimonopólica, ya que pretende fortalecer el mercado eléctrico y que se mantenga libre de sesgos y deformaciones y se dote de plena igualdad de condiciones de competencia entre la CFE y las empresas privadas. Destacó que “lejos de inhibir, impedir o coartar la competencia, la iniciativa tiene un sólido basamento constitucional al hacer efectivo el principio de la libre concurrencia y la libre competencia”. De forma rotunda afirmó que es falso que con su aprobación se llevará al cierre del mercado eléctrico mayorista, que promueve el monopolio del Estado y que llevará a una expropiación indirecta, pues los competidores de la CFE seguirán manteniendo incólumes los derechos propietarios de usar, disfrutar y disponer de sus plantas de generación eléctrica.
Los funcionarios de la paraestatal comentaron a los legisladores/as que la CFE tiene una responsabilidad con el futuro del país al ser participante del mercado. Explicaron que si hay subsidios a privados y alguno de ellos no puede competir, afecta las finanzas de la empresa y del gobierno, ya que se anclan a sus recursos, que podrían ser utilizados en diversos rublos como salud, empleo y educación. “Destinar recursos a estos subsidios implicaría un incremento a las tarifas”, señalaron. Refirieron que ya se tuvo una primera reforma energética y que se tiene que participar en ese mercado, pero en condiciones de equidad, respetando contratos bilaterales y construyendo un mercado en donde no haya especulación de precios. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la CFE siga financiando a empresas”.
Desde la Mesa Directiva
Para la presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Dulce María Sauri Riancho, el Parlamento tiene la responsabilidad histórica de discutir a profundidad la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo. Comentó que, tendrá impacto en la posibilidad del país para cumplir el Acuerdo de París, así como honrar los tratados comerciales como el TPP y el T-MEC. Reconoció que “la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, levanta pasiones y resuena más allá de las fronteras, pero sobre todo estará en el debate del bolsillo de las familias mexicanas, que por la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz”. Puntualizó que las grandes preguntas que estarán presentes en el Parlamento Abierto son ¿Cómo generar la energía eléctrica que necesita el país para crecer? ¿Cómo garantizar un suministro eléctrico seguro, abundante y de bajo costo para las familias mexicanas? y ¿Cómo hacerlo cuidando el medio ambiente?
Resaltó la exgobernadora de Yucatán que surgirán cuestionamientos sobre si se está pensando en construir nuevas centrales hidroeléctricas, en qué estados, con qué presupuesto y en cuánto tiempo. Destacó que una primera respuesta, es impulsar las energías limpias y convertir la fuerza del sol, viento, agua y vapor del subsuelo en energía eléctrica. Comentó sobre la posibilidad de una solución seguida por otros países como es el construir parques eólicos y solares con tecnología de punta para producir energía económica y amigable con el medio ambiente. Indicó que “justo en la pandemia, países europeos y Estados Unidos han logrado días donde la mayor parte de su consumo energético proviene de la generación limpia”.
Para Sauti Riancho se requiere de una firme rectoría del Estado, y en los países desarrollados tanto el regulador energético, como el despachador del sistema eléctrico son entes públicos, técnicos y autónomos que establecen las reglas del juego para la participación de los sectores privado y social. Manifestó que “también es cierto que México tiene en la CFE una potente empresa estatal que cumple las funciones estratégicas de transmitir y distribuir la energía eléctrica; además, es el principal generador y comercializador de energía eléctrica del país”. Resaltó que México cuenta con importantes centrales hidroeléctricas que aprovechan los principales ríos del país. Y la iniciativa preferente reconoce su importancia y que el sector eléctrico se ha abierto a la competencia a las actividades de generación y comercialización siguiendo el principio de economía mixta que fija la Constitución en su art. 25”.
Proceso
Fueron convocados a participar en el Parlamento Abierto especialistas en energía, representantes del sector empresarial, investigadores del ITAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, funcionarios de la CFE y legisladores.
A manera de entender el proceso de la discusión en torno al tema, se desplegaron datos, hechos, argumentos, contraargumentos, tendencias, ejercicios, prácticas, objetivos públicos y privados, perspectiva ambiental de sustentabilidad, desarrollo desde la visión estatal a la visión empresarial. Se asume en la discusión que la energía es un tema de seguridad nacional, se vincula con el futuro del país, la sustentabilidad ambiental pero además la producción de energía se vincula con los compromisos suscritos por México por el cambio climático.
Se perfilan como argumentos el que la iniciativa busca mejorar cuestiones operativas y técnicas de infraestructura, generar condiciones de certidumbre para inversionistas nacionales y extranjeros, fortalecer la competencia y la concurrencia; no hay necesidad de reformas, respeto a los contratos adquiridos, la iniciativa infringe el marco legal existente y constitucional, se requiere de sustentabilidad ambiental, se modifica el despacho de energía eléctrica que implica utilizar todas las plantas de la CFE sin considerar que la producción; requiere de inversión pública y privada.
Demandan la revisión de los contratos lesivos a la CFE, requerimiento de un sistema eléctrico flexible y adaptable, promover una política energética en tres objetivos: confiabilidad, costo y sostenibilidad, hay encarecimiento de tarifas, el riesgo que presenta la compra de energías contaminantes, condiciones equitativas de competencia, electricidad sustentable, de bajo costo, amigable con el medio ambiente, innovación tecnológica, mejores prácticas, certeza jurídica no abatir la planta productiva, el empleo; dotar de energía a comunidades, elección libre de distribuidores y suministros, dependencia de fuentes contaminantes de energía como fuentes fósiles, la iniciativa presenta vicios de inconstitucionalidad, demanda de fuentes de energías alternas y competitivas, vulnerabilidad de México ante el cambio climático; impacto negativo sobre la generación de energía eólica, promover la transición a varias tecnologías de generación de energía electrónica.
La iniciativa surge en un escenario en el que se auguran litigios legales pero también se cuestiona la razón por la cual la iniciativa no se finca en una reforma constitucional en tanto de que se cuenta con una mayoría legislativa para ser aprobada, sin embargo es limitada en tiempo de llevarse al cabo.
En los parlamentos destacan las participaciones de las/os diputadas/os Dulce María Sauri, presidente la Mesa Directiva; Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del GPPAN; Enrique Ochoa Reza (PRI), Xavier Azuara Zúñiga (PAN), Dolores Padierna (Morena), Verónica Juárez Piña, coordinadora del GPPRD; Fabiola Loya Hernández, coordinadora del GPMC; Arturo Escobar coordinador del GPPVEM; Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena), coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables y Transición Energética de la Comisión de Energía.
Queda en la discusión la evaluación de éxito del empeño del gobierno mexicano que ha tenido a lo largo de su historia de llevar electricidad a los hogares mexicanos, lo que se registra en el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por eI NEGI que registra que más del 98% de la población mexicana cuenta con este servicio.