Oscar Negrete
En un estado de derecho, la ley es el marco que define y regula conductas para la convivencia y el desarrollo ordenado del grupo social.
En el contexto de un estado democrático de derecho, con división de poderes, la ley es el producto del trabajo del poder legislativo, pero al ser una expresión política, en ocasiones la ley debe interpretarse por una entidad que tenga la última palabra, con el objetivo de darle seguridad jurídica a la comunidad. Esa entidad interpretadora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La idea de tener tres poderes supremos en una república federal, obedece a las siguientes necesidades:
Evitar la concentración de poder en una sola persona o grupo político y dividir atribuciones en materia de administración del aparato burocrático, la creación de leyes y la interpretación de estas.
Para lograr lo anterior, la Constitución establece mecanismos de elección y nombramiento de personas que se desempeñen en los diferentes poderes. Estos mecanismos tienen tres razones fundamentales de ser: legitimación, representación y capacidad técnica e imparcialidad en la administración de justicia.
El presidente es electo por voto popular, porque es la forma más lógica y directa de darle representación a un líder en una sociedad diversa. Para evitar que una facción política se imponga por la fuerza o las amenazas, las elecciones populares son la herramienta de la legitimación del poder ejecutivo.
El legislativo se elige por voto popular y por representación proporcional, precisamente para lograr pluralidad, representatividad social y que las personas que propongan, estudien, debatan y voten en los procesos legislativos, verdaderamente conozcan y analicen las necesidades más apremiantes que requieran regulación y negocien los mejores términos en los que deban expedirse, modificarse o abrogarse las leyes que regirán la actuación del ejecutivo y su aparato administrativo. En el poder legislativo se requiere pluralidad y capacidad de negociación política.
El poder judicial no es electo por representación popular, porque los ministros de la Corte no representan al pueblo, son la voz del estado de derecho cuya base de actuación es la Constitución General de la República. En ese sentido, se requiere capacidad técnica, preparación académica y experiencia profesional para ser ministro de ese máximo tribunal.
Pero en México existen miles de personas con esa capacidad y características para ser ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo se eligen los ministros? Los ministros son propuestos por el ejecutivo y ratificados por el senado. La lógica detrás de este proceso es que el ejecutivo pueda allegarse de asesores académicos y profesionales que le presenten los mejores perfiles para formar las propuestas de las ternas respectivas. El objetivo NO ES que el ejecutivo imponga aliados ideológicos en la Corte para favorecer sus iniciativas. Esto es así, porque los aliados ideológicos son parciales y sesgados, y desnaturalizan la función imparcial y técnica de la impartición de justicia. En la teoría constitucional, la independencia entre poderes es el pilar del funcionamiento del estado de derecho y, por ello, -repito- la atribución del ejecutivo de proponer personas para ocupar los puestos de ministros de la Corte no es para buscar aliados políticos y mantener el poder, es porque el ejecutivo dispone de un aparato burocrático y de información de tal magnitud, que le permite investigar, buscar y encontrar los perfiles más idóneos, con base en los requisitos constitucionales respectivos.
El fenómeno político del partido Morena se comienza a desdibujar poco a poco. No obstante, en el punto más alto de su fuerza, pudo imponerse para que el senado ratificara a las hoy ministras Esquivel y Ortiz en la Corte.
El puesto de ministro requiere características deseables que, hasta ahora, ningún ministro tiene: humildad y espíritu de servicio. Son tan grandes sus compensaciones económicas, prestaciones, prestigio y número de personas dispuestas a halagarlos, que siempre terminan por perder el piso. Pero, en una sociedad llena de complejos, como la mexicana, esta descompensación emocional es casi normal. Como dice el dicho popular: ¨se enferman de importancia¨. Pero podemos aguantar su soberbia, si saben ser imparciales al momento de estudiar y decidir los asuntos sometidos a su encargo.
La impartición de justicia tiene entonces que lidiar con soberbia, que es algo esperado, pero en el caso de Ortiz y Esquivel, la justicia mexicana tiene que lidiar también con parcialidad y mediocridad.
A Loretta Ortiz la conocí como mi profesora en la Escuela Libre de Derecho. En un año lectivo, se apareció a dar clases dos o tres veces. Respeto su libro de Derecho Internacional Público, pero repruebo la forma negligente de ignorar su obligación como maestra. Esto fue en 2004 aproximadamente y, desde entonces, se manifestaba abiertamente como una persona que apoyaba de forma irrestricta el proyecto político del presidente actual. Amén de la irresponsabilidad académica de tener una cátedra a la que no se asiste, Loretta fue radicalizando sus posturas y opiniones, y mintió en el senado al decir que podía ser ¨imparcial¨, a pesar de ser militante del partido en el poder. Sus votaciones en los asuntos que la Corte ha resuelto, dejan muy claro que su postura ideológica está muy por encima de su entendimiento de la impartición imparcial de la justicia.
A la ministra Esquivel no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero creo que, a estas alturas, tanto sus votos en los asuntos sometidos a la Corte, como los escándalos académicos que la han llevado a la fama, hablan por sí mismos. En teoría, la reputación profesional y académica de un ministro o una ministra de la Corte deberían ser intachables, no estar en duda por algo tan grave como el plagio académico.
En fin, las razones pues, de que el ejecutivo proponga a los ministros y que el senado los ratifique, son buscar a las personas con mayor capacidad en México para desempeñar el encargo, y lograr su ratificación con el senado que, representa, a los estados de la federación, mismos que tácitamente estarán sujetos a las decisiones de la Corte y, por ello, se busca que participen en el proceso de su nombramiento, para evitar comparsas en la integración de un poder independiente y utilizar los medios y recursos al alcance del ejecutivo para buscar los mejores perfiles.
Tener a Ortiz y a Esquivel como ministras es un absoluto desprestigio para México por razones de fondo, porque sabemos cuál será el sentido de sus votos en el máximo tribunal, inclusive sin haber analizado los asuntos jurídicamente. Su voto es ideológico y no técnico-jurídico y, el registro de los asuntos en los que han participado hasta ahora, es patente prueba de esto. Siempre alineadas con el poder ejecutivo.
Por suerte, el resto de los ministros de la Corte ha sabido estar a la altura de su encargo público, porque, a final de cuentas, sus sueldos se pagan con el dinero de los impuestos de los mexicanos. Podemos aguantar las frivolidades y los complejos de Zaldívar, pero no podemos tener más miembros en la Corte como Esquivel y Ortiz.