El derecho a la energía

Autor Congresistas
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Suenan y resuenan las voces en los parlamentos abiertos, el reto es garantizar la generación de la electricidad y vencer la pobreza energética. Así con más de tres décadas de parlamentos abiertos se desarrollan en el Congreso de la Unión las herramientas legislativas de la representación popular para conocer la voz de todos y la posibilidad de la inclusión de esa representación en la ley que resume el derecho al acceso a la energía.

En el ambiente de la discusión de la reforma eléctrica flota también en la realidad de la pobreza y la marginación energética, el derecho al Internet acompañado del derecho a la luz eléctrica, una ecuación de derechos de la modernidad pandémica.

Cuando se trata de la energía eléctrica vale la pena contar cómo y por qué se narra un registro novedoso en la historia de la democracia, las necesidades de la información acompasada por la transparencia y la representación popular de uno de los tres Poderes de nuestro régimen político. Un Poder Legislativo conjugando el interés del sector empresarial y de otro, el público, el de los consumidores, el de los derechos, el de los marginados y de productores de energía y las conexiones con el tema ambiental.

La narrativa

Y es que están bajo la lupa y la mirada de todas las optrías en los parlamentos abiertos de la reforma eléctrica. Todos con sus momentos de luces y de sombras, estallidos de interés, de relámpagos de corrupción y denuncia, todos promoviendo el diálogo, abriendo la discusión, alimentado el contraste y registrando participaciones de todos los sectores.

En los objetivos de los parlamentos va la cobertura y participación por la reafirmación de la rectoría del Estado en materia de electricidad, en la mirada a los derechos humanos de la energía eléctrica, dígase de forma coloquial a la energía del sol, tierra, agua, del viento y otras fuentes de energía como el litio, todos en la ruta de la rectoría del Estado, el régimen de economía mixta, lo que se traduce en ley que propone como una inversión el 56% de parte del gobierno y el 44 restante de la iniciativa privada.

La idea de la reforma es asegurar con el Estado mexicano una energía barata y limpia para todos sin exclusión y rechazo del acaparamiento de pocos, del encarecimiento de la electricidad como ocurrió en España.

Hechos

Hay parlamentos más interesantes o intensos que otros, todos mostrando la inquietud de la participación. La agenda es tan amplia como la claridad de los resultados, la siempre polémica de distinto nivel, pero siempre en la presión de influir en la construcción de una gran reforma eléctrica con democracia.

Atrás 20 foros celebrados y otra decena más a celebrar y los que faltan. En lista la convocatoria a empresarios, especialistas, académicos, trabajadores, funcionarios, ambientalistas, investigadores y la participación de los legisladores de todos los partidos con la coordinación del diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXV Legislatura.

Queda al rescate del interés público de las propuestas y posturas emitidas en los distinto parlamentos, el tono y alcances, los objetivos y los enfoques de los intereses a discusión.

En la mesa de discusión

Al tono de la democracia de esta conversación legislativa resalta la celebración del 10º Parlamento Abierto titulado “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad”, en la Mesa de Discusión la esperada participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el empresario Carlos Salazar Lomelí, alcanzando una interesante escalada en medios de comunicación.

Y presentes en el 10º Parlamento, los diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Luis Espinosa Cházaro en representación del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y por Movimiento Ciudadano, José Mauro Garza Marín y el diputado Manuel Herrera Vega.

En la participación por la sociedad civil el licenciado Carlos Salazar Lomelín, Francisco Salazar Díez de Sollano, Mariana Campos, Miguel Santiago Reyes Hernández, José Arturo Cerón Vargas y Carlos Guerrero de Lizardi.

Participaciones

Transitando por la participación en los parlamentos encontramos a Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, exdiputado del PAN, expresidente de la Comisión Nacional de Energía, consultor en la materia, coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores (ICER) e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), planteó que que la reforma propuesta incrementará el costo de generación y de suministro básico derivado del incremento en el consumo de combustóleo. Sostuvo que la reforma revela “la necesidad de consumir el excedente de ese combustible, producido en las refinerías debido a la idea de la conveniencia de incrementar la refinación en el país”. Cuestionó quién pagará los 4 mil mdd que implica la iniciativa, cuando preve la afectación que con la reforma sufrirán los hogares mexicanos y advirtió que la iniciativa representa un costo.

Salazar Díez de Sollano se refirió a las fuentes de energía renovables como la nuclear , fotovoltaica, eólica identificadas a costos variables y cerca de casi cero, agregando a las hidro que cuentan con un valor mayor en horas de producción, por lo que su costo por oportunidad es mayor. A la hidro sigue la nuclear y después la térmica. El consultor ilustró “si yo quiero producir cierta cantidad de electricidad, la manera más económica de hacerlo es con aquellas unidades que tienen los menores costos variables” Y apuntó “La reforma propone despachar en primer lugar las plantas de CFE, desplazando a las plantas privadas, aunque tengan menores costos”.

Tras explicar que el análisis se realizó con tres escenarios posibles, sostuvo que “el primero considera que en el despacho de centrales de CFE se asegure su nivel mínimo de producción, mientras que el resto de la capacidad se somete a un despacho económico y que el tercero maximiza la generación de CFE más allá de los niveles mínimos de producción, concluyendo que en el primer escenario el incremento en el costo de generación es de 3,322 mdd, el segundo de 3 mil 267 por una mayor participación de los PIE y en el tercero sería de 5 mil 566 millones de pesos al año.

Díez de Sollano cierra con la reflexión sobre ¿quién pagará entonces los 3 mil a 4 mil millones de dólares anuales que implica la iniciativa? ¿Los hogares mexicanos, nuestra industria, que tiene que competir, los contribuyentes? ¿Qué programas presupuestales se afectarán? Selló su intervención respondiendo como quedó demostrado, la iniciativa tendrá este costo.

