Decididamente se cierran los atajos de una ley que debe fortalecerse ante la vulnerabilidad de quienes resultan afectados. El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que establece la obligación expresa e inmediata para directivos, docentes y personal administrativo el denunciar, de forma directa e inmediata ante el Ministerio Público, cualquier hecho o indicio de violencia sexual, maltrato u otra forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, busca cerrar vacíos normativos actuales, ya que la legislación vigente no establece de manera explícita esta obligación ni contempla sanciones por omisión, lo que —según el legislador— retrasa la intervención de las autoridades y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas, además de facilitar la evasión de responsabilidades por parte de los agresores.
Entre los principales puntos de la iniciativa destacan:
- Obligación de denuncia inmediata: El personal educativo deberá reportar directamente ante el Ministerio Público competente, sin mediación interna, conforme al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 12 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Protocolos de actuación: Los centros educativos del Sistema Educativo Nacional, así como aquellos con reconocimiento de validez oficial, deberán implementar protocolos que garanticen confidencialidad, protección de la víctima, no revictimización, resguardo, atención psicológica y comunicación inmediata a la Procuraduría de Protección correspondiente. Estos protocolos deberán alinearse con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, además de coordinar acciones con fiscalías especializadas.
- Sanciones: El incumplimiento de la obligación de denuncia acarreará multas equivalentes de 1,001 a 7,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
Además, la reforma —que modifica los artículos 74, 170 y 171, y adiciona el artículo 74 Bis y un párrafo al artículo 2 de la Ley General de Educación— obliga al Estado a dar publicidad a las técnicas, medidas y conductas que constituyan violaciones a la protección integral de la niñez frente a la violencia sexual en entornos escolares, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar oportunamente estos actos.
En la exposición de motivos, el diputado Delgado Carrillo enfatizó que la violencia en las escuelas genera graves consecuencias en el desarrollo emocional, social y psicológico de niñas, niños y adolescentes.
“Es indispensable garantizar espacios seguros y libres de cualquier forma de agresión, consolidando a las escuelas como espacios de protección, prevención y defensa de los derechos de la infancia”, señaló.
La iniciativa se sustenta en los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la armonización con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Búsqueda de encuentro anima el paso de las buscadoras
Se abre la posibilidad de enfrentar una de las mayores tragedias que viven miles de familias mexicanas: la desaparición de sus hijos e hijas. El diputado Juan Ignacio Zavala, de Movimiento Ciudadano, planteó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para adicionar un párrafo al artículo 4º y establecer que las personas desaparecidas o no localizadas, así como sus familiares, tengan el derecho a la búsqueda.
¿Qué propone esta iniciativa, cuyo propósito es enfrentar la amenaza y el dolor que implica la desaparición de los seres queridos?
La propuesta precisa que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias y con independencia de que exista una investigación por conducto del Ministerio Público, tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para determinar la suerte o el paradero de cualquier persona reportada como desaparecida o no localizada, bajo la presunción de que continúa con vida.
La ausencia de un familiar transforma de manera profunda a quienes permanecen en la incertidumbre. La tragedia se vuelve permanente cuando se desconoce cómo ocurrió la desaparición, si la persona fue privada de la vida o dónde se encuentra.
El Estado tendría la obligación de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos necesarios para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones dignas hasta su entrega a las familias.
Asimismo, para garantizar este derecho, el Estado deberá emplear todos los recursos y medios institucionales disponibles, actuar sin dilación y coordinar plenamente a las autoridades, permitiendo además la participación de las víctimas indirectas y salvaguardando siempre la dignidad y personalidad jurídica de la persona desaparecida o no localizada, conforme a las disposiciones aplicables.
El diputado Zavala expresó su preocupación por la crisis de desapariciones en México, la cual —dijo— ha vulnerado profundamente el tejido social. Citó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según los cuales existen 127 mil 903 personas cuyo paradero se desconoce.
