Muñoz Ledo: una lección más de legitimidad

Autor Congresistas
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Sin precedentes, en 24 horas de sesión en la Cámara de Diputados, un transitorio sobre siete leyes gana el debate sobre la inconstitucionalidad de la Ley Zaldívar, en una madrugada de gloría para Muñoz Ledo, en la cumbre de su lucidez, de la defensa de la Constitución y de la democracia, a sus 88 años.

No hay que escurrirse de la mirada de la historia, de la lección honorable de la representación popular, de la responsabilidad del registro y de querer escapar de las posibilidades, puede ser un último debate, ante el espejo de la mezquindad política que puede desgranarse al negar la ruta de la reelección de un tribuno, que de sobra ha dado muestras de congruencia.

Con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones avalan las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y el décimo tercero.

Porfirio Muñoz Ledo, rompió el silencio para participar en el debate, quebró el aislamiento pandémico, subió a tribuna despojado de la posibilidad de la reelección, tocado por la mezquindad política; proscrito por sus correligionarios, exiliado a sus saberes y aprisionado por los estruendos de todas las conclusiones. Volvió a escribir una página de oro legislativa, ante una Cámara expectante, en el marco de una sesión mixta testimonial y de distancia, a la que nos tiene acostumbrado el COVID y el contagio feroz con sus nuevas cepas.

Vital legislador en la fecha de una jornada trascendental para el país que vive la asignatura pendiente de la administración, impartición de justicia y reconocimiento de los derechos humanos, sociales, políticos, culturales y sobre todo la legitimidad de régimen político transitorio que permite la extensión del periodo en la Presidencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El debate

Eran las 10:05 horas del 22 de abril de 2021, de frente al paradigma y decir del presidente de la República como barra de salto: “Nada por encima de la Constitución ni al margen de la ley” dio inició la sesión a la luz lunar del transitorio que sienta jurisprudencia.

Y para las notas informativas: en el salón alterno con velocidad, intensidad y presión tenía lugar la discusión del dictamen de la Ley Orgánica del PJF mientras en el salón del pleno se daba también el debate y la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

El filo obsesivo de la discusión entre minoría versus mayoría legislativa dejó al margen los posicionamientos y el análisis de las reformas a la Ley de Carrera Judicial; Ley Federal de los Trabajadores del Estado; Ley Federal de Defensoría Pública; Ley de Amparo: Código Federal de Procesamientos Civiles. El presagio de un transitorio que permite la reelección de Arturo Zaldívar se interpreta como antesala de una reforma a la reelección presidencial, que evoca a los presidentes Porfirio Díaz y la tentación de Benito Juárez.

Nada desplaza del centro del debate el rechazó del transitorio XIII de la Ley Orgánica del PJF, cuyo objetivo es prolongar con dos años la Presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el dominio del universo del PJF, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ¿El motivo? La sospecha de que se abre la puerta para el 2024 una reforma para la reelección presidencial.

Presentación

El diputado Rubén Cayetano García presentó a nombre de la Comisión de Justicia el proyecto de decreto que plantea la Ley Orgánica del PJF, con la Ley de Carrera del PJF, con reformas, adiciones, derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 Constitucional. De la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El objetivo es la impartición de justicia, una función esencial del Estado y un derecho fundamental de la ciudadanía. La meta es superar conductas del pasado como: nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, acoso sexual, conductas inaceptables de las autoridades cuya principal función es la impartición de justicia. Se plantean políticas internas en el ámbito judicial para contrarrestar vicios, va de por medio la capacitación del personal y el mejoramiento del servicio de defensoría pública, abatir la desigualdad, en síntesis transformar la vida interna del PJF, para “favorecer a los menos escuchados, atender los reclamos de la sociedad y abonar a la confianza depositada por la ciudadanía”.

Cayetano García considera que, en cumplimiento a las disposiciones transitorias, la minuta proveniente del Senado propone establecer las bases para el desarrollo de la carrera judicial y regular las cuestiones que inciden directamente en su funcionamiento. Queda definida “la carrera judicial como el sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del PJF, basado en el mérito y la igualdad de oportunidades”. Además propone incorporar una comisión de conflictos laborales, facultado para resolver conflictos entre el PJF y sus servidoras o servidores.

Plantea establecer que las resoluciones podrán ser impugnadas mediante el recurso de revocación presentado al pleno de la SCJN; que la sustanciación de los asuntos se regulará por acuerdos generales, emitidos por la Corte o del CJF, establece que la Escuela Federal de Formación Judicial tendrá a cargo la capacitación de las personas defensoras públicas y las personas asesoras jurídicas del Instituto Federal de Defensoría Pública.

