Beto Bolaños
Ha pasado casi un año desde que familias enteras de Buenavista, comunidad perteneciente a Santiago Yosondúa, Oaxaca, fueron expulsadas violentamente de sus tierras tras los ataques atribuidos a habitantes de Santa María Yolotepec. Un año después, el gobierno sigue hablando de mesas de diálogo, reconciliación y pacificación, mientras decenas de personas continúan desplazadas, sobreviviendo lejos de sus hogares y sin condiciones reales para regresar.
La tragedia se ha prolongado tanto que comienza a normalizarse.
Adultos mayores, mujeres, campesinos y niños mixtecos permanecen fuera de las tierras donde nacieron, sembraron y construyeron su vida. Muchos de ellos apenas hablan español. Son comunidades indígenas que han quedado atrapadas entre la violencia territorial, la indiferencia institucional y un conflicto que parece beneficiar a intereses mucho más grandes que ellos.
Porque mientras las autoridades acumulan reuniones, comunicados y promesas, la realidad es brutal:
las familias no han podido volver.
No hay seguridad.
No hay justicia.
No hay detenidos relevantes.
No hay reparación.
Y, sobre todo, no existe garantía alguna de retorno.
Las denuncias hechas por los desplazados incluyen presencia de hombres armados, amenazas constantes, viviendas incendiadas y agresiones que obligaron a las familias a huir para salvar la vida. Pese a ello, el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar siquiera lo mínimo: que las víctimas puedan regresar a su territorio sin miedo a ser atacadas nuevamente.
Con el paso de los meses, incluso la ayuda humanitaria comenzó a desmoronarse. Varias familias dejaron los espacios habilitados temporalmente porque permanecer refugiadas durante tanto tiempo se volvió insostenible. Muchos desplazados prácticamente sobreviven por su cuenta, abandonados después de que la atención mediática disminuyera.
Ni siquiera la intervención y seguimiento de organismos internacionales ha cambiado el panorama. La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancur, conoció el caso y dio seguimiento a la situación, pero las comunidades siguen desplazadas.
A ello se suma una nueva denuncia que exhibe el nivel de exclusión y opacidad que rodea el caso: las propias personas desplazadas aseguran que ya no están recibiendo información clara sobre los supuestos avances de las negociaciones.
De acuerdo con testimonios de habitantes, las autoridades argumentan que, “para evitar chismes”, la información únicamente se comparte con ciertos representantes. El problema es que, según denuncian los afectados, esos representantes no bajan la información a las familias desplazadas, dejando a decenas de personas completamente al margen de decisiones que afectan directamente su futuro, su seguridad y el posible retorno a sus tierras.
La situación resulta especialmente grave considerando que muchas de las personas desplazadas son adultos mayores y campesinos mixtecos que dependen totalmente de la información proporcionada por terceros para entender qué está ocurriendo con su comunidad.
En los hechos, las víctimas están siendo excluidas incluso de las conversaciones sobre su propio destino.
Y mientras las familias continúan esperando justicia, crece una pregunta cada vez más incómoda:
¿qué intereses existen realmente detrás del conflicto?
Desde hace años, habitantes de la región y defensores del territorio han señalado la posibilidad de que el trasfondo no sea únicamente agrario. La Mixteca oaxaqueña posee importantes recursos minerales y desde hace más de una década existen antecedentes documentados de interés extractivo en la zona, particularmente relacionados con hierro, oro, plata y otros minerales estratégicos.
No se trata de una sospecha surgida recientemente.
Ya en 2014 comunidades como Buenavista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Cuajilotes denunciaban proyectos mineros y rechazaban actividades vinculadas a Minera del Norte, filial de Altos Hornos de México. Desde entonces advertían sobre daños ambientales, saqueo territorial y presión sobre las comunidades indígenas.
Hoy, muchas de esas mismas comunidades viven bajo desplazamiento, incertidumbre y fractura social.
La coincidencia resulta imposible de ignorar.
A esto se suma un episodio especialmente revelador: cuando representantes de Yosondúa viajaron a la Ciudad de México y permanecieron acampando cerca de la Catedral Metropolitana buscando atención del gobierno federal, recibieron una respuesta tan indignante como reveladora. Según relatan integrantes de las comunidades, desde el propio gobierno les sugirieron que demandaran a las empresas mineras.
La respuesta exhibe el tamaño del abandono institucional.
Porque pedir a comunidades mixtecas desplazadas, integradas en gran parte por campesinos, adultos mayores y personas que apenas hablan español, que enfrenten legalmente a corporaciones mineras con recursos multimillonarios, estructuras jurídicas nacionales e influencia política, equivale prácticamente a condenarlas a perder.
Es la traducción más cruda de la desigualdad en México:
comunidades indígenas empobrecidas enfrentadas contra intereses económicos gigantescos mientras el Estado observa desde la distancia.
Y mientras el tiempo pasa, ocurre algo todavía más peligroso:
el desplazamiento debilita a las comunidades.
Sin acceso a sus tierras, sin posibilidad de sembrar, dispersas y sobreviviendo en condiciones precarias, las poblaciones pierden fuerza organizativa, capacidad económica y herramientas para defender jurídicamente su territorio. El desgaste termina convirtiéndose en una forma silenciosa de despojo.
La pregunta que las autoridades siguen evitando permanece intacta:
¿quién gana cuando comunidades enteras son vaciadas y sus tierras quedan abandonadas?
Porque un año después, las familias de Buenavista continúan fuera de casa.
Y eso ya no puede explicarse solamente como un conflicto agrario sin resolver.
Empieza a parecer el retrato de un Estado incapaz —o quizás poco dispuesto— a proteger a las comunidades indígenas cuando el territorio que habitan posee valor económico.