Oscar Negrete Reveles
La democracia como forma de gobierno continúa evolucionando. Sus elementos fundacionales son, por un lado, el voto libre, secreto y popular y, por el otro, la división de poderes, tradicionalmente estructurada en poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Una vez consolidados esos elementos primigenios de la democracia, surgieron otros adicionales, como los organismos constitucionales autónomos. La necesidad de estos organismos se justificó porque las tareas de carácter técnico que recaían en el poder ejecutivo originalmente, se delegaban, por decisión unilateral del propio ejecutivo, en funcionarios que este designaba sin la intervención de algún otro poder y cuya idoneidad técnica no era la apropiada. Por tanto, ante la necesidad de contar con perfiles técnicos y especializados para atribuciones de ese carácter, se crearon los organismos constitucionales autónomos, que se integran por funcionarios públicos con una educación y un perfil técnico específicos y para cuya elección existen procesos de selección a través de la evaluación de capacidades técnicas o inclusive la intervención de otro poder.
Los organismos constitucionales autónomos son necesarios porque evitan que el poder ejecutivo extienda sus facultades e interfiera con la autonomía técnica que requiere una actuación imparcial y apolítica.
Por la naturaleza unipersonal del Poder Ejecutivo, su ejercicio es delicado y la experiencia política ha obligado a las estructuras democráticas a evolucionar para limitarlo.
Por ejemplo, el Poder Legislativo debe acotar, por medio de la legislación, las actuaciones de todo el poder público. Pero para ello no basta la perspectiva única de la integración de esa soberanía. Se requiere un mayor nivel de participación ciudadana y transparencia para asegurar que la actividad legislativa sea incluyente y verdaderamente representativa de los temas que la sociedad en su conjunto demanda, así como de aquellos que deben empatarse con las mejores prácticas legislativas en materia internacional, tal como la agenda legislativa para el cuidado del medio ambiente y el agua, el combate al terrorismo y al lavado de dinero, la protección de especies animales en extinción, el fortalecimiento de la independencia de poderes entre sí, la protección a los derechos humanos y otras formas de cooperación internacional que requieren leyes similares en diferentes países, para obtener resultados similares globales e intercambiar experiencia entre naciones.
Esa participación ciudadana se obtiene a través de la herramienta conocida como parlamento abierto. El parlamento abierto es una forma de interacción entre el Poder Legislativo y la ciudadanía en la que los miembros de la sociedad civil, por conducto de organizaciones no gubernamentales, empresas, académicos, etcétera, se presentan en foros abiertos al público ante el Poder Legislativo para expresar sus opiniones acerca de los temas pendientes de la agenda legislativa. Así, cuando el Poder Legislativo se reúne para crear, modificar, derogar o abrogar una ley, lo hace tomando en cuenta las opiniones de la sociedad civil. Con esto, se incrementa el nivel de satisfacción con una ley, se transparenta el proceso legislativo y se fomenta la representatividad y la rendición de cuentas, pues si la ley expedida es contraria a los intereses de la sociedad manifestados durante las sesiones de parlamento abierto, entonces los votantes tomarán una decisión diferente en materia de elecciones legislativas para la legislatura subsecuente.
Con ello, el parlamento abierto se vuelve una herramienta idónea de participación ciudadana para la creación o modificación de las leyes, evita que el Poder Legislativo se vuelva comparsa del Poder Ejecutivo, al diseñar leyes escuchando a la sociedad civil de forma directa y no únicamente para servir de apoyo irrestricto al Poder Ejecutivo. Con las memorias de las sesiones de parlamento abierto, queda registrado, para efectos de transparencia, el deseo o visión de la sociedad civil manifestado a los legisladores y, en consecuencia, la sociedad puede observar si hay diferencia o concordancia entre lo manifestado a los legisladores y lo legislado en las cámaras. La sociedad debe sentir a la ley como algo suyo y no como algo ajeno, por ello es de la mayor importancia el involucramiento de la sociedad en la actividad legislativa, la transparencia y la rendición de cuentas.
En perspectiva, la mejor herramienta de que una sociedad dispone para que su estructura democrática funcione, es el respeto a la ley. Por ello, debe trabajarse en asegurar que los mecanismos de creación legislativa sean lo más transparentes y participativos posibles, para que la ley tenga un mayor grado de legitimidad formal y material. Con esta legitimidad, se asegura una mayor participación de la sociedad en la medición de los efectos de la ley al ser reglamentada, aplicada y administrada por el Poder Ejecutivo.
Los países que tienen un mayor índice de lo que se ha llamado coloquialmente “imperio de la ley”, para expresar el hecho de que la ley se cumple y la impunidad es mínima, han logrado esos índices a través de la inclusión de la sociedad civil en las decisiones legislativas y de la educación de la población en materia de participación política. Estos elementos educativos deben fomentarse desde la educación básica, como elementos de la vida democrática exitosa y colectivamente benéfica. De no lograr esta educación y esta participación, nuestro país seguirá transitando por el camino del conflicto entre facciones políticas, populismo, conflictos entre grupos de poder, contaminación ambiental, y corrupción generalizada.