En el Congreso de la Unión tuvo lugar una jornada histórica que no puede escapar a la lectura, al estudio, al análisis y reflexión del ciudadano de a pie y al interés de todos, sobre todo en momentos tan dolorosos como los que hoy atravesamos como país.
Las dos cámaras del Congreso se enfrascaron en una interesante discusión en un momento tan difícil que vive un país sitiado por una pandemia de inimaginables proporciones y que ha puesto en jaque al mundo como el Coronavirus y a un gobierno preocupado por las afectaciones que pueda provocar en la salud y la economía de los más pobres, esa economía social y popular, que constituye el día a día de millones y ha recibido los embates de una corrupción e impunidad sistémica.
La iniciativa de reforma al articulo cuarto constitucional enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que va hoy camino a las Legislaturas estatales, tras ser aprobada finalmente en el Senado de la República con 92 votos a favor, va más allá de la protección gubernamental y responde a una serie asignaturas por años acumuladas.
El peso social y económico, político y cultural de los derechos humanos deben de quedar lejos de la óptica de la visión asistencial, del enfoque oportunista de una politización, partidización o amenaza de coyuntura, sino que requieren ser ampliamente reconocidos por nuestro sistema político y económico, que anuncia identificarse con una Cuarta Transformación.
En esta historia legislativa es de destacar, que tanto diputados como senadores elevaron a rango con las pensiones a los adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas para niños y jóvenes en situación de pobreza y el alcance de la salud para personas en situación de pobreza con la reforma al 4º constitucional.
En el centro de una pandemia el derecho a la salud se convierte en universal, por ello resulta lo mismo trascendente e interesante seguir una discusión de puntos y contrapuntos sobre todo cuando nos encontramos con el referente de que los partidos políticos cuentan con una formula financiera en el Presupuesto de Egresos garantizando la competencia.
¿Estamos ante la institucionalización de atender la pobreza, de la responsabilidad de un Estado por lo que genera su sistema económico o volvemos apuntar a una visión democrática del desarrollo, cuando se asumen los derechos a la salud, educación y a un mínimo de bienestar como una garantía para todos?
Es un relato histórico para los anales legislativos. La historia de esta discusión y negociación parlamentaria entreteje acuerdos e intercambios y se inicia con el hecho de que los diputados y después los senadores elevaron a rango constitucional cuatro programas sociales del Ejecutivo federal, enmarcadas en una iniciativa como son la pensión para adultos mayores de 68 años, becas de estudios para jóvenes en pobreza y servicios de salud a quienes no tengan acceso a ella. Se habla de un presupuesto de cerca de 400 mil millones de pesos que representan 6 puntos del Presupuesto de Egresos que ningún grupo parlamentario podrá remover si no cuenta con la mayoría necesaria para reformar el articulo 4 de la Constitución.
La historia parlamentaria
Correspondió a la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), fundamentar el dictamen con el que se reforma el art. 4 de la Constitución, en materia de bienestar cuyo contexto denuncia que la miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos, según lo manifestó el Gral. Lázaro Cárdenas. Dijo que se trata de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, y coloca al país en cumplimiento de las garantías de los derechos humanos a la salud, educación y dignidad humana de todas las personas en nuestro país. Explicó que se trata de una asignatura largamente pendiente y responde al compromiso del país, firmado con la Convención Americana de Derechos Humanos y referido al cumplimiento del mandato del art. 26 del referido convenio en materia de desarrollo progresivo.
La legisladora refiere la celebración de audiencias públicas de Parlamento Abierto, que se escucharon las voces de expertos, académicos, servidores públicos locales y federales, cuyas opiniones integraron una relatoría consensuada del dictamen y sostuvo que las opiniones vertidas por los ponentes se contemplan en el procedimiento legislativo de las reservas.
La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal destaca las finalidades de la reforma al art. 4 constitucional, como es la protección del derecho a la salud, con la prestación a los servicios de salud y conforme al bienestar integral. Abordó las metas de la iniciativa: garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social, lo cual se logrará a través de su acceso a los servicios y medicamentos gratuitos; por construir un estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades donde todos podamos vivir sin angustias ni temores.
Destacó en los objetivos: llevar a rango constitucional la protección de las personas a lo largo de la vida, realizar el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social; reconocer la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, en particular a las personas adultas mayores. Señaló que además el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las dispensas básicas de este sector de la población.
Alavez Ruz sostuvo que las personas con discapacidad permanente en la infancia y en la juventud, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, hasta antes de que cumplan la edad, tienen derecho a percibir la pensión para las personas adultas mayores, en especial las niñas, niños, los pobres, la población indígena. Se propone evitar la deserción escolar de los estudiantes y generar condiciones de equidad, dentro del sistema educativo nacional, se integra a la Carta Magna la obligatoriedad del Estado para que establezca un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a la población mexicana que se encuentren en condición de pobreza.
