Emilio Ramos
Del triunfo electoral a la legitimidad del ejercicio del poder
¿Cómo se comunica un cambio de régimen político? ¿De qué manera puede la ciudadanía reconocer, comprender y evaluar las transformaciones que un gobierno impulsa en nombre del pueblo?
Estas preguntas adquieren especial relevancia en el México de Claudia Sheinbaum, cuya Presidencia se desarrolla en medio de reformas constitucionales, cambios institucionales y una redefinición de las relaciones entre el poder público y la ciudadanía.
La dimensión de estas transformaciones exige algo más que una intensa actividad de comunicación presidencial. No basta con anunciar reformas, presentar programas sociales, inaugurar obras de infraestructura o mostrar imágenes de respaldo popular. Es indispensable explicar qué proyecto de país se está construyendo, cuáles son sus prioridades, cómo se ejecutan sus decisiones y de qué manera sus resultados pueden ser conocidos y evaluados por la sociedad.
En una democracia, la comunicación gubernamental no puede entenderse únicamente como un instrumento para transmitir mensajes desde el poder. Debe constituir también un mecanismo de interlocución, divulgación, participación y rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva surge una pregunta central: ¿la política de comunicación de Claudia Sheinbaum contribuye a construir una gobernabilidad democrática incluyente o está orientada principalmente a consolidar y legitimar el proyecto político que representa?
El compromiso de gobernar para todos
El 15 de agosto de 2024, al recibir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia que la acreditaba como presidenta electa, Claudia Sheinbaum expresó compromisos de inclusión y respeto institucional.
Aquella ceremonia no solamente confirmó el resultado electoral. También abrió una etapa en la que la legitimidad obtenida mediante el voto tendría que traducirse en legitimidad durante el ejercicio del poder.
Ganar una elección representa el reconocimiento de una mayoría ciudadana. Gobernar democráticamente exige, además, reconocer a quienes no respaldaron la candidatura triunfadora y garantizar que sus derechos, necesidades y opiniones formen parte de la vida pública. Una mayoría electoral permite gobernar, pero no convierte a esa mayoría en la totalidad de la sociedad.
La legitimidad democrática se fortalece cuando las decisiones públicas pueden explicarse, discutirse y evaluarse, incluso desde posiciones críticas frente al gobierno. De ahí que el compromiso de gobernar para todos deba analizarse no solamente como una declaración política, sino como un criterio para evaluar la actuación gubernamental.
El reconocimiento del otro: una condición de la gobernabilidad
La inclusión democrática no consiste exclusivamente en distribuir beneficios sociales o reconocer derechos en las leyes. También exige que los distintos sectores de la población encuentren en el discurso gubernamental un reconocimiento de su identidad, sus aspiraciones y su condición de interlocutores legítimos.
En este punto adquiere importancia la manera en que la comunicación presidencial utiliza la noción de pueblo. Puede entenderse como una comunidad política amplia, integrada por ciudadanos con distintas condiciones económicas, culturales, territoriales y políticas. Sin embargo, cuando su representación discursiva se identifica principalmente con quienes respaldan un proyecto de gobierno, surge el riesgo de reducir simbólicamente la diversidad de la nación.
La clase media mexicana constituye un caso relevante para examinar este problema. Lejos de representar una categoría homogénea, comprende trabajadores asalariados, profesionistas, comerciantes, pequeños empresarios, académicos y familias con diversas expectativas de movilidad social.
La pregunta no es únicamente si existen políticas que beneficien a estos sectores. También importa determinar si encuentran reconocimiento en la narrativa presidencial y si cuentan con espacios efectivos para intervenir en las decisiones que afectan su vida. Una persona puede recibir beneficios de una política pública y, al mismo tiempo, sentirse excluida del discurso político que la justifica.
La gobernabilidad democrática necesita inclusión material, reconocimiento simbólico y participación efectiva.
Comunicar un cambio de régimen: las reformas y sus consecuencias
La Presidencia de Claudia Sheinbaum se inscribe en un proceso de transformación institucional iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado mediante nuevas decisiones políticas y legislativas. Las reformas judiciales, la reorganización de organismos autónomos y los cambios en las políticas públicas forman parte de una modificación significativa de la estructura del Estado.
Su alcance obliga a distinguir entre anunciar una reforma y divulgar sus consecuencias. Anunciar significa comunicar que una decisión ha sido tomada. Divulgar supone explicar sus fundamentos, sus objetivos, las instituciones involucradas, los derechos afectados y los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía podrá evaluar sus resultados.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue extinguido y sus funciones redistribuidas dentro de un nuevo esquema institucional, con atribuciones federales asumidas por instancias vinculadas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Por otra parte, las funciones de medición de pobreza y evaluación de la política social del Coneval fueron transferidas al INEGI, organismo que conserva autonomía constitucional.
No se trata de transformaciones institucionales idénticas. Pero ambas permiten formular una pregunta indispensable: ¿qué ocurre con la independencia, la eficacia y la accesibilidad de las funciones públicas cuando desaparecen las instituciones que anteriormente las ejercían?
La transferencia de atribuciones no equivale, por sí misma, a garantizar la continuidad efectiva de los derechos. La reorganización institucional debe evaluarse a partir de las garantías ofrecidas y de resultados verificables, no exclusivamente de sus justificaciones políticas o administrativas.
Transparencia y rendición de cuentas: el mandato ciudadano
La rendición de cuentas constituye uno de los fundamentos de la democracia. No representa solamente una obligación de las autoridades. También requiere una ciudadanía informada, activa y pendiente de que se cumpla el mandato otorgado mediante el voto.