En cuanto a los transitorios: aprobación de un periodo 180 días para que las instancias competentes del PJF realicen las adecuaciones normativas orgánicas y administrativas para la observancia del decreto; la prevención de un plazo de 18 meses para que el PJF emita y publique en el Diario Oficial y en el Semanario Judicial de la Federación la declaratoria de inicio de la observancia de las nuevas reglas de la carrera judicial contenidas en el decreto; que las tesis se emitan con anterioridad a la entrada en vigor del decreto y mantengan el formato; mantendrán su carácter las tesis aisladas de la SCJN que se hubieran emitido con anterioridad a la entrada en vigor del sistema; ampliar la duración del encargo en las titularidades de la SCJN y del CJF.

Posicionamientos

La Dip. Frida A. Esparza Márquez (PRD), presentó una moción suspensiva para el proyecto de dictamen de la expedición de la Ley Orgánica del PJF, la Ley de Carrera Judicial del PJF, y reforma, adiciones y derogaciones diversas a disposiciones de otras cinco leyes. Expresó que la discusión violenta el derecho de las minorías parlamentarias a tener la oportunidad de poder analizar y estudiar el contenido del documento enviado por el Senado, por lo que debe retirarse del orden del día y su discusión reprogramada, respetando todos los tiempos legislativos.

El Dip. José Elías Lixa Abimerhi (PAN), también presentó moción suspensiva argumentado el respeto al Reglamento y en especial el art. 177. Denunció que no cumplieron ni con cinco minutos antes de la sesión de la Comisión de Justicia, con la debida circulación del dictamen. Advirtió que se evidenció el nivel de sumisión que pudiera existir en este momento, en el que se pretende, a través de un transitorio en una ley secundaria, entrometerse en la vida del Poder Judicial. Esto es un golpe legislativo y no nos hagamos, es un golpe legislativo ordenado desde el Ejecutivo.

De vuelta al posicionamiento

Correspondió a la Dip. Zulma Espinoza Mata, sustentar el posicionamiento del PVEM y respecto al dictamen destacó que la importancia no sólo radica en el cumplimiento de un mandato constitucional, sino en las pretensiones de atender las preocupaciones más genuinas de una sociedad cansada de ver multiplicarse las injusticias, mientras las instituciones encargadas de evitarlas brillan en muchos casos por sus omisiones, su lejanía frente a los ciudadanos y por su ineficiencia.

Argumentó que el PJF fue creado como el órgano encargado de proteger y hacer valer la norma suprema, y que es la institución que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos. Reconoció que el PJF necesita una reforma integral para fortalecerlo y combatir con mayor eficacia los casos de corrupción, de nepotismo, de impunidad, e incluso, de acoso sexual registrados en su seno. Reconoció la trascendencia de la reforma. Refrendó el apoyo a la extensión del periodo en la presidencia del ministro Zaldívar precisando que “No se trata de una reelección ni tampoco de una ampliación de su periodo como ministro, lo cual prohíbe expresamente la Carta Magna.

Arturo Zaldívar es ministro de la Corte desde el 1º de diciembre de 2009 y concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2024. Por lo tanto, este no se extiende ni un sólo día más de los 15 años que señala el texto constitucional”. Negó que se trate como, se ha dicho que la extensión del mandato del presidente de la Corte puede ser considerada como la puerta de entrada a la reelección presidencial. Nosotros creemos que definitivamente no es así, debemos recordar que quien resulta electo para ocupar un cargo unipersonal, como lo es la Presidencia de la República, lo ejerce durante todo el tiempo que dura el encargo, mientras en el caso de la Corte la Presidencia puede ser ejercida por un periodo de tiempo determinado por cualquiera de los ministros, siempre y cuando no exceda los 15 años”.

El Dip. Antonio Ortega Martínez (PRD), subió a tribuna para denunciar el fraude de Morena a la Constitución. Advirtió que “el transitorio viola flagrantemente la Constitución, que establece en su art. 97, párrafo 5º, que cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la SCJN, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior y es un principio que busca ser alterado. Argumentó que la ley defraudada no es una simple ley, sino a la Constitución General de la República. Sostuvo que además se viola la obligatoriedad, la permanencia, la irretroactividad, lo que expresa que la ley debe ser siempre abstracta e impersonal. Puntualizó que las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción que les permite por lo mismo ser generales, son una de las características fundamentales de cualquier legislación. Advirtió que se legisla a favor de una persona.