Se realiza a través de la Constitución el otorgamiento bimestral de un apoyo por 2 mil 550 pesos, lo que forma parte de un programa que tiene un presupuesto de 14 mil 194 millones, 246 mil 989 pesos para el 2020. Al respecto del presupuesto para el programa de Becas este alcanza los 129 mil 349 millones 984 mil 996 pesos.
Explicó que para 2020 se cuenta con los siguientes programas de apoyo con todos estos presupuestos: programas de Becas: Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 30,475 mdp; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior con más de 28 mil mdp; Programa de Becas Elisa Acuña, más de 4 mil mdp; Jóvenes Escribiendo el Futuro, más de 7 mil mdp. Y propone la creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, para personas sin acceso a seguridad social, estimando el costo social de 39 millones 931 mil 538 personas.
Se refirió a los beneficios médicos que actualmente gozan los derechohabientes del IMSS e ISSSTE de 170 mil 286 millones 803 mil 210 pesos. “A estos se le restaron los recursos con los que actualmente cuenta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de 74,556’294,861 pesos resultando en una diferencia de 95,730’508,349 pesos. Agregó las siguientes conclusiones como es la generación de un impacto potencial de hasta 95,730’508.349 pesos, los acuerdos entre las entidades federativas y los fundamentos de la iniciativa como un eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2019-224, denominado Política Social plantea como principal objetivo construir un país en que la población viva en un entorno de bienestar.
Expresó que el dictamen consta de seis elementos fundamentales. Citó la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que se refiere a que el impacto presupuestal asciende a 95,730 mdp para el Sistema de Salud para el Bienestar, cuyos recursos se contemplan en el PEF; 128,349 mdp para Adultos Mayores; 14,197 mdp para Personas con Discapacidad Permanente.
Que el Sistema de Becas Educativas contempla más de 30 mil mdp; Becas de Educación Media Superior más de 28 mil mdp; Becas Elisa Acuña, que son de Profesionalización de Egresados y Docentes, de más de 4,174 mdp; Jóvenes Escribiendo el Futuro, 7,776 mdp, que ya están contemplador en el PEF lo que no genera un impacto adicional con la aprobación de la presente reforma.
Posicionamiento y contraste
La diputada más joven de la LXIV Legislatura, Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD), manifestó que·”todos los mexicanos al unísono debemos pedir al gobierno federal que nos presente el plan que tiene para lograr un sistema de salud como el de Dinamarca, Noruega y Suecia, pero además tener una economía y derecho similar, un gobierno parecido y una cultura de la legalidad como la que practican sus ciudadanos”.
Dijo que todo el sistema de salud universal y de derechos sociales universales requiere de un sistema económico que los sustente, de un Estado fuerte que garantice su aplicación y de una política pública que la ordene y la ejecute. Se pronunció a favor de la constitucionalización de derechos sociales de las personas, dado a que contribuye a reducir las desigualdades sociales que se originan y se reproducen con la desigual distribución de la riqueza, con la existencia de millones de trabajadores/as que no alcanzan el salario suficiente para adquirir los bienes que requiere una familia para su bienestar.
Declaró que otros derechos, significan que el reconocimiento constitucional quede en letra muerta y se reduzca a puro discurso esperanzador y al final nada cambie. Conviene para tal objetivo una reforma fiscal que proporcione sustentabilidad financiera para tales derechos, y el reto es enorme. A la fecha la recaudación representa apenas del 13% del PIB.
Manifestó que el dictamen carece de una perspectiva de género, y expuso que se proponen amparar en la nueva redacción del art. 4º constitucional para complementarlo. Destacó que en el PRD reconocen la importancia de los derechos políticos, sociales, civiles, sexuales y reproductivos, que se vive una asimetría social, económica, cultural y política donde es ineludible buscar los mecanismos que permitan reducir estas brechas de inequidad, atendiendo con mayor énfasis a la población en una situación de pobreza y pobreza extrema y “bajo este contexto coincidimos en que una política social es necesaria”. Indicó que el reto no se encuentra en establecerlos, sino en los modos efectivos en que pueden y deben de ser garantizados. Como el propio dictamen lo menciona, las reformas que se han hecho al art. 4º han buscado garantizar una serie de derechos.
Expuso que la reforma, en materia de apoyos económicos, no es lo único que debe de hacer el Estado mexicano, pues es necesario resolver la situación de desequilibrio y de falta de acceso a los derechos y servicios imperantes en nuestro país. Estableció que se requiere de un Estado activo, a través de la canalización de los recursos públicos suficientes, generar capacidades para que una persona pueda ser agente de desarrollo. Combatir la pobreza implica compromiso y dedicación, que se puede lograr con políticas y estrategias multidimensionales.
