A tres meses de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF), cuya presidencia la ocupa hoy el ministro Arturo Zaldívar y que deja en diciembre, lega patentes esfuerzos por construir una nueva conversación entre ciudadanos y el Poder Judicial que contribuya a favor del sistema de división de Poderes.
Sin duda con está presidencia de cuatro años se avanza en la necesidad de reforzar la identidad de autonomía de la narrativa del PJF, no obstantes de los embates de una Presidencia de la República fortalecida por los resultados obtenidos en las urnas, avivando las tentaciones por la recuperación de las facultades metaconstitucionales que fueron una de las características del ejercicio del Poder Ejecutivo.
En los intentos de construir un proceso de comunicación que tiene como base los avances tecnológicos, de forma especial las redes y el uso de subproductos visuales, estrategias ocupadas en lenguajes en materia de comunicación que nos remite también a un ecosistema de medios tradicionales y a una suerte de policontenidos que incluyen también a medios no tradicionales, en lo que el Ministro Presidente puso acento en un inicial proyecto de comunicación judicial para fortalecer la idea de un Poder Judicial y una Corte interdependiente, parte de un sistema o régimen político complementario de equilibrios y naturalezas distintas pero además en la idea de motivar interés entre los ciudadanos un conocimiento de derechos, responsabilidades y la confianza en el acceso a la impartición, administración de justicia y combate de la la impunidad.
Hay momentos estelares o especiales que pueden escabullirse a la idea de un Poder de nuestro régimen político no sometido a la presión de un Poder Ejecutivo o sensible a la presión de una mayoría legislativa que no intenta ni cambiar una coma a los proyectos de reforma. Pero que tampoco ha abonada o profundizado la ruta de la democratización del sistema o de la gobernabilidad democratización que no logró convencer ni en el inicio de los candidatos y candidatas a ministros elegidos en la Cámara de Senadores.
¿Cuáles son los resultados de un novedoso ejercicio de comunicación que tiene como punto de partida una visión poco clara de una cultura de derechos humanos? ¿Cuál ha sido el impacto de los contenidos con los que han sido calificado jueces y ministros por el Presidente de la República? ¿Qué se hereda de esas escaramuzas en las que queden patentes las visiones abismales que se tienen sobre las leyes y la visión de la justicia?
La prensa ha contabilizado la serie de desencuentros entre los integrantes de los ministros, ministras y jueces y juezas del Poder Judicial y el titular del Poder Ejecutivo. Estás recientemente llegaron a su clímax, el anunció de la reforma a la prisión previsión oficiosa que socava la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la independencia judicial que entre a precisión telescópica con la reforma a la Ley de la Guardia Nacional.
Otro desencuentro se dio con la suspensión de la Reforma Eléctrica por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, la que se suma a otra suspensión como la del Aeropuerto de Santa Lucía. En cerca de dos años de administración de López Obrador han tenido lugar numerosos empleados como suspensiones, lo mismo afectando a la construcción del Tren Maya que al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
Desde la Mañanera en México ha tenido lugar una guerra contra el Poder Judicial, se ha perfilado una hoja de ruta donde lo mismo se encuentran una afectando salarios ,apuntes sobre juicios de amparo, procesos sancionadores que le ponen temperatura a los conflictos surgidos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial derivados del ímpetu transformador del que no pudo escapar intención presidenciales de prolongar el periodo en la presidencia del ministro Zaldívar.
En los presagios de la prensa un lugar especial ocupa la posibilidad de las reformas de los artículos constitucionales 75 y 127 garantizando que el nivel salarial de los funcionarios del PJF no sean superiores al que recibe el Ejecutivo federal.