20 años de 2006: ayuda de memoria

Autor Congresistas
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Sergio González

La elección presidencial del 2 de julio de 2006 constituye uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral contemporánea de México. 

Su importancia no radica exclusivamente en la estrechez de sus resultados, sino también en las consideraciones que formuló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la intervención de actores ajenos a las candidaturas, particularmente el entonces presidente Vicente Fox Quesada y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El 5 de septiembre de 2006, la Sala Superior aprobó por unanimidad el dictamen relativo al cómputo final, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo. Una lectura detenida de aquel documento revela algo que merece especial atención: el Tribunal reconoció irregularidades en la conducta de actores políticos y empresariales que incidieron en el contexto de la competencia electoral, aunque concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar que hubieran sido determinantes para modificar el resultado. Esta distinción es fundamental para comprender jurídicamente aquella elección. Declarar válida una elección no significa afirmar que durante su desarrollo todo se ajustó a la legalidad. 

Uno de los aspectos más relevantes del dictamen es el análisis de las declaraciones públicas de Fox durante la campaña presidencial. La Sala Superior examinó diversas expresiones del mandatario en las que defendía la continuidad del modelo económico, cuestionaba las propuestas de cambio y utilizaba frases como “más vale paso que dure y no trote que canse” y “hay que cambiar de jinete, pero para qué cambiar de caballo si el caballo va caminando bien”.

El problema jurídico no consistía en determinar si el presidente tenía derecho a expresar sus opiniones económicas o políticas. La cuestión era establecer si, por su investidura y posición institucional, sus manifestaciones podían influir indebidamente en la libertad del sufragio y alterar las condiciones de equidad entre los contendientes.

El Tribunal advirtió que aquellas expresiones podían interpretarse como una invitación a mantener la continuidad política, lo que beneficiaba potencialmente al candidato del partido gobernante. Más aún, el dictamen contiene una consideración particularmente significativa, pues sostuvo que las declaraciones presidenciales representaron un riesgo para la validez de los comicios. Señaló que, de no haberse debilitado su posible influencia por otros actos y circunstancias concurrentes, podrían haber constituido un elemento de mayor relevancia para considerar determinante la irregularidad.

No se trató, por tanto, de una simple observación protocolaria. El órgano jurisdiccional identificó un problema constitucional relacionado con la posición del jefe del Estado frente a una contienda en la que participaba el partido al que pertenecía.

El segundo elemento merece una atención especial. La participación del CCE mediante promocionales difundidos en radio y televisión durante la etapa final de las campañas. El Tribunal analizó dos anuncios contratados y difundidos por el organismo empresarial. Aunque no mencionaban expresamente a ningún candidato, su contenido tenía una clara connotación político-electoral.

Uno de ellos promovía la continuidad de las políticas económicas vigentes, con mensajes como “apostarle a algo distinto es retroceder” y “defendamos lo que hemos logrado”. El otro recurría a una referencia a la estabilidad económica de los últimos diez años y advertía sobre los riesgos de cambiar el rumbo.

La Sala Superior realizó un análisis contextual de esos mensajes y encontró una conexión temática entre la propaganda empresarial y los promocionales del PAN que cuestionaban las propuestas económicas de López Obrador. La conclusión jurisdiccional fue particularmente importante. El Tribunal consideró acreditado que el CCE había contratado y difundido propaganda que favorecía a dos fuerzas políticas (PAN y PRI) y perjudicaba a otra, la coalición Por el Bien de Todos, así como a su candidato presidencial.

La Sala determinó que esa conducta contravenía el artículo 48, párrafos 1 y 13, del entonces COFIPE, que regulaba las condiciones de contratación de propaganda electoral y prohibía a terceros contratar propaganda en favor o en contra de partidos y candidatos. Calificó la conducta como una violación a los principios constitucionales de igualdad en la contienda y legalidad electoral.

Hay un detalle que no debe pasar inadvertido. El propio dictamen estableció que no era suficiente que el organismo empresarial presentara sus mensajes como una promoción general de sus ideas sobre el desarrollo económico. La libertad de expresión no permitía desconocer las restricciones que la legislación electoral imponía a terceros durante las campañas.

No obstante, la Sala Superior consideró que esa irregularidad, por sí sola, no era determinante para el resultado electoral, porque no existían pruebas suficientes para establecer la frecuencia e intensidad de la difusión, su penetración entre los electores y sus efectos concretos sobre el comportamiento del voto.

Aquí aparece una de las cuestiones más discutibles de la calificación. El Tribunal tuvo por acreditada la infracción, pero consideró insuficientes las pruebas para demostrar su impacto determinante en el resultado.

La resolución de 2006 debe leerse distinguiendo dos cuestiones que frecuentemente se confunden en el debate público: la existencia de irregularidades y su capacidad para invalidar una elección.

El TEPJF no sostuvo que la intervención presidencial fuera irrelevante ni que la propaganda empresarial hubiera sido legal. Reconoció problemas concretos y examinó sus consecuencias desde los principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y autenticidad electoral. La dificultad estuvo en determinar si las irregularidades acreditadas podían considerarse suficientemente graves y determinantes para impedir la declaración de validez.

La diferencia entre candidatos fue de aproximadamente 0.58% de la votación, equivalente a 243,934 votos. En una contienda tan cerrada, el análisis de las condiciones de equidad adquiría una dimensión constitucional extraordinaria.

Sin embargo, la Sala Superior consideró que no se había demostrado objetivamente que las irregularidades examinadas hubieran modificado la orientación del voto de manera preponderante. La resolución dejó una lección jurídica que trasciende a sus protagonistas. En una democracia constitucional, el poder presidencial y el poder económico también están sujetos a límites cuando sus actuaciones pueden incidir en la competencia electoral.

La persona titular del Poder Ejecutivo Federal no pierde su libertad de expresión por ocupar el cargo, pero tampoco puede desconocer la responsabilidad institucional que implica su investidura. De igual manera, los organismos empresariales tienen derecho a participar en la discusión pública, pero ese derecho no los exime de respetar las reglas que regulan la propaganda electoral.

La historia jurídica de 2006 no puede reducirse a la afirmación de que el Tribunal declaró válida la elección y reconoció a Calderón como presidente electo. También debe recordarse que el propio órgano jurisdiccional documentó intervenciones que afectaron los principios de igualdad y equidad de la contienda, y que advirtió expresamente sobre el riesgo que representaron determinadas conductas presidenciales para la validez de los comicios.

La reflexión de fondo es inevitable. ¿Cuánto debe exigirse a una autoridad electoral para demostrar que una intervención indebida alteró la voluntad ciudadana? ¿Debe esperarse una prueba directa del cambio de intención de millones de electores o debe reconocerse que determinadas conductas, por su gravedad y por las condiciones en que ocurren, pueden comprometer por sí mismas la autenticidad de una elección?

No son preguntas menores. En materia electoral, la legitimidad democrática no se agota en contar votos y establecer quién obtuvo más. También exige garantizar que esos votos se emitan en condiciones de libertad, equidad y ausencia de interferencias indebidas.

La enseñanza más importante del dictamen de 2006 es que la validez formal de una elección y la calidad democrática de las condiciones en que se desarrolla son cuestiones relacionadas, pero no idénticas. Y esa distinción sigue siendo indispensable para evaluar la responsabilidad de quienes ejercen el poder político y económico frente a la voluntad popular.

X: @ElConsultor2

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