El ciudadano elige a sus representantes, pero no renuncia por ello a su derecho de preguntar, cuestionar, participar y exigir explicaciones. El voto no constituye un cheque en blanco. La legitimidad electoral autoriza el ejercicio del gobierno dentro del marco constitucional; no elimina la obligación de justificar las decisiones públicas ni la necesidad de contar con controles institucionales.
La transparencia permite conocer cómo se utilizan los recursos, quién toma las decisiones, cuáles son los resultados de las políticas y qué responsabilidades corresponden a cada autoridad. Sin información pública accesible, el ejercicio de la vigilancia ciudadana se vuelve considerablemente más difícil.
No basta con que el poder informe lo que considera importante. La ciudadanía debe conservar la capacidad de preguntar por aquello que el gobierno no comunica espontáneamente.
¿Comunicación vertical o interlocución democrática?
Las conferencias de prensa, los mensajes presidenciales, las redes sociales y los actos públicos constituyen instrumentos relevantes para informar a la población. Su alcance puede favorecer el conocimiento de las acciones gubernamentales y contribuir a una relación más directa entre la Presidencia y la sociedad.
Sin embargo, la intensidad de la comunicación no garantiza, por sí misma, la existencia de diálogo. Una comunicación predominantemente vertical transmite decisiones, define prioridades y establece interpretaciones desde el poder. La interlocución democrática exige algo adicional: escuchar preguntas, reconocer desacuerdos, responder solicitudes y permitir que las observaciones ciudadanas influyan en la discusión pública.
El análisis de la comunicación presidencial debe examinar la accesibilidad de las instituciones, los mecanismos para solicitar información, la atención a periodistas e investigadores y la disposición para responder preguntas críticas.
La comunicación gubernamental no puede reducirse a la capacidad del poder para hablar; debe garantizar también la capacidad de la sociedad para preguntar y obtener respuestas.
Del Plan Nacional de Desarrollo a los resultados
México cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que establece objetivos y prioridades de la acción gubernamental. Pero la existencia de un instrumento de planeación no resuelve, por sí sola, el problema de la gobernabilidad.
Para que un plan se convierta en una referencia efectiva de la vida pública, sus objetivos deben traducirse en programas, presupuestos, responsabilidades institucionales y resultados evaluables. La secuencia democrática exige planear, comunicar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas.
La comunicación presidencial tiene la responsabilidad de explicar no solamente qué pretende hacer el gobierno, sino cómo organiza sus decisiones, qué recursos utiliza, cuáles son los plazos de cumplimiento y qué resultados pueden comprobarse.
Tampoco deben confundirse tres dimensiones diferentes: el proyecto de un partido político, el programa de un gobierno y las responsabilidades permanentes del Estado. Un gobierno puede impulsar legítimamente su proyecto político, pero sus obligaciones institucionales alcanzan a toda la población, independientemente de sus preferencias electorales.
La segunda etapa de una transformación política
La Presidencia de Claudia Sheinbaum representa una etapa decisiva para evaluar el proyecto de transformación política iniciado en México en 2018. Más allá de la continuidad de sus principios y compromisos, el desafío consiste en reconocer el estado real de las instituciones, distinguir los avances de las insuficiencias y corregir las decisiones que no hayan producido los resultados esperados.
Gobernar una nueva etapa no significa únicamente profundizar lo heredado, sino tener la capacidad política de examinarlo críticamente. La transformación democrática adquiere sentido cuando el poder es capaz de corregirse y cuando la ciudadanía dispone de información y mecanismos para exigir esa corrección.
Frente a una comunicación cotidiana que a veces parece una sucesión de sorpresas, es responsabilidad del análisis periodístico identificar la estructura del proyecto gubernamental y sus efectos para la sociedad. Los anuncios aislados no permiten, por sí solos, conocer la lógica que los vincula, sus prioridades, sus contradicciones o sus consecuencias. Reconstruir esa lógica tampoco significa dar por demostrada su coherencia: significa someterla a evaluación pública.
Conclusión: del poder comunicado a la democracia ejercida
El triunfo electoral de Claudia Sheinbaum le otorgó una legitimidad de origen que constituye el fundamento democrático de su Presidencia. Pero la legitimidad no es una condición que se obtiene una vez y permanece intacta durante todo el mandato. También se fortalece —o se debilita— mediante la forma en que se ejerce el poder.
La comunicación presidencial puede convertirse en un instrumento para explicar las transformaciones institucionales, fortalecer la confianza, reconocer la diversidad social y ampliar las posibilidades de participación ciudadana. O puede orientarse principalmente a consolidar adhesiones y defender decisiones sin suficientes espacios de deliberación. Determinar cuál de estas tendencias predomina exige examinar discursos, prácticas institucionales, mecanismos de transparencia y resultados verificables.
La pregunta sobre para quién se gobierna no puede responderse únicamente con una declaración de inclusión. Su respuesta se encuentra en la manera en que el poder reconoce a quienes discrepan, atiende sus necesidades y garantiza sus derechos.
Una democracia no se fortalece porque todos piensen como el gobierno, sino porque incluso quienes no comparten su proyecto pueden reconocerse como ciudadanos plenamente representados y protegidos por sus instituciones.
La verdadera prueba de una transformación democrática no consiste en proclamar que todo lo anterior estaba equivocado ni que todo lo nuevo es correcto. Consiste en construir instituciones capaces de reconocer sus errores, corregir sus decisiones y responder ante la sociedad.
Fuentes documentales de referencia
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sesión del 15 de agosto de 2024: https://www.te.gob.mx/media/estenograficas/superior/ve_15820241200.pdf
Presidencia de la República, toma de protesta, 1 de octubre de 2024: https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-toma-de-protesta-de-claudia-sheinbaum-como-presidenta-constitucional-de-los-estados-unidos-mexicanos
Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, Diario Oficial de la Federación: https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5755162