Los espacios de participación

Para Carlos Guerrero de Lizardi, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la reforma de 2013, produjo un deterioro que impactó a la eficiencia de la CFE, agravado esto con la pandemia que produce un cierre total o parcial de empresas con inimaginables consecuencias. Dijo que se llegó a una producción por debajo de la eficiencia de la CFE, lo que la limitó a enfrentar problemas que hoy se reflejan en el “rubro de otros gastos debido a que se le prohibió generar energía y resumió a que con la reforma lo que se propone es que la CFE aplique su eficiencia”.

En cuanto a la participación de Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, la reforma eléctrica debe ser rechazada, pues no fortalece a la CFE “ni resuelve los retos del sector al poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto donde las energías limpias son urgentes”. Para Campos Villaseñor la propuesta no traduce claridad para la participación privada en el sector y cancela contratos, genera litigios y pagos de indemnizaciones valuados en más de 60 mil mdd por la CFE. Advierte que la reforma limita el desarrollo de México e incrementa la “participación de la CFE, en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico, por lo que la reforma debería ampliar y no limitar la generación de electricidad.

Mariana Campos de México Evalúa, declaró que la reforma no favorece a la CFE y se postula un antiguo modelo que se da en el contexto de la necesidad de impulsar la generación de energías limpias y renovables que requieren de inversión. Sostuvo que el monopolio estatal en materia de electricidad dejó de ser viable. Se fue a los registros manifestando que los privados generan 62% de la energía eléctrica a nivel nacional. Con la actual reforma se busca reducirla de tajo a 46% y dar claridad en los términos de su participación. Se mostró a favor de la cancelación de contratos de participación privada que derivará “en litigios, pago de indemnizaciones, valuados en más de 60 mil mdd por la CFE, un 20.5 de nuestro presupuesto público, por contratos cancelados de facto, esto es una destrucción de valor que creo que tenemos que enfocar una reforma en un objetivo y en una misión distinta. El costo de la misma es limitar el desarrollo de México”.

En opinión del director general de la empresa filial en la Comisión Federal de Electricidad Capital e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, José Arturo Cerón Vargas, “la propuesta del Ejecutivo federal busca fortalecer a las empresas filiales, generar crecimiento y desarrollo económico, levantar capitales y dar certidumbre al público inversionista”. Agregó que las herramientas financieras son estratégicos para la CFE, debido a que facilitan el fortalecimiento de inversiones para el desarrollo del sector eléctrico, de manera que a largo plazo sea sostenible!. Planteó que tener mejores rendimientos depende de la tarifa de transmisión.

Para Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, felicitó a los legisladores por la realización y convocatoria de los foros. Expresó que en los últimos 30 años el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para México: dinamismo económico, finanzas púbicas que favorezcan los objetivos sociales, sustentabilidad ambiental e integración global. Resumió que la iniciativa de reforma propuesta implica retornar a un modelo cercano a los años de 1960. Para Salazar Lomelí la participación privada en el sector eléctrico se tradujo en avances incuestionables: acceso a suministro eléctrico más competitivo; recursos presupuestarios destinados al sector optimizados; fortalecimiento financiero de la CFE, avances en la transición hacia fuentes limpias, flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos en nuestra historia.

Hizo un llamado a la unidad indicando que “en la historia de nuestro país cada vez que nos dividimos perdemos todos, cada vez que prevalece la polarización se esfuman las oportunidades de bienestar para nuestros hijos. Debemos de llevar la discusión al centro, a la racionalidad, con datos duros y con responsabilidad”.

Advirtió el líder de los empresarios que se requiere un debate genuino, adecuado, pedagógico, responsable, que puede convertirse en un hito, en un punto de inflexión en la forma de proponer política pública en nuestro país. En los últimos 30 años, el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para México: dinamismo económico; finanzas públicas sanas, que favorezcan los objetivos sociales. Los objetivos sociales: sustentabilidad ambiental, habilidad ambiental, e integración global.

Desatacó que la Iniciativa Privada ha logrado avances innegables como: empresas accediendo al suministro eléctrico más competitivo; recursos presupuestarios destinados al sector se optimizaron, incluyendo el fortalecimiento financiero de la Comisión Federal de Electricidad; acceso acelerado en la transición hacia fuentes limpias, y flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos en nuestra historia.

Planteó que la reforma no busca desaparecer la CFE, pues el objetivo es que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia, con una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva.

Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, se pronunció por la reforma, dijo que se tiene como propósito dar fin a la simulación del mercado eléctrico actual, “respecto al bajo precio de las energías renovables, pues estas sólo toman en cuenta los costos variables”. Indicó que la CFE atiende a las poblaciones pobres, “lo que a los privados no les interesa llevar electricidad, porque no es rentable”. Aclaró que es mentira que la Comisión Federal de Electricidad sea cara y sucia, porque si se consideran los costos de generaciones; se observa que las eólicas y solares no son las más baratas. Los costos fijos de estas plantas son muy elevados. “Sólo dicen verdades a medias y a modo”.

En los temas

Los legisladores mostraron preocupación por el impacto de la reforma a la baja de las tarifas; desplazamiento de empresas privada para ocuparlas la CFE obligada a cubrir el 54% de la energía; la CFE como la empresa única en su ramo, único vendedor y comprador de la generación de energía eléctrica, cambio de modelo eléctrico, competencia en condiciones de igualdad, generación de energía limpia , costos, reducción de la disparidad de precios en distribución, transmisión y capacidad, uso de combustóleo y medio ambiente y los impactos en salud, efectos de la reforma en el incremento de empleo, acceso garantizado a la energía.

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