Desde tribuna, el Dip. José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (Morena), coincidió con el Dip. Rubén Cayetano, quien precisó que deber darse un momento de criterio en uso de la palabra que estaba presentando excesos en su duración.

El Dip. Edgar Guzmán Valdéz (PES), planteó que desde la reforma integral del PJF de 1994 cuya meta fue fortalecer a la SCJN como un tribunal constitucional y de un órgano especializado de administración y vigilancia como la CJF. Manifestó que las reformas en discusión representan un esfuerzo para mejorar el funcionamiento de las instituciones encargadas de la justicia en el país. Desglosó las características de la ley que hasta hoy ha generado desigualdades, haciendo referencia a un sistema judicial que no ha atendido a los pobres.

Mostró desacuerdo de que el transitorio XIII sea anticonstitucional argumentando que “el art. 100 constitucional dispone con toda claridad que, salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. No puede haber una extensión del mandato del actual presidente de la Corte porque se requiere de una reforma constitucional”. Aseguró que no pueden hacer leyes con dedicatoria.

Movimiento Ciudadano

La Dip. Adriana G. Medina Ortiz se refirió al debate que en el Senado se dio sobre el tema y en el que expresó una serie de dudas, unas el excesivo poder que la reforma otorgaba al presidente de la SCJN. Alertó sobre el peligro que representaron las leyes secundarias, que se estructuró una minuta que aspira a generar una dinámica de favores cupulares de poder entre el Ejecutivo federal y el presidente de la SCJN. Calificó de que se trata de reformas a seis ordenamientos jurídicos más, con deficiencias notables en temas de concentración de poder en torno al presidente de la Corte, la “insuficiencia en los mecanismos planteados para combatir el nepotismo, en el golpe al federalismo con los tribunales regionales y el no convocar a un parlamento abierto con la seriedad y amplitud que ameritaba una reforma de esta envergadura”.

Advirtió sobre un golpe a la Constitución y que no permitirán que se haga ley, “el problema no sólo es ese transitorio, que deja entrever una mentalidad poco democrática y sin visión de Estado. El problema también es que hicieron una reforma no para el Poder Judicial sino para el ministro presidente y mostró el rechazo a la reforma y juzga que “la mayoría legislativa del Senado suprimió plenamente la naturaleza del parlamento y convirtió el proceso legislativo en el monólogo del ministro presidente, sin permitir alterar ni una coma ni siquiera a los miembros del mismo partido del gobierno, rebajando un ejercicio democrático de construcción de instituciones a la labor que podría hacer cualquier imitador de profeta en alguna secta religiosa”.

Grupo Parlamentario del PRI

El Dip. Enrique Ochoa Reza, recordó la supremacía constitucional como concepto clave en el debate, lo que ubica por arriba de las leyes secundarias y genera la confusión. Señaló que la reforma del presidente Zedillo en 1994 de transformación al Poder Judicial, fue una reforma constitucional y que hoy la reforma que se analiza es un transitorio legal. Sostiene que “la reforma constitucional puede cambiar procesos, términos, mecanismos de elección, pero que la reforma legal no puede cambiar lo que establece la Constitución”.

Para Ochoa Reza el periodo establecido para los consejeros de la CJF está en la Constitución, art. 100 y el periodo del titular de la SCJN en la Constitución, art. 97. Agregó que “el periodo de duración de los diputados federales está en la Constitución, art. 51. Y el tiempo de duración del presidente de la República está en la Constitución, art. 83”. Advirtió sobre la gravedad de la situación que abre la posibilidad de jurisprudencia. Manifestó que “La mayoría parlamentaria no puede afectar en una ley el periodo que establece la Constitución, supremacía constitucional. Ni este Congreso puede ampliar el periodo de esta legislatura, ni puede reducir el periodo de la Presidencia de la República”.

Grupo Parlamentario del PAN

Para el Dip. Juan Carlos Romero Hicks, dio su reconocimiento a ministras/os resaltando su “vigencia y su celo por garantizar la observancia de las leyes garante de la democracia de nuestro país. Esto es lo que hoy está en juego”. Estimó que la reforma al PJF es producto de un consorcio legislativo entre el presidente de la República y el presidente de la SCJN. Hizo un reconocimiento a Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, porque sostuvo y propuso la necesidad de un Parlamento Abierto, evento al que temen por su calidad de diálogo a profundidad. Reconoció que se trata de 7 leyes y de un transitorio impresentable.

Indicó que “el presidente de la República quiere ver en nosotros no un Poder Legislativo sino un querer legislativo. No quiere un Poder Judicial, quiere un querer judicial”. Romero Hicks comentó que “hay más de 20 actos, leyes y decretos del Ejecutivo federal judicializados en la Corte. Recalcó la gravedad del intento de ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar, la ampliación del periodo de algunos consejeros, “lo que representaría la colusión de algunos miembros de los tres Poderes de la Unión para violar la Carta Magna”.

