En un ejercicio de transparencia y fiscalización de los recursos públicos, este reporte detalla el destino de los fondos asignados al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). A través del análisis de las partidas presupuestales 36101 y 36201, se han rastreado montos que superan los 58 millones de pesos en un periodo de tres años, destinados supuestamente a combatir el rezago educativo mediante campañas mediáticas.
Durante el ejercicio fiscal 2023, el INEA recibió un presupuesto autorizado para su Programa Anual de Comunicación Social (PACS) de $19’319,220.00 pesos. De esta cantidad, la dependencia reportó haber ejercido casi la totalidad, con un monto final de $19’313,078.29 pesos.
La investigación revela que este dinero se canalizó a la campaña titulada “La Educación Transforma”, cuyo objetivo principal era invitar a la población a servicios de alfabetización, primaria y secundaria. Los recursos se dispersaron en medios masivos como televisión, radio, medios impresos y plataformas digitales. A pesar del gasto millonario, se registró un subejercicio de $6,141.57 pesos, el cual la dependencia justificó como un “ajuste en los precios de espacios en los medios de comunicación” al momento de la contratación. En este periodo, la empresa Global TAG fue la encargada de realizar los estudios de “post-test” para medir el impacto de los mensajes, aunque los estudios de pertinencia y efectividad brillaron por su ausencia.
Para el año 2024, el presupuesto asignado se mantuvo en una línea similar, con un monto autorizado de $19’310,000.06 pesos. Sin embargo, en este año se observó una anomalía administrativa mayor en cuanto al ejercicio del gasto. El reporte oficial indica un subejercicio de $9’153,44.00 pesos.
La justificación ofrecida por el INEA para este recurso no utilizado fue un decremento derivado de los ajustes en los precios de espacios en medios, afectando la difusión de las dos versiones de la campaña de ese año. Nuevamente, los medios seleccionados fueron radio, televisión e impresos, dirigidos a un público de entre 13 y 66 años. Las instituciones involucradas como proveedores de servicios de evaluación volvieron a ser Global TAG, manteniendo un esquema de contratación que no varió respecto al año anterior.
En el presente ciclo 2025, el presupuesto sufrió un ligero incremento, alcanzando los $20’000,000.00 de pesos redondos. Hasta el momento de los cortes informativos, el INEA reporta haber ejercido $19’799,974.12 pesos.
Lo relevante de este ejercicio es la causa del subejercicio de $199,999.97 pesos. A diferencia de los años anteriores, esta vez se debió a un error operativo: el número de cuenta de un proveedor fue rechazado al momento de realizar el pago, lo que impidió la salida del recurso. La campaña vigente, denominada “Alfabetización para el Bienestar Compartido”, cambió de evaluador, dejando a Global TAG para contratar a la empresa ENKOLL para las entrevistas cara a cara y mediciones de impacto.
A pesar de que el INEA sostiene que sus campañas en televisión y radio cumplen con los objetivos de comunicación, los documentos consultados confirman que no se han realizado estudios de pertinencia ni de efectividad en ninguno de los tres años analizados. El gasto se concentra en la producción de spots de 30 segundos y material impreso, pero la estructura de la dependencia no logra transparentar de manera física cómo estos millones de pesos se traducen en una reducción real del analfabetismo fuera de las métricas de “recordación de mensaje”.
El análisis demuestra que el dinero destinado a comunicación social en el INEA se ha convertido en un flujo constante de capital hacia medios de comunicación y empresas de estudios de mercado que no impacta directamente en la calidad educativa de los adultos en México.
Es imperativo recordar que el dinero de comunicación social debe servir exclusivamente para informar a la ciudadanía y no para fines que se alejen del beneficio público. Con fundamento en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 1, 123, 127, 133 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se concluye que:
La cantidad de dinero otorgada a esta dependencia no está generando empleos directos en los sectores que más lo necesitan y, fundamentalmente, no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado el presupuesto de comunicación social. Mientras millones se gastan en “recordación de marca” y ajustes de precios en medios, el rezago educativo permanece como una deuda pendiente, evidenciando una desconexión total entre el gasto publicitario y la realidad social del país.