Tan pronto asomó la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica, se armó la polémica y se agitó la opinión. Surgieron más voces en contra de la propuesta de la generación eléctrica que a favor. Y es que la lectura va en el sentido de que se refuerza el monopolio de la producción de electricidad por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la que se privilegia es la producida a partir de combustibles fósiles y condicionamiento a la producción de energías de fuentes renovables.
¿Por dónde va la propuesta sobre energía eléctrica? ¿Es un derecho que el Estado decida sobre la naturaleza de su política de energía eléctrica? ¿Cuáles son los fines de la propuesta y sus impactos? ¿Hay interés y conocimiento por el ciudadano de la propuesta que tiene que resolverse en el periodo de un mes? Más que reacciones favorables se alzan a la vista razones adversas, nuevos desencuentros entre sectores y gobierno, agregada a la presencia de una mayoría legislativa que podría optar por una reforma constitucional y no por la ruta de una reforma secundaria.
Y es que la lectura de una desdibujada oposición ni representaba más que contaminación discursiva, por lo que cabe preguntarse cómo observa en la marcha del proceso electoral de junio, el interés público en la propuesta en materia de energía más allá de remover de nuevo el avispero. Surgen dudas desde la perspectiva sobre ¿qué gana el ciudadano de a pie y qué se está jugando el gobierno.
Las preguntas se encadenan ante las nuevas realidades como las que se suceden en torno a la sustentabilidad ambiental, el calentamiento global, el Acuerdo de París, la aparición de una pandemia y cuando se hace hincapié de que la CFE mantiene sobre la generación de energía el uso de carbón y combustóleo. Las voces de expertos y especialistas, se hilvanan a las de legisladores y periodistas emitiendo la opinión en la que tiene un peso mayor el rechazo.
Reflejos
Al espejo público el escenario en que aparecen las controversias constitucionales como también las preocupaciones sobre los impactos y reacciones derivadas del T-MEC y un panorama de reclamos de las empresas internacionales que han invertido en México en energías renovables. El ambiente de recuperación económica se dificulta y obscurece.
Desde la exposición de motivos de la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que lleva un sello con carácter preferente y que fue remitida a la Cámara de Diputados, se colocó entre el bullicio como tema central la voluntad de recuperar la rectoría del Estado en la producción de energía eléctrica. Esta facultad que se fue perdiendo o reduciendo con el proceso de privatización sufrido por la industria petrolera y la industria eléctrica nacional para traducirse en “negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos para el apoderamiento del mercado eléctrico”, hoy está en la mira de la recuperación del ejercicio de gobierno.
Con la iniciativa se reconoce el carácter estratégico de la CFE, su perfil productivo, el compromiso de lago plazo de no incrementar tarifas y garantizar la seguridad energética. En la transparencia va su integración a la línea de la distribución de la alimentación de energía producida en las hidroeléctricas, en la de otras plantas de la CFE y en tercer lugar la energía eólica y solar producida por particulares y en el final de la fila, las del ciclo combinado producida por los particulares.
Los motivos
En las justificaciones la iniciativa presidencial busca revertir una Ley, una política energética, al decir en el texto, encaminada a promover grandes privilegios a la generación privada de energía en grave prejuicio de la CFE, por lo que la reforma se vive como un imperativo que tiene como finalidad dar prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas de acuerdo al volumen de agua determinado por el Comité Técnico de Operaciones Hidráulicas que sea aprobada por las dependencias de la Administración Pública Federal.
Se contemplan otras fuentes de energía todas integradas al sistema de alimentación como lo es la generada por las otras centrales de la CFE como es la nuclear, la de ciclos combinados y termoeléctricas y las generadas por las Centrales de “Ciclos Combinados de Productores Independientes de Energía amparados por contratos previos”. Así se propone integrar en tercer lugar el suministro de energía, la generada por los privados como es la eólica o solar, y para el cuarto sitio, la de ciclos combinados y generadores de otras tecnologías.
Los argumentos de la iniciativa presidencial se van eslabonando, mostrado el interés y la preocupación del gobierno que denuncia que la ley que se busca reformar fue elaborada para un modelo de mercado eléctrico en México que tiene referencia con los precios de energía y capacidad, sin embargo, se plantea que esos contratos financieros “al no comprometer la entrega física de energía y capacidad ponen en riesgo y vulnerabilidad a las empresas que los celebran”.
