Laura Ruiz
La nueva ley de telecomunicaciones: ¿avance regulatorio o retroceso democrático? (Primer Conversatorio)
El reciente conversatorio celebrado en el Senado de la República, 08 de mayo con la participación de 22 expertos del ámbito académico, empresarial, activista y sindical, deja al descubierto una realidad ineludible: la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no solo está lejos de ser un consenso técnico, sino que amenaza con convertirse en un campo de batalla político y económico de grandes proporciones.
Uno de los puntos más críticos señalados por varios ponentes fue la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el traspaso de sus facultades a la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta modificación representa un ataque directo a la autonomía regulatoria del Estado mexicano. Como bien apuntó Priscila Ruiz Guillén, de Artículo 19, lo que se esconde detrás de este movimiento no es modernización, sino una centralización del poder bajo la bandera de la soberanía digital y la seguridad nacional.
El discurso oficial se esfuerza por presentar esta ley como una herramienta de transformación. Sin embargo, la realidad es más compleja: al no establecer límites claros a la concentración de poder y propiedad en los medios, se corre el riesgo de perpetuar monopolios, reducir la pluralidad informativa y debilitar la competencia.
También preocupa el impacto internacional. Voces como la de Héctor Guillermo Bernal, de la American Chamber, advierten que la redacción actual de la ley viola los principios del T-MEC, lo que podría desatar consecuencias económicas y diplomáticas negativas para México. ¿Estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra relación con socios clave como Estados Unidos y Canadá por una reforma legal mal estructurada?
Desde la academia, Alma Rosa Alva de la Selva subraya un vacío conceptual: el debilitamiento del servicio público como eje del derecho a la comunicación. Mientras tanto, representantes de empresas como Telmex y Telcel exponen que la ley preserva sesgos regulatorios históricos, impone cargas inequitativas y genera incertidumbre jurídica, lo cual podría frenar inversiones.
A pesar de estas críticas, también hay una dimensión positiva: la voluntad de diálogo. El ejercicio parlamentario, encabezado por las comisiones unidas del Senado, abrió espacio a opiniones plurales. Es un paso necesario, pero no suficiente.
Lo que está en juego con esta ley no es solo la distribución del espectro radioeléctrico, las concesiones o las inversiones, sino la configuración misma del derecho a la información, la libertad de expresión y la equidad en el acceso a las tecnologías. En palabras de la senadora Lizeth Sánchez, la discusión va más allá de la técnica: se trata de asegurar condiciones justas para los medios comunitarios, indígenas e independientes, actores históricamente marginados del ecosistema mediático.
Resulta imprescindible replantear el rumbo de esta iniciativa. El país necesita una ley que fomente la competencia sin destruir la certidumbre, que impulse la digitalización sin centralizar el control, y que promueva la pluralidad sin ambigüedades legales. Una ley que sirva al interés público, no a intereses de coyuntura.
Porque en telecomunicaciones, como en democracia, más control no siempre significa más progreso.
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