Horacio Esquivel Duarte
La libertad que exige conciencia
Después de largos periodos de silencio normativo, reaparece una discusión inevitable: ¿deben regularse los medios de comunicación o basta con confiar en su autorregulación?
La pregunta no es menor. En ella se encuentra uno de los equilibrios más delicados del Estado constitucional: la coexistencia entre la libertad de expresión, la libertad editorial y el derecho de las audiencias a recibir información.
Toda libertad que produce efectos sobre la colectividad deja de ser un acto exclusivamente individual para asumir una dimensión social. Por ello, la libertad de expresión no sólo protege a quien comunica; también protege a quienes tienen derecho a ser informados.
Los medios de comunicación, por su alcance y capacidad de influencia, no son simples transmisores de noticias. Son constructores de realidad. En esa medida, su actuación exige responsabilidad.
De ahí surge la importancia de los códigos de ética. No como instrumentos para imponer una línea editorial ni para uniformar el pensamiento, sino como compromisos públicos que orienten el ejercicio profesional del periodismo y fortalezcan la confianza de las audiencias.
Sin embargo, la experiencia demuestra que la autorregulación, por sí sola, no siempre resulta suficiente.
En distintos momentos de nuestra historia, la relación entre medios, poder político y poder económico ha generado incentivos capaces de distorsionar el derecho de la sociedad a estar informada. A veces mediante presiones directas; otras, mediante financiamientos, intereses comerciales o decisiones editoriales que privilegian determinados contenidos y silencian otros.
Esa también es una forma de afectar la libertad.
No porque se prohíba hablar, sino porque se decide estratégicamente qué se informa, qué se minimiza y qué se omite.
Por ello, el debate actual sobre los derechos de las audiencias no debería reducirse a una confrontación entre regulación y censura.
Esa simplificación impide analizar el verdadero problema.
Un Estado que determina qué puede decirse incurre en censura y vulnera directamente la libertad de expresión.
Pero un sistema completamente desprovisto de reglas tampoco garantiza una sociedad libre e informada. Puede favorecer la desinformación, la manipulación deliberada, la confusión entre información y opinión, o la captura de los medios por intereses políticos o económicos.
La pregunta correcta, entonces, no es si debe existir regulación.
La verdadera pregunta es qué tipo de regulación resulta compatible con una sociedad democrática.
Una regulación legítima debe proteger derechos, no sustituir el criterio editorial.
Debe garantizar transparencia, no imponer narrativas.
Debe fortalecer la independencia de los medios, no condicionarla.
Debe ampliar el derecho de las audiencias, nunca reducir la libertad de expresión.
Por ello, cualquier lineamiento que establezca obligaciones para los medios debe interpretarse con prudencia constitucional. Los códigos de ética, las defensorías de las audiencias y los mecanismos de diferenciación entre información, opinión y publicidad pueden fortalecer la confianza pública, siempre que no se conviertan en instrumentos de presión política ni en mecanismos indirectos de control sobre los contenidos.
El verdadero límite no lo fija la conveniencia del gobierno de turno, sino la Constitución.
En una democracia madura, la crítica al poder nunca debe confundirse con desinformación, así como la exigencia de veracidad tampoco puede utilizarse para restringir el debate público.
Por eso, la responsabilidad social comienza donde termina la propaganda, cualquiera que sea su origen.
La mejor garantía contra la censura sigue siendo una prensa libre.
La mejor garantía contra la manipulación sigue siendo una prensa ética.
Una sin la otra resulta insuficiente.
Porque la libertad no sobrevive únicamente por la ausencia de prohibiciones.
Permanece cuando es ejercida con independencia, responsabilidad y conciencia.
Sólo entonces el derecho de las audiencias y la libertad de expresión dejan de verse como principios enfrentados y se convierten, como debe ocurrir en toda democracia constitucional, en derechos que se fortalecen mutuamente.