Rodolfo Aceves Jiménez*
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene y defiende su estrategia en materia de seguridad con dos elementos: la regionalización del país y la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, a una planeación como esta, le faltaría algunos ajustes para que sus fortalezas provean todo el diseño institucional para el que fue creado.
Hoy la Guardia Nacional se divide en 266 regiones en materia de seguridad. Integró a los elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para crear este organismo, pero todavía le falta. Hasta aquí hay una nueva dependencia que pretendería substituir a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
La Guardia Nacional se inserta en la reforma al artículo 21 constitucional, se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Presupuesto de Egresos, así como en el Programa Sectorial de Seguridad, y por extensión, en el Programa Sectorial de Defensa Nacional. La Estrategia Nacional de Seguridad es un documento con la visión de la presente administración, pero carece de la conexión dogmática necesaria institucional.
Uno de los problemas de la seguridad consiste en su politización y que ahoga al sistema de seguridad, debido a que en algunas ocasiones se sobrepone el carácter político al carácter técnico operativo de la seguridad.
En algunas ocasiones la ausencia de voluntad produce descoordinación y falta de estrategias, mientras que el exceso de estas produce un dispendio de recursos innecesarios.
Una de las entidades trata de entorpecer las actividades de otra de las entidades de los poderes, llámese de la federación o de las entidades federativas, con un resultado de fracaso en un operativo o de la aplicación de una estrategia. El propósito es electoral, económico o de costo político.
Cuando llega el fracaso y en el deslinde responsabilidades pues resulta que todas las instancias de seguridad cumplieron la parte que les corresponde y nadie es responsable del fiasco en los operativos.
En medio de las responsabilidades se encuentra la clase política que no quiere asumir su responsabilidad y en muchas ocasiones ha demostrado su incapacidad para dirigir la seguridad pública.
Debería ser momento de reflexionar el desempeño de la clase política y la posibilidad de desplazarla de las decisiones de seguridad. Administraciones de todos los colores y signos políticos han demostrado su incapacidad para el ejercicio de la función, salvo algunas excepciones con casos de éxito.
También en medio de las deficiencias de las autoridades locales se encuentra la Guardia Nacional, que pasó de un mando civil a un mando militar, avivando las críticas sobre la militarización de la seguridad y sin que esto resuelva el problema de inseguridad y ya presenta sus propios frentes de crisis.
La incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional difícilmente solucionaría el problema de inseguridad. Entre otras cosas, debido a que las fortalezas de Defensa Nacional superan las capacidades de la delincuencia, produciendo un desfasamiento por la capacidad de fuego de ambas fuerzas y generando nuevos frentes para la seguridad.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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