Aquí el asunto revela que “se fijan criterios de despacho a modo y en beneficio del sector privado por encima del interés público”; además de que no se garantiza el despacho físico de centrales con un costo de generación por kilowatt hora menos. Se desglosan una serie de preocupaciones como el que se obliga con este modelo de contrato a que la CFE cargue con las pérdidas por el no despacho, pero además se advierte que a la falta de un contrato de entrega física y capacidad, lo que resultan inequitativas condiciones de mercado eléctrico a un déficit del suministrados, en el caso a la CFE, lo que anuncia incrementos tarifarios o un mayor subsidio con cargo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En definiciones
Entre las precisiones de un documento de 18 páginas, se vislumbra que el objetivo de la iniciativa es garantizar confiabilidad, pero además dotando de un sistema tarifario de precios sujetos y de alzas conforme a la inflación. Se propone así modificar el orden del despacho a cargo de la Centrales Eléctricas de la CFE y se subraya que con la operación de ambos contratos financieros y de entregas físicas se eliminan erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes. Simultáneamente se plantea que se termina con la simulación de precios del mercado que favorecen a la especulación.
Destaca el hecho de que la modificación del Despacho Económico al Despacho de Entrega Física de la Centrales Eléctricas en el Contrato Delegado a la CFE, asegura la entrega prioritaria sobre otros proveedores consiguiendo así la rentabilidad que redunde en la rentabilidad del la CFE y la nación. En la exposición de motivos se explica a que la propuesta se implementa la referencia a la tendencia internacional en los parámetros del esquema de Contratos de Entrega Física de Energía y Capacidad Combinada con Contratos de Transacciones Bilaterales Financieras celebrados en países como Irlanda, China y Singapur.
En la iniciativas se contempla también la prevención de la obligación de que los permisos a los que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía y se relacionan con sustentos constitucionales, los que se vinculan con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que establece que corresponde exclusivamente al dominio de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional y la función se reserva al dominio del Estado.
La función se explica de que la energía, en el caso, la electricidad que se reconoce como una actividad fundamental para el bienestar tanto para la vida social como también económica y de trascendencia para la generación de bienes agregados, además de ser una actividad que garantiza calidad y confianza en el Sistema Eléctrico Nacional, además de que constituye un elemento insustituible para preservación de la seguridad energética, pero también en perspectiva de los objetivos de la seguridad nacional.
Las aristas
Queda definido como propósito el que los objetivos de los permisos de la generación de energía queden alineados a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, ya que se prevé que su proliferación indiscriminada, como ya ha ocurrido en materia de energía “constituye un grave riesgo para el adecuando funcionamiento de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución”.
Por lo anterior se propone el Establecimiento de Certificados de Energías Limpias que no dependan de la fecha de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas. La finalidad es fomentar un mercado de competencia igualitario que reconozca energías limpias para todos los generadores, en condiciones de equidad y conforme a lo que establece el art. 3 fracción octava de la Ley de la Industria Eléctrica, que define a los Certificados de Energías Limpias con el titulo emitido por la Comisión Reguladora de Energía acreditando la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias y que simultáneamente son un instrumento de los avances en la materia.
Otro tema a destacar, es el que se relaciona con la obligatoriedad de comprar por subasta para el Suministrador de Servicios Básicos que identifica con el mecanismo diseñado con la reforma constitucional en materia de energía del 20 de diciembre de 2013. Se establecía que quien requería de energía adicional podría adquirirla en el Mercado Eléctrico Mayorista especulativo, que por cierto resultaba más caro. Se obliga a la Comisión Reguladora de Energía a la revocación de permisos de autoabastecimiento o modificaciones en el caso de que hayan sido obtenidos a través de la realización de actos constitutivos de fraude de ley.
Al respeto del T-MEC se concierne con la recomendación de la revisión de la legalidad y rentabilidad para el gobierno federal de los Contratos Compromisos de Capacidad de la Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica que han sido suscritos con productores independientes de energía bajo los criterios de la Ley del Servicio Público.
Reacciones
La reforma es vista con sobresaltos y con altos costos económicos, sobre todo en el sentido de la ruta de recuperación económica se hacen necesarias y en la industria eléctrica las inversiones extranjeras de países europeos y de capitales norteamericanos. Hay un ambiente de contra reforma, de calificaciones de ocurrencias gubernamentales, de tendencias monopolizadores y de posibles afectaciones que van desde amparos, controversias constitucionales, y serias repercusiones económicas.