Mencionó que la iniciativa busca consolidar el marco normativo en materia de desaparición de personas mediante el reconocimiento del derecho humano a la búsqueda. Con ello, se pretende mantener en el centro de las acciones de búsqueda a las personas desaparecidas.
Aseguró que reconocer constitucionalmente la búsqueda como un derecho humano va más allá de un acto simbólico, ya que obligaría a las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, a garantizar, promover, respetar y proteger el derecho a buscar y ser buscado.
Reconocer este derecho también implicaría que todas las medidas en materia de búsqueda de personas —administrativas, legislativas y judiciales— estén respaldadas por los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad.
Finalmente, el legislador enfatizó que este derecho amplía también la protección para las madres, hermanas e hijas que dedican su vida a buscar a sus seres queridos y que, en muchos casos, enfrentan riesgos y abandono institucional. La iniciativa, sostuvo, busca otorgarles un marco normativo más amplio para su protección.
Diputados avanzan en la ruta contra el feminicidio al impulsar reforma para retirar la patria potestad en casos de tentativa de feminicidio
La diputada María Isidra De la Luz Rivas, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar los artículos 444 y 444 Bis del Código Civil Federal. Ambos artículos establecen que la pérdida de la patria potestad puede darse “…por resolución judicial cuando quien la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho”. En el propósito de fortalecer el engranaje de justicia en favor de las mujeres, la legisladora impulsa modificaciones orientadas a ampliar la protección de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta señala que toda persona que ejerza la patria potestad y sea vinculada a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio perderá de manera inmediata los derechos relacionados con sus descendientes, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez. Asimismo, plantea que la autoridad jurisdiccional pueda suspender o modificar, de oficio, la guarda y custodia, así como el régimen de convivencias, cuando advierta cualquier forma de violencia o exista una vinculación a proceso por estos delitos.
Sobre el tema, destaca que, aunque el feminicidio ya está tipificado en el sistema penal, resulta necesario reforzar la protección de las víctimas indirectas, particularmente de niñas y niños que, en muchos casos, quedan bajo el cuidado del presunto agresor. La legisladora recordó que esta problemática quedó evidenciada tras el asesinato de Cecilia Monzón Pérez, hecho que motivó la aprobación de la llamada Ley Monzón en Puebla durante 2023.
De la Luz Rivas destacó que varios congresos locales ya han adoptado medidas similares, por lo que consideró indispensable armonizar el Código Civil Federal para suspender la patria potestad, la custodia y el régimen de visitas, al menos hasta que se resuelva la situación jurídica del imputado cuando este sea progenitor de las y los menores afectados.
La diputada Kenia, intensifica su trabajo a favor del estado de derecho y de los derechos humanos, a fina la mira apuntando un cierre que dote de herramientas legales a los más desfavorecidos por el abandono.
El reto es la legalidad o el crimen organizado
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se ha dado a la tarea de aprovechar cada espacio que le brinda su liderazgo para impulsar una legislatura comprometida con el avance de los derechos de las mujeres y de los sectores más desfavorecidos. Para ella, el fortalecimiento del Estado de Derecho constituye el objetivo central.
López Rabadán afirmó que las instituciones del país enfrentan un desafío fundamental ante las acusaciones de presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico: definirse entre estar del lado de la legalidad o acompañar a la delincuencia y al crimen organizado.
La diputada señaló que la institucionalidad solo se construye con un compromiso permanente y firme de fortalecer el Estado de Derecho. “El reto es muy claro… o legalidad o acompañamiento a la delincuencia y al crimen organizado”, puntualizó.
Asimismo, enfatizó que cada autoridad será responsable de sus decisiones y expresó su confianza en que las instituciones estén a la altura del momento histórico que vive el país. Añadió que México debe enviar un mensaje claro de legalidad y honorabilidad, demostrando respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, y consolidándose como un socio confiable para Estados Unidos y Canadá.