En el escenario reciente de la discusión legislativa, el tema de la Ley de Revocación de Mandato puede ser calificado como el dominante y el de la discordia, pues agitó a la elite política con la secuencia de un desmembramiento de sus partes, de sus componentes de poder que apuntaban como factores determinantes del poder político acumulado en Palacio Nacional y expresado en sus cámaras legislativas y con una debilitada oposición urgida de posiciones, pero reforzada a competir hacia la sucesión.
Y es que en los hechos unos pierden, y se van, otros abren espacio para su reacomodo y permanecen desplegando sus habilidades, pero también cuentan en los equilibrios de la pista de la sucesión pues pueden identificar y sumar a proyectos alternos y seguridades personales o incluso ser revelaciones de quienes piensan efectivamente en un modelo democrático de país.
En la mira de un proceso de deconstrucción institucional la reconstrucción exige ser apuntalada como y ellos apuntan hacia Gobernación, hacia el orden interno donde un sola voz se observa apuntalada y en contraste con las voces de las cámaras del Congreso, con los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral y del sector privado.
Tonos de morado
En el escenario, el inicio de esta Legislatura que puede entenderse como el meridiano de la sucesión presidencial, los cálculos van más allá, sobre todo si se observan en el contexto de sus diferentes aristas que tienen relación con los cambios de una secretaría de Estado como es la de la Secretaría de Gobernación, con la renuncia del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República y los consecuentes nombramientos y resultados del análisis que supone una noticia con un viaje más allá de un suspiro, del retorno a las formas y estilos de hacer política de un pasado superado, de espectáculos de la comunicación de circo y propaganda, además de una reforma estructural del Gobierno como se deben leer las modificaciones y agregados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estrechamente relacionados con los derechos humanos.
Era un camino inicial anunciado de oro, que pocos supieron leer o interpretar y es lo que pudo concretar esa Cuarta Transformación atrapada por el discurso, la propaganda, el enojo, la terquedad y por el pragmatismo de un Ejecutivo confeso en las prisas del cambio, que ha ido dejando atrás la sustancia para después, pues suspender la clave de transformación que también bordaba sobre dos reformas: la Consulta Popular y la Revocación de Mandato.
Laberintos
Pero en los hechos legislativos y políticos esa Revocación de Mandato que se resistió a la negociación en la LXIV Legislatura entre partidos de oposición, para un periodo extraordinario, permeó a los medios las tensiones presentes entre los grupos del partido en el poder, ofreciendo a la vista las cuarteaduras de la 4T, que en una fuerte sacudida abrió la salida a una reforma que casi es votada en el Senado por unanimidad con 102 votos, salvo dos votos en contra.
En las paradojas
En la Presidencia de la Mesa Directiva que ocupa la senadora Olga Sanchez Cordero, 102 senadores avalaron una reforma cuyo centro de discusión representó desde el inicio la pregunta formulada y se supuso respondiendo a los intereses presidenciales. La revocación pasó de ser más una herramienta de ratificación de mandato en las manos del ciudadano que buscar dar fin a un gobierno que se reprueba a convertirse en una ratificación desde la óptica de medir la popularidad.
En esa lid parlamentaria, en el declive de la LXIV Legislatura, se marcaron dos momentos claves para la negociación consistentes en la celebración del periodo extraordinario, que ni por medio de la Secretaría de Gobernación ni con las habilidades negociadoras del presidente de Jucopo, (Junta de Coordinación Política) del Senado se pudieron concretar, debido a que el dique lo fue siempre la pregunta, las interpretaciones desde Palacio y las inexperiencias presentes en Covián.
Haciendo pista
Pero armonizado con el cambio climático operado tanto en Covián como en Palacio,, en 16 horas de negociaciones a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo del Senado de la República, se avaló la nueva legislación y los morenos aceptaron modificar la redacción de la pregunta original y distender el problema en el camino de los acuerdos, de una Legislatura que emerge y de la que se demandan soluciones, transparencia, información, representación y un centro mayor en la pedagogía legislativa y política de los actores en una democracia fraseada.
Alguna señal operó en ese sentido que marca la brújula de las debidas rutas de triangulación entre la Secretaría de Gobernación, el Congreso de la Unión, y el Palacio Nacional, hacía una gobernabilidad democrática que viene haciendo peso y ruido en la línea de comunicación del Palacio y altamente contrastante con la dinámica que se ha desarrollado en el Senado que cubre dos factores estructurales como son la oportunidad y la profundidad respondiendo a su naturaleza parlamentaria y de vigilancia en una pluralidad.
En el disfraz
Atrás de toda elaboración de ley, iniciativa o dictamen de cambio hay un pulso e impulso imposible de borrar en un diagnóstico que para muchos pueda suplantar el circo político que viene a ser un método distractor y antipedagógico de cara a los problemas a resolver cuando más el Coronavirus con la experiencia, ha puesto a jaque mate todo el andamiaje del sistema de gobierno que exige de soluciones incluyentes, democráticas y transparentes, en un contexto de explicaciones y de pedagogía cívica conforme a derechos humanos.
Este es un tema que no se acaba del todo por asimilar por los protagonistas del poder con sus excepciones y no lo detienen filtraciones informativas ante las cifras de los fallecimientos, de los contagios, el desempleo y la recuperación económica que por una elemental lógica demandará de cuantiosos recursos, acuerdos, negociaciones, confiabilidad y credibilidad, en unidad nacional.
Los puntos
Nada de máscaras ni mascaradas, entre las modificaciones que se observan en el Senado, se destaca que también el grupo parlamentario de Morena optó por retirar una reserva con la que intentaban establecer para el gobierno federal mantener el derecho de opinar e informar sobre la continuidad del cargo. El caso es que se cerró el paso a la intención de reservar la información sólo a la esfera del gobierno federal, al permitir a los partidos políticos la participación en la promoción del ejercicio, pero no mediante financiamiento.
Resaltan entre las modificaciones que queda para el Instituto Nacional Electoral (INE), la instalación del 100% de las casillas con referencia al proceso electoral anterior a la consulta, que la difusión de la misma al día siguiente de la emisión de la convocatoria y que el computo final y la emisión de la declaratoria del resultado será responsabilidad del INE y no del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPF).
En horas se disipó el obstáculo que dejó a su paso la afectación de posiciones de poder sobre una Legislatura en el Congreso que marca las fronteras de la sucesión, que por demás ha sido adelantada por el propio Presidente de la República y abraza con sus preferencias marcadas, hoy no por el beso del diablo sino de Dios. Y que por cierto no acompaña las aspiraciones del Sen. Monreal a pesar de sus dotes negociadoras ni por ser fundador de Morena.
La herramienta
Con la pregunta se plantea de forma clara y directa al ciudadano, si está de acuerdo con el sí o el no con que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos revoque el mandato por la pérdida de la confianza o a favor de que siga en la Presidencia hasta que termine su periodo, lo que será respondido con un uno o con un dos, que es equivalente al uno que corresponde a un no o con un dos que significa el sí que siga en el cargo.
Se establece que para la solicitud de la revocación de mandato se necesita al menos de las firmas de 3% la Lista Nominal de Electores, porcentaje que se calcula en 2.8 millones de ciudadanos y ciudadanas que contarán con una herramienta democrática para evaluar a los gobiernos.
En el marco de la práctica legislativa, la ruta que va a seguir el dictamen aprobado por los senadores lo precisa la Constitución, ya que se envía a la Cámara de Diputados para que sea analizada y en su caso aprobada, seguido pase al Poder Ejecutivo federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.