Semejanzas y diferencias en la Política Social

Autor Congresistas
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Al revisar en el presupuesto que está analizando la Cámara de Diputados, los programas sociales que han desaparecido y los que han surgido entre 2018 y 2021, uno encuentra semejanzas y diferencias.

Si bien los cuatro gobiernos anteriores y la actual administración parecerían coincidir en el propósito de centrar la política social en el combate a la pobreza y en privilegiar el uso de transferencias monetarias de ingreso para hacerlo, existen motivos de fondo distintos y matices que hacen diferente la forma en que se llevan a cabo los programas sociales de la actual administración.

Al menos distingo cuatro diferencias:
La primera es que el gobierno actual confía en las personas pobres, les entrega los recursos sin exigirles comprobación de que los usan para los fines previstos. Por ejemplo, confía en las decisiones que tomen las madres trabajadoras para atender a sus hijos e hijas pequeñas mientras ellas trabajan, confía en los estudiantes que reciben las becas de educación básica, media superior y superior, así como en las personas mayores, cuyas pensiones recibirán el mayor presupuesto de todos los programas sociales en 2021.

En segundo lugar, el Presidente de la República evita utilizar, para dispersar los recursos, como se dice ahora, y para definir los padrones de destinatarios, a las instituciones responsables de la política social y a organizaciones sociales y civiles a las cuales considera intermediarias. Utiliza una estructura paralela, los Servidores de la Nación, montada por el mismo. Los padrones que se usan para asignar las transferencias derivan de un poco claro Censo de Bienestar que levantó esa estructura paralela, despreciando la capacidad para levantar censos del INEGI que data de 1897. Asimismo, el Ejército, la institución en la que más confía, está construyendo 2,700 sucursales del Banco de Bienestar para hacer llegar las transferencias monetarias directamente a los beneficiarios.

En tercer lugar, se observa un desprecio por la teoría y práctica del diseño de políticas públicas que dominó la gestión de los programas sociales en la etapa de los gobiernos neoliberales donde, a pesar de todos los mecanismos para cuidar su diseño, instrumentación y evaluación, los padrones nunca se pudieron consolidar se gastaron importantes recursos en las evaluaciones y, no obstante, campeó una enorme corrupción.

En cuarto lugar, esta administración realizó un profundo cambio en la política agropecuaria para dejar de atender con prioridad a las medianas y grandes unidades de producción rural que producen para la exportación y para el mercado interno para volcarse a los millones de unidades de productores minifundistas, pequeños y medianos de subsistencia y de autoconsumo.

Para los campesinos con tierra la actual administración busca mejorar sus ingresos mediante el programa Sembrando Vida y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Lamentablemente, no se detecta programa alguno dirigido a los jornaleros del campo sin tierra que migran con sus familias en el territorio nacional y obtienen ingresos miserables. Se trata de las familias más pobres entre las pobres. Por el contrario, lo que quedaba de programas dirigidos a ellos y a sus familias de anteriores administraciones y que en una etapa estuvieron bien concebidos, parecen haberse eliminado.

Cabe destacar algunas similitudes entre los programas para la atención de la pobreza de las administraciones anteriores con la actual. Las asignaciones de dinero son individualizadas, un sólo estudiante por familia, por ejemplo, sin tener en cuenta el impacto en los grupos familiares y en las comunidades. Centran su propósito en mantener a los niños, niñas y jóvenes asistiendo a las escuelas, para evitar la deserción escolar.

Poco han hecho los gobiernos para mejorar la accesibilidad física, la disponibilidad de espacios educativos dignos y la calidad y adecuación de la educación que se imparte. Son pocos y muy pequeños los programas para elevar la cantidad, calidad y distribución territorial de la oferta de servicios de educación públicos.

Es decir, poco sirve apoyar con becas a los estudiantes si los servicios educativos son deficientes e insuficientes, difíciles de acceder físicamente, de muy baja calidad y poco pertinentes a las circunstancias que viven las poblaciones en pobreza. Con la pandemia y los programas de educación a distancia, millones de niñas, niños y jóvenes han quedado excluidos porque en sus casas no hay suficientes computadoras o televisores y en las comunidades más pobres ni siquiera energía eléctrica, ni señales de Internet o de televisión.

Si bien la pandemia obligó al gobierno actual a ampliar el presupuesto para la atención de la salud, mismo que se mantuvo en niveles muy bajos durante varias décadas y condujo al colapso del sistema de salud pública por el choque del COVID-19, desde la perspectiva de una política social de combate a la pobreza con enfoque de derechos humanos, se observan al menos cinco asignaturas pendientes: la atención a los derechos de alimentación, vivienda digna, agua, saneamiento y medio ambiente.

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