Repensar el derecho. Su enseñanza, su práctica, su pertinencia social

Autor Congresistas
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Redacción

En nuestro país es urgente repensar el derecho. El sistema jurídico y una democracia funcional requieren de leyes y operadores que tengan a la ley como el más alto valor social y el conducto o la ruta más asequible hacia la justicia.

La justicia debe ser el valor supremo en una sociedad democrática, porque la justicia le permite a cualquier persona tener aquello que las leyes dictan, sin tener que pedir favores o corromper funcionarios, ya por flojera, ya por ignorancia, ya por desesperación.

En México el derecho está en crisis en todo su ciclo funcional. Desde las facultades hasta los tribunales. El motivo principal de esta crisis es que, en México, el derecho se ha convertido en una simulación y en una herramienta de riqueza rápida.

El derecho se ha convertido en una simulación porque los estudiantes quieren entrar a las facultades para “ayudar a otros” o “servir a la justicia”, pero esa retórica es sofista y queda solo en el papel. Lo que les enseñan los textos o los profesores no es un espejo de la realidad mexicana. Cercanos a la titulación, pierden el deseo de ser partícipes en la justicia o la funcionalidad administrativa y, habiendo entendido “cómo funciona el sistema”, concluyen sus estudios con los incentivos de riqueza rápida que brindan la corrupción y un sistema sin sanciones a las conductas ilícitas. La famosa impunidad mexicana.

La enseñanza del derecho en México padece de precariades intelectuales y éticas fundamentalmente porque la carrera de abogacía es un receptáculo para los que “no quieren tener matemáticas” y para los que “quieren tener un título universitario sin una carrera que demande mucho”. El derecho lo perciben como un camino seguro hacia tener un título profesional porque para impartir clases de leyes solo se necesita un espacio físico y libros. No se necesita la infraestructura que requieren, por ejemplo, las carreras científicas como química, biología, medicina, o las ingenierías.

La abundancia de abogados en México y la carencia de justicia nos debe enseñar que la formación es mediocre. Muchos profesores “dan clases” en facultades de derecho como medio para complementar sus ingresos y no como vocación formadora. Y muchas facultades de derecho, se niegan a reprobar a alumnos que no asisten a clases o que presentan exámenes mediocres por miedo a perder el negocio. Una simulación más.

La práctica del derecho, con esa materia prima, se vuelve un verdadero problema. La ignorancia, la falta de vocación, la mala fe y el uso político del derecho para procesar los asuntos son factores que han causado que la percepción de la abogacía sea como un camino a la riqueza rápida a través de la corrupción. 

Si ponemos atención a la calidad académica de nuestros representantes en el poder legislativo, muchos son abogados y escasamente saben leer y expresarse en público sin insultos. Hemos perdido la dignidad parlamentaria. Casi todos al nivel de Cuauhtémoc Blanco, quien podría estar justificado en su estilo cavernario y vulgar por su escasa educación formal. Esto refleja una carencia educativa mucho más profunda y que arrastra vicios desde la educación básica. Lamentablemente, las carencias se ven con frecuencia también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El derecho en México, pues, ha perdido su pertinencia social, porque el derecho no asiste a nadie contra el arbitrario. El derecho existe solamente cuando una persona puede pagar por abogados, por jueces y por funcionarios. El mexicano está desamparado ante los tribunales, ya sea por su ignorancia o por su pobreza. Y tal vez estos sean factores que contribuyan a la violencia de nuestra sociedad. La gente sabe que no tiene opción de justicia pronta y expedita y, por eso, muchas veces se hace justicia por mano propia, a golpes, con armas o con intimidaciones o medios de facto.

La justicia en México se convirtió en un “sálvese quien pueda”, cuando López Obrador hizo famosa la frase: “no me vengan con que la ley es la ley”. También crecieron los incentivos de equiparar al derecho con el poder con los procesos judiciales a modo para intimidar a políticos opositores, como el caso de Daniel Cabeza de Vaca o Ernesto Ruffo.

El tecnicismo de los procesos civiles y administrativos les quita posibilidades a las personas de hacer valer sus derechos. Les causa flojera o frustración saber que no pueden acceder a la justicia si no hay dinero para la representación jurídica. Y el dinero se paga doble, por la representación y por la tajada que hay que pagar para que salga bien el asunto.

La calidad educativa es una de las urgencias desatendidas más graves de México. Los colegios de profesionistas, la Secretaría de Educación Pública y las unidades familiares mexicanas deben trabajar en conjunto para replantear el derecho en México, su enseñanza, su valor y su práctica. Una sociedad injusta seguirá siendo una sociedad violenta. Los padres enseñan a sus hijos a “defenderse” (en realidad a agredir) porque saben que no hay instancia independiente que imparta justicia, ni siquiera a nivel escolar. Seguimos viviendo bajo la ley del más fuerte porque el derecho mexicano ha desprotegido progresivamente a los más débiles y es instrumento de corrupción y riqueza rápida.

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