Magistrados, representantes del CJF y de trabajadores del Poder Judicial fijan postura sobre reformas constitucionales

Autor Congresistas
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• Participan en el segundo foro de los diálogos nacionales que organiza la Cámara de Diputados 

Magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales, y abogados, externaron sus posturas en los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados.

Se busca escuchar a todos los sectores de la población

Al moderar la mesa, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) dijo que en 1994 bastaron dos meses para que se pudiera hacer una reforma al Poder Judicial, no se consultó a nadie, simplemente fue el Poder Legislativo el que la aprobó. En 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba sin ministros de enero a febrero y como tal, hubo una disminución de 26 ministros a 11. 

“Hoy no queremos hacerlo en el Recinto Legislativo y en un debate al interior de las comisiones, sino por supuesto escuchando a todos los sectores de la población y bajo el esquema de que ustedes puedan enriquecer la norma que indudablemente también se habrá de aprobar”, comentó.  

Necesario, justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial

El magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del CJF, Juan Pablo Gómez Fierro, destacó que cuando se habla de mejorar al Poder Judicial de la Federación, no solo implica la modificación de los derechos laborales de más de 50 mil servidores públicos que lo integran, sino poner en el centro de la reforma a los justiciables y la efectiva protección de los derechos humanos, ya que México necesita una justicia de calidad, eficiente, completa e imparcial. 

Indicó que esa función trascendente puede ser llevada a cabo o no si no se cuenta con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia. 

Por ello, dijo, el ejercicio de recursos debe tener como objetivo principal hacer más eficiente la función judicial, que no se comprometan las garantías de independencia, competencia e imparcialidad necesarias para que los operadores de justicia cumplan con los deberes que le son encomendados. 

La austeridad, precisó, puede adecuarse sin poner en riesgo la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores, así como la legitimidad e independencia judicial; cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolle el Poder Judicial, como también garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio.

El Poder Judicial debe contar con autonomía presupuestaria

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, aseguró que este Poder debería contar con autonomía presupuestaria; sin embargo, es la Cámara de Diputados quien destina los recursos que dispondrá por año y fue solo en 2013 cuando se respetó la solicitud presupuestal. Resaltó que quienes ahí laboran se destacan por su eficiencia, eficacia, honorabilidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Advirtió que afectar financieramente al Poder Judicial no solo implica un impacto en su operación, pues también limitaría el acceso a la justicia a ciento de miles de mexicanos, lo que retarda la solución de los asuntos, se traduce en una sobreexplotación de los recursos humanos y “se convierte en una esclavitud velada”. Solicitó garantizar una remuneración adecuada por el trabajo, pues si se quiere llevar a buen puerto la reforma, es primordial destrabar la contención salarial de secretarios y actuarios. 

Hacer dignificante la labor

Carolina Villagrán, visitadora judicial “B” del Consejo de la Judicatura Federal, relató que son 19 visitadores a nivel nacional que revisan la actuación de más de mil 600 jueces y magistrados. “Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa y valiosa. Los reconozco, los admiro y los respeto profundamente, pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado a nuestra institución; no solo afectan nuestra imagen, sino también los derechos de los trabajadores; hay titulares enfermos de poder, de querer manipular y controlar”.

Llamó a fortalecer la Unidad especializada en combate de acoso laboral y sexual, ya que “es una realidad que viven y vivimos todas las funcionarias del Poder Judicial de la Federación. El acoso laboral, la intimidación, el exceso de poder, el nepotismo, nos equivocamos, y la consecuencia, es que el pueblo de México no confía en nosotros, por lo que se debe hacer dignificando nuestra labor; no es un tema de recursos sino de vocación, claro que se puede tener austeridad, siempre y cuando haya racionalidad”.   