Calificó el hecho de albazo y lo hecho en el Senado de la ruta hacia una tiranía constitucional. Expreso que la reforma significaría atentar contra la división de Poderes y los contrapesos institucionales que deben distinguir a una auténtica república democrática. Generaría una crisis constitucional y sería el principio de autocracia, es decir, el gobierno de un solo hombre. Nosotros creemos en la autonomía de cada uno de los Poderes, en la división y el equilibrio que debe existir entre todos ellos. Si llegase a concretarse estaríamos ante una imposición del presidente de la República en favor del ministro Zaldívar para continuar en su puesto”.

Hizo un llamado comedido “al criterio prudencial de ministro Zaldívar, porque es momento de definirse. O está con México y la Constitución o está con el presidente. Se tiene que desligar por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional. ¿Se va a arrodillar ante el presidente de la República o va a privilegiar la altura de miras que tenemos todos nosotros como aspiración? Todo dilema ético es una paradoja, y hoy queremos ver la estatura en todo esto”. Advirtió que “vivimos un despotismo ignorante, un despotismo deslustrado. Los autores de la teoría política dirían: la caquistocracia, el gobierno de los peores, el gobierno de los ineptos”.

Grupo Parlamentario de Morena

El Dip. Alfredo Rivas Aispuro, manifestó que la SCJN aprobó el acuerdo general 1/2021 que marca el inicio de la Undécima Época en el Semanario Judicial, y es una respuesta al nuevo modelo de justicia jurisdiccional aprobado constitucionalmente y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021. Explicó que la reforma expresó una “modificación a la estructura del Poder Judicial y a sus ámbitos de competencia. Delimitó la procedencia del recurso de revisión y cambió la naturaleza unipersonal de los tribunales unitarios para hacerlos órganos colegiados”.

Entre las transformaciones señaló: principio la paridad de género, defensoría pública de calidad para las personas en situación de pobreza o de desigualdad o vulnerabilidad, ofrecer a la SCJN una función de verdadero órgano constitucional en el que sus determinaciones son de carácter general; consolidación de jueces y magistrados independientes, autónomos, garantes de la precisa aplicación de la norma y de los derechos humanos, consolidación de la función judicial, con las disposiciones normativas secundarias. La nueva Ley Orgánica propone mecanismos enfocados a combatir el nepotismo en los procesos de designación de juezas, jueces, magistradas y magistrados, evitará y erradicará la corrupción dentro del PJF, instaura evaluaciones exhaustivas para el ingreso, permanencia y separación de la carrera judicial, aseguró eficacia, eficiencia y calidad de la administración de justicia, elimina los factores que condiciona funciones del PJF, da fin a la pluralidad interpretativa, permitiendo una pronta resolución de situaciones litigiosas, análogas que comparten elementos tácticos, evitando así criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Muñoz Ledo, El Tribuno

Rompió el aislamiento para subir a tribuna con todo el peso de la libertad, para hablar en contra de la iniciativa que reconoce como anticonstitucional. Subió a tribuna con su espíritu indomables a entablar una suerte de discurso y diálogo horizontal, en ocasiones en espiral como debe un hombre de su estatura política y académica, a viejas y nuevas generaciones de legisladores y votantes.

Llenó el aire con su voz. “Los muertos que a gritos queréis matar gozan de cabal salud”, renueva lo dicho al tomar posesión de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara, la que en su opinión merece el nombre de honorable Congreso de la Unión. Explicó “no se habla de honorable Suprema Corte, no se habla de honorable Presidencia de la República. Aquí aparece la virtud del honor, cualidad que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo a colaborar, con el respeto que se tiene de la dignidad de una persona y de una institución. Este es un tema de dignidad”, dice el longevo luchador de la democracia.

Tronó Muñoz Ledo al decir “me opongo, con toda la fuerza de mi ser, a una violación tan flagrante… y absolutamente… de la Constitución y se abrió a la interpelación. Cuando quieran… Permíteme el primer párrafo y habiéndolo terminado estoy abierto a cualquier tipo de interpelación”.

Desmadejó la historia de la institución en cuyo tejido se fundo con la honorabilidad “la única institución de la república a la que la designamos con carácter de honorable, que es el depósito de la dignidad humana institucional y, en este caso, del orden constitucional de la república”.

Volvió a la sentencia personal “me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”.

