La elección a la presidencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) y de la Presidencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Pina Hernández por el voto directo de los 11 ministros, renueva el horizonte de la justicia.
Con la elección de una mujer que conoce como recorrido la carrera de “juzgadora” se fue construyendo una compresión y representación de la técnica, humanidad y horizonte de la justicia a la par de que se abre una nueva época en uno de los tres Poderes de la Unión, de un sistema de división de Poderes complementarios, lo que implica renovados esfuerzos de comunicación a partir de los derechos humanos a fin de acercar a los ciudadanos a la Constitución y las leyes.
La visibilidad que en los últimos años se han desplegado en la SCJN y en él el PJF, se entiende en la ruta de la justicia y con la consolidación de los derechos humanos, destacando entre ellos también el de la información y la transparencia que nos llevan a otros derechos como es el acceso a la justicia que incluso nos introduce en la ruta de las exigencias de que se nos garantices esos derechos humanos que conllevan al empleo incluso de otras herramientas de ley como es el amparo, la acción de inconstitucionalidad, recursos, el acompañamiento del Instituto de Defensoría de Oficio, y otras vías que no invitan a conocer la Constitución, ley fundamental para la impartición y administración de justicia.
Entre las preocupaciones de la ministra presidenta, Norma Pina, está el que los ciudadanos y ciudadanas conozcan la ley, nuestra Carta Magna y reconocer las leyes que de ella emanen que rigen nuestra existencia. Esto es reconocer que contamos con derechos pero también con responsabilidades. Estos es que se nos garantiza al acceso de políticas públicas.
La justicia no cae del cielo sino que se conquista, defiende y exige por los ciudadanos, que conozcan sus derechos y responsabilidades. La gestión de los derechos requieren de conocer que son inalienables, progresivo, y que suponen un portafolio de herramientas que conllevan a protocolos, de herramientas, procesos y de prácticas para que se cumplan, además la exigencia que en ocasiones demandan, de la intermediación que va desde un simple papeleo hasta procesos más complejos, teniendo como principio conocer nuestra Constitución y esos derechos a los que somos acreedores desde el primer artículo hasta el artículo 29 constitucional.
Lo anterior plantea la necesidad de familiarizarnos y hacernos dueños de ese conocimiento con la lectura de la Constitución, con el ejercicio de la lectura de las leyes que se emitan, estos es valernos de la publicitación de estas mismas a las que están obligados los Poderes dar a conocer para que estás se cumplan.
Día a día nos vamos familiarizando con los derechos humanos. Contamos con ello para vivir en condiciones de bienestar, libertad, información para que podamos acceder a la justicia. Al derecho a la alimentación, la salud, educación, libertad de expresarnos, comunicarnos, y otros servicios más que no van más allá que el discursos político electoral.
¿Cómo lograr que los derechos se cumplan, como gestionarlos, dónde y con qué articular nuestros derechos constitucionales en una realidad concreta? ¿cómo gestionar el acceso a la salud, la educación, la seguridad, alimentación, vivienda, libre tránsito, la equidad?
Sin duda estamos ampliando nuestro lenguaje técnico jurídico, gravitando sobre las justicias cuando está en juego la representación política pero también un absolutismos presidencial. una dudosa y poca representación política monopolizada por los partidos.
La construcción y consolidación de ciudadanía es sin duda la primera responsabilidad para atender por parte del Estado, de los Poderes, de los distintos órdenes de gobierno local, estatal y federal para transcender la sensación de que caminamos más allá de la colonización del poder público o de la indiferencia ciudadano.
A 30 años de la consolidación de la democracia procedimental y de la alternancia en el Poder público, se ha dado una movilización en los poderes, pero ello no significa que estos poderes hayan sido remodelados ni que se traduzcan en su democratización, sus prácticas y ejercicios, tendrán que transformarse a partir de las exigencias de ciudadanos desde el poder y a la luz de nuestra Constitución.
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¿Es posible preguntarnos una vez más cómo se vive desde el ámbito de la justicia el ciudadano, en el marco del ejercicio de los derechos, la equidad, la igualdad en oportunidades, el acceso a condiciones de bienestar, las desigualdades en las políticas publicas y el acceso a la justicia.
La presidencia de la primera mujer en la Corte revitaliza a un Poder que nos permite vivir y observar a un mayor número de ministros interesados en ejercer su responsabilidad sin mirar más allá como juzgadores.