En el complejo entramado de la administración pública federal, el manejo de los recursos destinados a la difusión gubernamental suele ser un indicador crítico de la eficiencia y la transparencia. Tras un exhaustivo análisis de la documentación oficial del ejercicio fiscal 2025, esta investigación pone al descubierto la ruta del dinero en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), una entidad sectorizada bajo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El foco de esta indagatoria se centra en la Estrategia Anual de Comunicación Social (EPACS) 2025. De acuerdo con los registros validados el 28 de abril de 2025, el presupuesto total asignado específicamente a la partida 36101 ascendió a la cantidad de 2,006.97 miles de pesos.
Este recurso fue etiquetado para una sola campaña denominada “Cobertura de servicios de telecomunicaciones”. El objetivo teórico de este gasto era dar a conocer los avances en proyectos de inversión para el despliegue de infraestructura y conectividad a nivel nacional, apuntando a una población tanto urbana como rural.
¿En qué se gastó el dinero?
El desglose del presupuesto revela una concentración significativa en medios digitales y electrónicos. El plan original contemplaba la siguiente distribución:
- Medios Electrónicos (Radio): Se destinaron 554.09 miles de pesos para radiodifusoras.
- Medios Digitales: La mayor parte del presupuesto publicitario, 1,292.88 miles de pesos, se asignó a plataformas digitales.
- Servicios de Evaluación: Se reservaron 160.00 miles de pesos para la realización de post-estudios, destinados a medir el impacto de la campaña.
Es relevante señalar que, para la partida 36201, no se registraron montos específicos dentro de los documentos de validación de la campaña principal, concentrándose la totalidad del recurso disponible en la partida 36101 de comunicación social.
El manejo de estos fondos no fue unilateral. En el proceso intervinieron tres entes clave:
- PROMTEL: Como la dependencia ejecutora que propuso la estrategia.
- SICT: Como la cabeza de sector encargada de supervisar el programa de su organismo descentralizado.
- Secretaría de Gobernación (SEGOB): A través de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, que validó técnicamente la propuesta el 28 de abril de 2025.
A pesar de contar con una vigencia programada del 1 al 29 de agosto de 2025, la historia del gasto tomó un rumbo administrativo drástico. Mediante el oficio No. UNMC/DGNC/0165/2026, fechado el 29 de enero de 2026, la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la SEGOB autorizó la cancelación de la Estrategia y el Programa Anual de Comunicación Social 2025 de PROMTEL.
¿Por qué se canceló?
La documentación oficial señala que la decisión se fundamentó en una justificación planteada por la propia Dirección Ejecutiva de Promoción de Inversiones de PROMTEL en relación con la “Certificación de Gastos” expedida por su Gerencia de Recursos Financieros. Esta cancelación implica que, a pesar de la planeación y reserva de más de dos millones de pesos, el programa no cumplió con el ciclo de ejecución previsto bajo la normativa de los lineamientos generales para el registro y autorización de estos programas.
El análisis de este caso evidencia una desconexión entre la planeación presupuestaria y la ejecución efectiva de los recursos públicos. El dinero destinado a comunicación social no es un fondo discrecional; tiene como propósito fundamental garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las acciones de gobierno que afectan su vida cotidiana.
Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el acceso a la información; el artículo 42 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 1, 123, 127, 133 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exigen la máxima publicidad y eficiencia en el gasto, resulta imperativo señalar lo siguiente:
La cantidad de dinero que se le otorgó a PROMTEL para estas partidas no está generando empleos directos ni está cumpliendo el propósito informativo para el cual fue creado. La cancelación de los programas tras haber sido validados y presupuestados refleja una falta de impacto real en la sociedad. Es urgente que los recursos de comunicación social dejen de ser meros trámites burocráticos y se conviertan en herramientas de transparencia que rindan cuentas claras a la nación, asegurando que cada peso invertido se traduzca en un beneficio tangible para el desarrollo de la infraestructura y no en procesos administrativos fallidos.