Abrió la batería de preguntas con la Dip. Inés Parra Juárez, preguntado sobre el impacto en la constitucionalidad de la autonomía del Poder Judicial con la ampliación del periodo en el ejercicio de funciones del presidente de la SCJN.

Muñoz Ledo recurrió a la metáfora, la ilustrativa historia de una liebre que de súbito escapa de un sombrero, o de un mapache corriendo entre la maleza. Para seguido recuperar respiro con el comentario por el que reconoce la calidad del paquete de leyes de toda la Ley Orgánica del PJF y la de la Ley de la Carrera Judicial del PJF. Estimó las leyes “positivas, llenas de innovaciones, con ideas que han transgredido viejos tabúes y viejas infundadas separaciones de poderes”.

Muñoz Ledo entre el peso de la noche y del denso aislamiento generado por el COVID y el respeto a la dignidad de la representación legislativa que nos remito a dos, el elector y al elegido, reconoció la existencia de una división de Poderes pero también de la cooperación entre estos, y de repente, cuando las luces se apagan, la aparición de un mapache, de un senador ecologista, ligado a una vieja dinastía oaxaqueña que al último minuto mete por debajo de la mesa un artículo 13º transitorio que nadie conocía ni nadie había leído.

Remató “lo sorprendente es que al día siguiente el jefe del Estado mexicano, nuestro amigo, el correligionario Andrés Manuel López Obrador hace un elogio que lo que se ha introducido aún antes de que se haya aprobado”.

Advirtió sobre la gravedad de la situación y el peligro de que se estuviera cometiendo perjurio, lo que explicó como delito del orden común que significa que se falta a la protesta y advirtió que quienes votan a favor de la protesta están cometiendo un perjurio, pues juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sopesó la actitud y las consecuencias para el equilibrio político del país como extremas. Se está y se podría estar cometiendo perjurio, en este caso el perjurio es un delito del orden común que significa que se falta a la protesta que se ha cumplido. Quienes votan en favor de la iniciativa están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la están dejando a conciencia.

“Aquí se está violando, se está pisoteando, además, la dignidad de las personas, lo digo a mis compañeros del partido. No somos rebaño. No somos manada. No somos cardumen como los pececitos. Somos diputados de la nación y hemos jurado cumplir a la Constitución y habremos de imponerla”. Muchas, dijo, tonantes para la diputada dar atención a las preguntas de sus correligionarios.

La Dip. Claudia Pasto Badilla, hizo la pregunta sobre que aconsejaría al ministro presidente Arturo Zaldívar, a lo que directo Porfirio Muñoz Ledo contestó que ya le había mandado un recado, incluidos los otros ministros. Comentó que al Ministro Presidente lo conoce desde hace 25 años. Aseguró que como compañero académico es un hombre impecable, un gran abogado y un juez absolutamente insobornable, para agregar “Arturo, qué te cuesta, haz un gesto. Di no me interesa reelegirme. Yo decía, por qué no me hace caso. Pero me di cuenta anoche que ha tenido un silencio muy talentoso. Le llamé ayer todavía en un programa de televisión y el presidente de la Corte silente”.

“Qué ha pensado, Arturo. Muy sencillo. Él no tiene por qué pronunciarse. Este asunto no está en su jurisdicción, se está trabajando, se ha planteado por diputados y senadores de diversas bancadas una acción de inconstitucionalidad sobre esta propuesta y resolución vejatoria”.

Desde tribuna, minutos después de la noche daba una lección legislativa, de historia, una visión de Estado de que el país estaba en la orfandad por la miopía gubernamental y política, mientras respondía a las preguntas de legisladoras como Lorena Villavicencio, Enrique Ochoa, Martha Tagle, Mariana D. García, Gerardo Fernández Noroña, Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Mier.

Y la noche se escurrió en un debate en el cuál se sumergieron las horas, largas unas, centellas, todas, muchas luminosas y brillantes en la defensa de la Constitución, otras se corrieron entre opacas entre los laberintos de las interacciones de la mirada que se tiene sobre el poder.

Subieron a tribuna los legisladores para hablar a favor o en contra del dictamen por más de 12 horas: En contra María del Pilar Ortega Martínez, José Elías Lixa Abimerhi, (PAN); Claudia Pastor Badilla, Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI); Porfirio Muñoz Ledo (Morena).

A favor la Dip. Carmen J. Macías Rábago, José Eduardo Esquer Escobar (MC); María del Carmen Almeida Navarro, Héctor Jiménez y Meneses, Aleida Alavez Ruiz (Morena), María R. Jiménez Pérez, Ana K. Rojo Pimentel (PT).

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