Beto Bolaños
La deuda pública suele discutirse como si fuera, por sí misma, una virtud o una condena. En realidad, no es ninguna de las dos cosas. Los países modernos se endeudan de manera permanente y eso no necesariamente representa un problema. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿para qué se utiliza la deuda y qué capacidades deja construidas para el futuro?
A lo largo de nuestra historia reciente, México ha utilizado el endeudamiento de formas distintas y con resultados desiguales. Revisar los últimos seis gobiernos permite entender no solo cómo ha crecido la deuda, sino también qué visión de país ha existido detrás de ella.
El sexenio de Ernesto Zedillo estuvo marcado por la crisis financiera de 1994 y el rescate bancario que derivó en el Fobaproa. La deuda pública aumentó considerablemente, pero lo hizo en un contexto de colapso económico y de una decisión gubernamental orientada a evitar el derrumbe del sistema financiero. El costo social y político fue enorme y sus efectos todavía se discuten, pero la prioridad entonces fue la estabilización.
Con Vicente Fox, el comportamiento de la deuda fue mucho más moderado. México se benefició de estabilidad macroeconómica heredada, bajos niveles de inflación y un entorno internacional relativamente favorable. No fue un periodo de transformaciones profundas ni de crecimiento espectacular, pero tampoco de deterioro importante de las finanzas públicas. Puede discutirse cuánto mérito tuvo el gobierno y cuánto se debió al contexto, pero lo cierto es que el endeudamiento permaneció relativamente contenido.
El gobierno de Felipe Calderón marcó un cambio importante. La crisis financiera mundial de 2008 golpeó con fuerza a México, disminuyendo ingresos y frenando la actividad económica. A ello se sumó el incremento del gasto en seguridad derivado de la estrategia contra el narcotráfico. La deuda comenzó entonces una etapa de crecimiento más acelerado, impulsada tanto por factores externos como por decisiones internas.
Posteriormente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la deuda volvió a incrementarse con fuerza. La caída de los precios del petróleo, los déficits persistentes y una expansión del gasto público explican buena parte del fenómeno. Aunque se impulsaron reformas estructurales y proyectos de infraestructura, el crecimiento económico no alcanzó para compensar el ritmo de endeudamiento.
La discusión más intensa aparece, sin embargo, en torno a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la administración actual. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto global que elevó la deuda en prácticamente todos los países, y México no fue la excepción. Sin embargo, además del contexto sanitario, el gasto público se orientó hacia tres grandes rubros: megaproyectos federales, rescate financiero de Pemex y expansión de programas sociales.
Aquí emerge el debate de fondo.
Las grandes obras impulsadas en los últimos años fueron presentadas como detonadores de desarrollo regional, soberanía y crecimiento económico. Sin embargo, al evaluar sus resultados actuales, la discusión se vuelve más compleja. El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas sí generaron empleo temporal y actividad económica durante su construcción, además de una presencia política visible del Estado en regiones específicas.
Pero los beneficios económicos definitivos siguen siendo materia de controversia. Hasta ahora, varios de estos proyectos operan con subsidios, presentan costos superiores a los originalmente anunciados o todavía no muestran una rentabilidad capaz de justificar con claridad el enorme volumen de recursos comprometidos. Una obra pública no se legitima únicamente por existir; su verdadero valor se mide por la productividad y riqueza que sea capaz de generar de manera sostenida.
Paralelamente, México experimentó una expansión importante de las transferencias directas a la población.
Conviene reconocer algo con claridad: los apoyos sociales no son, en sí mismos, un problema. De hecho, pueden aliviar pobreza, dar estabilidad a familias vulnerables y reducir intermediarios políticos tradicionales. Negar esos efectos sería simplificar la realidad.
El problema aparece cuando las transferencias monetarias crecen más rápido que la capacidad del Estado para sostener servicios públicos esenciales.
Porque el desarrollo de un país no depende únicamente de cuánto dinero reparte el gobierno, sino de qué tan fuertes son las instituciones que respaldan la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Y es aquí donde surge una crítica ampliamente compartida por diversos sectores sociales: mientras aumentaban los apoyos directos, persistían o se agravaban problemas en áreas fundamentales como salud y educación.
Para muchas familias mexicanas, la experiencia reciente ha sido contradictoria. Reciben apoyos económicos, sí, pero al mismo tiempo deben gastar crecientemente de su propio bolsillo en consultas médicas privadas, medicamentos, estudios clínicos o servicios que antes esperaban encontrar dentro del sistema público.
La paradoja resulta difícil de ignorar: una transferencia monetaria puede aliviar el ingreso inmediato, pero pierde parte de su efecto si el ciudadano debe destinarla a cubrir carencias institucionales.
Y ahí aparece una distinción fundamental entre gasto social e inversión pública.
La inversión pública construye capacidades permanentes:
- hospitales funcionales,
- escuelas de calidad,
- infraestructura útil,
- ciencia,
- innovación,
- productividad.
Los apoyos monetarios, en cambio, suelen atender necesidades presentes. Ambos pueden coexistir y ser necesarios, pero no producen el mismo tipo de desarrollo.
Por eso el debate sobre la deuda pública no debería reducirse a quién pidió más préstamos o quién presume haber gastado menos. La discusión verdaderamente seria es otra: si el endeudamiento está financiando el futuro o simplemente administrando el presente.
México necesita políticas sociales que protejan a quienes más lo requieren. Pero también necesita instituciones sólidas capaces de generar bienestar sin depender indefinidamente de subsidios y transferencias.
Porque repartir recursos puede aliviar urgencias inmediatas; construir un país más fuerte exige algo más difícil y menos visible políticamente: invertir sostenidamente en las capacidades que permiten a una sociedad prosperar por sí misma.
A esta discusión se suma además una señal particularmente relevante: la reciente rebaja de la calificación soberana de México por parte de Moody’s Corporation, que redujo la nota del país de Baa2 a Baa3, dejándolo apenas un escalón arriba del grado especulativo. La calificadora señaló como factores centrales el aumento sostenido de la deuda, el bajo crecimiento económico, el gasto rígido, la limitada base tributaria y el continuo apoyo financiero a Pemex. Otras agencias como S&P Global también han advertido sobre el deterioro fiscal y las dificultades para estabilizar el endeudamiento mexicano. Más allá del impacto simbólico, estas decisiones importan porque pueden encarecer el financiamiento internacional, elevar el costo de los intereses que paga el país y reducir la confianza de inversionistas en el largo plazo. En otras palabras: los mercados comienzan a cuestionar si México está utilizando su deuda para fortalecer capacidades productivas sostenibles o para financiar gasto político difícil de sostener con una economía de bajo crecimiento.