Hacer profunda reflexión sobre sistema de elección

Sergio Arturo López Servín, secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito del CJF, consideró que el contexto actual del país obliga a hacer una profunda reflexión sobre el sistema de elección de las y los juzgadores, tal como lo plantea la reforma, dando la importancia que merece, por lo que “así como no puede haber legisladores improvisados, tampoco debe haber impartidores de justicia improvisados, se debe precisar el perfil que se requiere”.

Hizo votos para que la propuesta de la reforma constitucional para la elección por voto popular como un nuevo sistema selectivo permita contar con más juzgadores de excelencia humana y profesional, como muchos de los que ya existen en las filas del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de la protección de los gobernados, así como en respuesta a una sociedad que reclama justicia y exige de sus funcionarios el máximo apego a las leyes y la defensa de los derechos humanos.

Juzgadores no crean tribunales ni distribuyen cargas de trabajo

El presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Segundo Circuito, Ricardo Garduño Pasten, aclaró que, aunque existe un reclamo por la tardanza y falta de efectividad en la impartición de justicia, las y los juzgadores no crearon los tribunales ni distribuyen las cargas de trabajo; por ello, hacen lo que pueden junto con el personal que trabaja jornadas extenuantes, llegando a estar “ahogados de casos”. Sugirió una mayor inversión en órganos jurisdiccionales y no en órganos administrativos.

Lamentó que quienes integran la carrera judicial sean los de “talacha nos tocan las amenazas y atentados del crimen organizado, juzgadores han sido privados de la vida de forma violenta, de ahí la necesidad de salvaguardar los fideicomisos relacionados a los derechos laborales”. Agregó que crear un Tribunal Especializado de Disciplina no generará inquietud si es imparcial y objetivo.

Eliminación de fideicomisos promueve una mayor transparencia

Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno del Estado de México, sostuvo que la eliminación de fideicomisos propuesta en la iniciativa promueve una mayor transparencia sobre el uso de los fondos públicos alineándose con los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política, y la iniciativa incluye disposiciones transitorias para salvaguardar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial. 

Señaló que los ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. “No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad; afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría, esos jueces y juezas son los que harán que el Poder Judicial en el país prospere”.

La reforma es acertada

El encargado de Despacho de la Subconsejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos del Gobierno del Estado de México, José Carmen Castillo Ambriz, indicó que estos diálogos buscan conocer la expresión de los sectores de la sociedad sobre esta reforma y que, desde su punto de vista, es acertada, principalmente sobre la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, pues este consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

La reforma, afirmó, es acertada porque ahora la función de administración se le otorgaría a un órgano administrativo judicial, y las otras de vigilancia y disciplina a un tribunal de disciplina judicial que se va a encargar de la revisión y disciplina del Poder Judicial, pero estos dos organismos “ya van a regular, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el puesto más pequeño del Poder Judicial; esa es la importancia y lo acertado de esta reforma”. 

Oportunidad para construir un nuevo México

El doctor en derecho Jaime Miguel Moreno Garavilla, manifestó que no se debe ver a esta reforma como una guerra fratricida, sino como la oportunidad de construir juntos al nuevo México y la nueva infraestructura social, institucional, jurídica y política que haya de servir a las nuevas generaciones. 

“Nuestros padres y abuelos no nos dejaron este país como estaba en 2018, ellos querían la felicidad para nosotros, entonces vayamos a participar y a aportar”. Llamó a no temer lo que ha pasado en otros países, porque hay “las luces suficientes y necesarias para construir nuestras propias instituciones”.

La austeridad es un criterio indispensable

José Reyes Doria, politólogo, asesor parlamentario, consultor y columnista, comentó que la reforma al Poder Judicial en curso, plantea una transformación significativa del modelo de integración, organización y funcionamiento de uno de los tres poderes de la Federación al establecer la elección popular para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y si el principio de austeridad republicana se instaura adecuadamente, se tendrán beneficios significativos para la vida pública nacional.

Señaló que la austeridad es un criterio imprescindible para orientar la estructuración y el funcionamiento del servicio público, ya que es indispensable porque “nuestro país presenta profundas desigualdades sociales”.

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