Encuentro Social
Correspondió al Dip. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, el posicionamiento del PES. Se identificó como aliados del cambio de régimen que está viviendo el país y recordó el compromiso de campaña, y que no quepa la menor duda que proyecta un mejor horizonte. Reconoció su compromiso con esos grupos vulnerables de la población y reafirmó el apoyo. Sostuvo que “encuentran en el dictamen una gran oportunidad, no solamente para redefinir el papel del Estado, que valga decirlo, se había alejado de los principios básicos que le dieron origen al contrato social, que le dieron origen a esa existencia legítima del acuerdo social y político”.
Verde Ecologista de México
El Dip, Jesús Sergio Alcántara Núñez, se manifestó a favor del dictamen y reconoce por la trascedencia que tiene el voto a favor en el combate y la atención a la pobreza, y dividieron la propuesta de reforma en cuatro bloques: Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, para garantizar el acceso a los servicios de salud, particularmente para aquellos que no cuentan con seguridad social. Segundo lugar garantizar la entrega de un apoyo económico a personas con discapacidad permanente, particularmente a menores de edad, indígenas, aquellos en condiciones de pobreza, que calificó como deuda del Estado y que no se ha materializado en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad; tercer lugar, una pensión no contributiva o universal para personas mayores de 68 años y de 65 años de ser persona indígena.
Resaltó la dificultad de personas de esta edad para que puedan continuar vinculadas a la actividad laboral y su carencia de oportunidades para poder seguir en algún tipo de empleo remunerado y el establecimiento de un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares, pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Indicó que los temas se encuentran vinculados entre sí por los factores de atención, solución y combate frontal y directo a la escasez o a la carencia económica, por causas y circunstancias muy particulares.
Consideran los parlamentarios que estas medidas son armónicas en el contenido de art. 1º de la Constitución, que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Movimiento Ciudadano
La Dip. Adriana Gabriela Medina Ortíz, sostuvo que lograr un nuevo Estado de bienestar efectivo e irrevocable, es inaplazable, y que la bancada de Movimiento Ciudadano siempre lo acompañará. Sostienen que también se pronuncian por propiciar la mejor redacción posible técnica y políticamente hablando de la iniciativa para lograr tan noble intención de brindar bienestar a la nación. Reconocen que “algunos no consideran realistamente tanto nuestras capacidades presupuestales como las inmensas necesidades de la nación”. Reconocen que sí se puede, y que se han podido hacer los arreglos administrativos y presupuestales ante cada reto que ha presentado la expansión de derechos sociales, en la que siempre se argumenta la carencia del presupuesto.
Partido del Trabajo
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, sostuvo que el artículo 4º reconoce los derechos a la protección de la salud, la educación, la seguridad social y la obligación del Estado de garantizarlos, pero no establece un mecanismo para salvaguardarlo. Destacó que el presidente López Obrador tiene como principal objetivo reducir y erradicar las desigualdades y desventajas sociales que afectan la calidad de vida e impiden el bienestar de millones de mexicanas. Dijo que el PT está a favor de cerrar la brecha de la desigualdad para alcanzar un país más justo.
Como fundamento desplegó las cifras de la pobreza del Coneval, con una población adulta mayor vulnerable por carencias sociales de 26.9%; con carencias por acceso a los servicios de salud 9%, carencia de acceso a la seguridad social del 17.7%, población de 65 años o más, con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó entre 2008 y 2018 de 18.6% al 19.1% En cuanto a las personas con discapacidad, registró el 4.3% millones son mujeres y 3.6 millones hombres, representando el 6.7 y 5.9% de la población total de cada género respectivamente, por grupos poblacionales el 7.2% son niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años. El 9.2% son jóvenes de 15 a 29 años. El 33.6% son personas adultas de 30 a 59 años de edad, 49.9% son personas adultas mayores de 60 años o más.
Revolucionario Institucional
Para el Dip. René Juárez Cisneros: “respetar, salvar y cuidar a las mujeres es tarea de todos y reconoció la trascendencia del movimiento feminista”. Exaltó los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Citó su reclamo de justicia y su hartazgo de ser discriminadas e ignoradas, además de que son indispensables para la vida del país. El legislador por Guerrero se refirió a la importancia del art. 4, señalando que el dictamen contraviene principios rectores en materia de derechos humanos, como la universalidad y progresividad.
Destacó que “elevar a rango constitucional programas gubernamentales focalizados deja en estado de indefensión a otros grupos vulnerables y discrimina a millones de mexicanos, como a los afromexicanos”. Dijo que se pierde la oportunidad de elevar a rango constitucional el derecho al bienestar como principio fundamental y centro de todos los programas sociales. Mostró el acuerdo del PRI por medicinas y servicios médicos gratuitos para quienes no tienen acceso a la seguridad social, el apoyo a las personas con discapacidad permanente, pensión a los adultos mayores y “reconocen en este gobierno la voluntad política expresada por el jefe del Ejecutivo para apoyar a los más necesitados, en congruencia con lo que hizo en su momento como jefe de Gobierno, impulsando un programa para apoyar a los adultos mayores”.
