Claudia Valdés
Los 36 millones de votos obtenidos en el proceso electoral de 2024 representan un capital político significativo para impulsar políticas integrales de transparencia, combate a la impunidad y acceso a la información pública, quien exige información sostiene las decisiones políticas, sociales, políticas y económicas, que se reflejan en las urnas y que seguirán mostrando como respuesta y legitimación de la información pública, se cumple o no se cumple con un estado de derecho. ¿Cómo la ciudadanía demuestra el cómo aprueba o desaprueba el rumbo que ha tomado una nación? ¿Cómo y dónde gestiona su bienestar y malestar para tener respuestas?
A partir de esta premisa, dos especialistas en mercadotecnia política analizan el contexto derivado de la elección de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como la renovación del Congreso de la Unión, gubernaturas y cargos locales.
Es la hora de la legitimidad en las urnas para todo un movimiento.
Ambos analistas coinciden en un punto de partida fundamental: para abordar los factores que más deterioran la confianza ciudadana y la gobernabilidad, es vital definir con claridad la corrupción y la impunidad.
¿Qué debemos entender por corrupción e impunidad?
Aunque en el debate público suelen utilizarse de manera indistinta, constituyen fenómenos diferenciados pero interconectados. La corrupción se define como el abuso de una función o posición de poder para obtener un beneficio indebido. Por su parte, la impunidad es la ausencia de consecuencias jurídicas o administrativas efectivas ante una conducta ilícita.
Como entender la Corrupción: el abuso de la función pública
De acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción y diversos organismos internacionales, la corrupción implica el uso indebido del poder público para favorecer intereses privados o de grupo. No se limita al intercambio monetario; es un problema estructural que abarca cualquier quebrantamiento de normas institucionales para otorgar ventajas indebidas.
En la vida cotidiana, este fenómeno se manifiesta en el cobro de extorsiones o “mordidas”, la agilización irregular de trámites y el pago para evitar sanciones. Sin embargo, existe una dimensión de mayor escala: la corrupción estructural.
Reflexiones lo que sucede cuando la corrupción alcanza las estructuras de poder
En los niveles más altos, la corrupción se traduce en el desvío de recursos públicos, el uso de empresas fantasma, la asignación irregular de contratos, el tráfico de influencias y la manipulación de licitaciones. En su punto más crítico, este fenómeno deriva en la captura del Estado, proceso mediante el cual grupos de interés influyen de manera sistemática en leyes, políticas públicas y nombramientos institucionales.
Es en este umbral donde la corrupción trasciende el ámbito administrativo para convertirse en un problema político, económico y de rendición de cuentas.
Impunidad, estamos ante un horizonte que no ofrece alternativas, sino que presagia el desgaste y la construcción de la institucionalidad, que se adelgaza por el desgaste: la ausencia de consecuencias.
La otra cara del problema es la impunidad. Existe impunidad cuando quienes cometen una falta o delito no enfrentan una investigación rigurosa, un proceso judicial efectivo ni una sanción proporcional.
En el sistema de justicia mexicano, este fenómeno suele manifestarse en tres etapas clave:
Primero: Investigación deficiente: Integración inadecuada de carpetas de investigación y denuncias que no prosperan.
Segundo: Falta de juzgamiento efectivo: Procesos judiciales prolongados y tribunales saturados que impiden resoluciones definitivas.
Tercero: Incapacidad para sancionar y reparar: Sanciones ineficaces, baja recuperación de activos públicos y omisión en la reparación integral del daño a las víctimas.
Un círculo vicioso contra la gobernabilidad
La relación entre ambos fenómenos es directa: la impunidad actúa como el principal incentivo de la corrupción. Cuando el riesgo de ser investigado o sancionado es mínimo, el costo de incurrir en un acto ilícito disminuye, transformando conductas prohibidas en prácticas recurrentes dentro de las instituciones.
Por ello, combatir la corrupción exige más que perseguir conductas individuales; requiere el fortalecimiento de las instituciones de prevención, fiscalización, procuración e impartición de justicia. El respaldo electoral de 2024 abrió la oportunidad de traducir el capital político en instituciones más eficaces y consecuencias reales para quienes abusan del poder público.
Estamos en la ruta de una nueva elección para renovar el poder legislativo y hay signos de que no tenemos claro e l rumbo, pero sobre todo de que estamos ausentes de contar con los medios para gestionar nuestro estado de derecho, que se ve avasallado por el embate de los grupos de poder. En ese caso la transparencia como regla central de la rendición de cuentas se encuentra ausente a la pare de la presencia de una Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, en el caso de Congresistas durante dos años hemos solicitado una entrevista con la Directora General de Comunicación Social, a fin de obtener fluides a los canales de comunicación robustezcan nuestro canal informativo, a la fecha no hemos tenido respuesta, y nos hemos encontrado primeramente con el vacío de información telefónica y de identidad de los funcionarios de comunicación del Gobierno Federal, en este devenir, no solo no conocemos a la Directora de comunicación, sino se nos ha negado la posibilidad de charlar con su Secretaria del Buen gobierno, nos acercamos a una elección crucial en la renovación política del país, sin que podamos dar información de que la transparencia a la información se cumpla como derecho. Y queda en el vacío la forma de gestionar no solo los derechos a la información, sino los derechos en general que somos acreedores los ciudadanos.
Estamos en la ruta hacia una nueva elección para renovar el Poder Legislativo y hay signos de que no tenemos claro el rumbo; pero, sobre todo, de que carecemos de los medios para gestionar nuestro Estado de derecho, el cual se ve avasallado por el embate de los grupos de poder. En este contexto, la transparencia —como regla central de la rendición de cuentas— se encuentra ausente, a la par de la presencia de una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el caso de los Congresistas, durante dos años hemos solicitado una entrevista con la Dirección General de Comunicación Social a fin de dar fluidez a los canales de comunicación y robustecer nuestro canal informativo. A la fecha no hemos tenido respuesta y nos hemos encontrado, primeramente, con un vacío de información telefónica y de identidad de los funcionarios de comunicación del Gobierno Federal. En este devenir, que no conocemos a la titular de dicha Dirección, al mismo tiempo que se nos ha negado la posibilidad de dialogar con el secretario del Buen Gobierno, el motivo de esta solicitud tiene un vértice, dar a conocer los instrumentos a la población, no solo de sus derechos y de sus herramientas que facilitan la gobernabilidad democrática.
Nos acercamos a una elección crucial para la renovación política del país sin que podamos garantizar que el derecho a la transparencia e información se cumpla. Así, queda en el vacío la forma de gestionar no sólo el derecho a la información, sino los derechos en general de los cuales somos acreedores los ciudadanos.