Se mostró a favor de las becas a estudiantes de escasos recursos pero no quieren que todo quede en promesas, buenos deseos o derechos de papel, se pronuncian por la viabilidad de estos apoyos, para no quedar en sueños y populismo constitucional. Las propuestas son insuficientes, y se debe garantizar que exista dinero para estos programas, y requieren de transparencia, rendición de cuentas y visión de Estado. Expresó que se requiere de dinero para poder apoyar estas políticas públicas en materia de desarrollo social. Dijo que hoy la recaudación fiscal enfrenta problemas, está estancada la inversión en infraestructura, privada y pública, hay desplome de mercados, caída del precio del petróleo, devaluación del peso, decremento de empleo y de remate coronavirus.
Hay una economía paralizada, incertidumbre, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar que esto se pueda concretar en los hechos? Es indispensable que la economía crezca, generar la riqueza y distribuirla con mayor justicia, de lo contrario, tarde o temprano tendremos que repartir absolutamente nada, porque no habrá riqueza y si no hay riqueza terminaremos repartiendo pobreza. Se requiere de un gobierno organizado con servidores públicos con capacidad y experiencia, compromiso y mística, es necesario incluir la organización social con una visión productiva, para que los grupos involucrados aporten todas sus habilidades, destrezas y capacidades, que se sientan corresponsables en la solución de sus propios problemas.
Acción Nacional
El Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, reivindica el contenido humanista de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que considera como una verdadera enmienda para propiciar un cambio profundo en materia de igualdad y que incide en la búsqueda de justicia social estructural que propone el constitucionalismo contemporáneo. La reforma impone un programa de acción consecuente y jurídicamente robusto para el Estado y los diferentes niveles de gobierno. Señaló que han insistido en que la política social se armonice y se sustente en el programa de avance y consolidación de los derechos fundamentales.
Sostuvo que “el objetivo de este dictamen es dejar una impronta personalista, usando condiciones de desigualdad con ulteriores finalidades político-partidistas. Además de que pretende generar un tutelaje que se aleja del reconocimiento de la dignidad de la persona y pretende instaurar un programa populista. Esa iniciativa privilegia una imagen del poder que tiene de sí mismo el presidente y no se concentra en crear una norma que aspire a esquemas de justicia sustancial y formalmente válidos, contiene fallas presupuestales y técnicas graves. También tiene una motivación ideológica con tendencia a polarizar, no cuenta con consistencia jurídica que tienda a cohesionar, no es humanista, ni solidaria ni es subsidiaria.
Calificó a la iniciativa “de naturaleza instrumental y utilitarista, abre espacios de desamparo a amplios grupos que existen en extrema vulnerabilidad a cambio de dotar correas de transmisión estrictamente electorales al partido en el poder. Destacó que no pueden consentir un cambio que va en sentido contrario a nuestra historia de democratización y universalización de los derechos fundamentales. Sostuvo que en Acción Nacional estamos a favor de combatir la pobreza, a eliminar la desigualdad, por generar más y mejores servicios públicos, y la calidad de vida de todas las personas sin distingo alguno y se niegan a constitucionalizar el clientelismo.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado porque el planteamiento constitucional de los llamados Derechos Fundamentales o Garantías Individuales, asegurando la efectiva protección y materialización de estos derechos. Señaló que “es indiscutible que el dictamen retome la propuesta del Ejecutivo federal, prácticamente en sus términos, lo que implica establecer en la norma constitucional, disposiciones que bien podrían estar en la legislación secundaria, como en las leyes generales de Salud, de Educación, Inclusión para las Personas con Discapacidad, y en la de los Derechos para las Personas Adultas Mayores, que ya están. Calificó la reforma de utilitarista y que se plantea institucionalizar que los apoyos únicamente sean dirigidos a las y a los mexicanos de cierto rango de edad.
Faltan instrumentos de rendición de cuentas al Estado respecto al efectivo goce de los derechos que se instituyen y al descuido presupuestal, se da amplio margen para que las correspondientes instancias nacionales e internacionales exijan al Estado resolver a como dé lugar eventuales violaciones de los derechos humanos. Y remató “la reforma que se pretende imponer, y que pretende imponer la mayoría, hace poco probable que el Estado pueda cumplir efectivamente con su obligación de respetar los derechos humanos, sobre todo ante la irresponsabilidad de establecer que los recursos públicos asignados por el Estado para dar cumplimiento a lo ahí dicho deban ser crecientes año con año sin un planteamiento responsable de financiamiento.