- Definición de ámbitos
- Posiciones distintas
- Democracia y constitucionalidad
Con 94 votos a favor, la Dra. Ana María Ríos Farjat, fue elegida ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 15 años, y en una elección en la cual la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel recibió 23 votos, la Dra. Diana Álvarez Maury, uno, además de que se registraron 2 sufragios nulos.
La elección de un ministro de la SCJN es un proceso electivo de la mayor jerarquía y responsabilidad del Senado de la República, su reflexión no debe pasar al cajón del olvido sino a tener un registro preciso en la memoria pública. La socialización de las intervenciones de las aspirantes como de los senadores apuntan hacia enfoques distintos: el rumbo que pueda tomar la justicia, los resultados de los avances de la democracia procedimental, el peso de una mayoría parlamentaria y el peso de un Ejecutivo del mismo partido, las tendencias y tensiones que presenta el Estado, el gobierno, el grado de conflicto entre sectores de poder; el diagnóstico del estado del Poder Judicial; y también un panorama sobre las distintas posiciones que guardan entre sí los nuevos sectores emergentes que desde el ámbito académico y social, económico y jurídico, político y gubernamental pugnan por posiciones en el poder público, así que se pone luz también en nuevos actores, clases, posturas y tendencias de las corrientes sociales.
Y en un párrafo especial merece la falta de políticas públicas que acompañen el lado emocional y físico de las mujeres en sus esfuerzos de superación profesional y la equidad.
El proceso iniciado con el envío de una terna por el presidente de la República se desarrolló en el marco de la responsabilidad constitucional que reserva a la Cámara de Senadores la elección de los ministros de la Corte, la más alta responsabilidad para el Senado, pues se trata de una facultad reservada a la configuración de otro de los tres Poderes de la Unión, en un sistema político de división de Poderes, en el cual la Suprema Corte es el máximo tribunal, responsable de la administración y procuración de justicia.
Queda hoy reflexionar sobre la conveniencia de hacer un seguimiento de las repercusiones que este cambio impulsado por los Poderes electos tendrá en la SCJN y en el Poder Judicial de la Federación (PJF). Preguntarse ¿Cuál fue la motivación del Ejecutivo con el envío de una terna de candidatas, todas sin duda extraordinarias y bajo la observación de un Senado dominado por la presencia de partidos políticos y que responde al tema de la justicia? ¿El único objetivo fue cumplir con la equidad? ¿Qué fue lo que acordaron entre sí las fracciones políticas a favor de la Dra. Ana María Ríos Farjat? ¿Qué impactos sociales, económicos, jurídicos y políticos tendrá esa elección en el curso de la SCJN, el PJF y el régimen de la 4T en un escenario en dónde los ciudadanos sufren una justicia llena de privilegios, costosa, corrupta, lejana e inasequible? ¿Vamos avanzando en la consolidación de ciudadanía y fortalecimiento del Estado?
Cada movimiento de una pieza en el tablero del ajedrez político en sus diversos órdenes tiene un impacto en la vida del ciudadano de a pie, en la democracia, los derechos humanos y al ras del piso, determinando el alcance de la justicia.
La mirada constitucional
La Constitución determina que corresponde al Senado de manera exclusiva la elección de los ministros integrantes de la Corte, pero también, en su momento de otros funcionarios federales, como son los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral de la Federación, de jueces y magistrados, del gobernador y vicegobernadores del Banco de México, a funcionarios hacendarios y financieros, de los fiscales de la República y Anticorrupción.
También eligen de una propuesta presidencial a los comisionados del Instituto Nacional de la Información y la Transparencia (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comisionados de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) lo que debe ser del desinterés de la ciudadanía y objetivo de un proceso amplio de información y comunicación política en un sistema democrático. Igualmente corresponde al Senado ratificar nombramientos de jueces, magistrados, consejeros del PJF, así como a funcionarios hacendarios, fiscales, embajadores y cónsules, de tribunales agrarios y administrativos.
Como mandato
En el Senado de la República se vivieron tres comparecencias del lujo en la que participaron las integrantes de la terna enviada por el presidente López Obrador. Es una lección histórica, pues se trata de un proceso determinado primero por la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, seguido por el principio de equidad e igualdad de género, de la exigencia de la más absoluta transparencia en la participación en la conformación de otro Poder y de la autonomía entre Poderes y el peso de la legitimidad que dan las urnas.
La elección de la nueva ministra tiene lugar en un contexto de tensiones y conflicto cuando el gobierno se traslada montado en el discurso de una 4T, en un paquete de leyes orientando el cambio en la administración pública, en el anunció de reformas al Poder Judicial, en el marco de un proyecto político de fuerte contenido social, de fortalecimiento al presidencialismo, en el contexto de un gobierno en los límites de la constitucionalidad, desde el combate a la corrupción e impunidad y del postulado de la separación de la política, de la economía y la emergencia de una nueva política, financiera, hacendaria, judicial y una ciudadanía con tragedias y emociones encontradas a flor de piel. Todo en un horizonte políticos de división de Poderes y en el que el liderazgo de Estado recae en el titular del Poder Ejecutivo.
Por seis históricas horas, Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación; Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE; y Ana María Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria, las tres abogadas, dos funcionarias de gobierno, y todas haciendo gala de amplio conocimiento, visión del sistema de justicia, y en la exigencia de la autonomía que corrió de parte de la investigadora Ana Laura Magaloni Kerpel, con una larga trayectoria académica.
Para los senadores el reto fue construir una elección impecable y a distancia de los acontecimientos ocurridos con el proceso de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que expuso desde su origen la legitimidad de la elección.
¿Cómo fue la comparecencia de las integrantes de la terna ante los senadores integrantes de la Comisión de Justicia? ¿Cuál era la propuesta y la visión de cada una de aspirantes sobre el Poder Judicial, a la administración y procuración de Justicia? ¿Cómo vislumbran a la Suprema Corte y al Poder Judicial? ¿Qué postularon? En una comparecencia de aproximadamente dos horas y media, fue la Dra. Álvarez Maury, la primera en encontrarse ante los senadores, en rondas de preguntas y respuestas de los senadores integrantes de la Comisión y otra ronda más de los senadores interesados en el proceso.
Como el centro de las preocupaciones de los senadores destacaron los derechos humanos, la criminalización del aborto, la despenalización y regularización de la marihuana, austeridad, el freno a la impunidad y corrupción, autonomía del Poder Judicial, transparencia en la vinculación del Poder Judicial con los ciudadanos.
Dra. Diana Álvarez Maury
Tras agradecer la oportunidad de participar y comparecer, destacó los siguientes temas: su origen civil, su formación académica y su vinculación con la sociedad civil, su percepción de la justicia como la regla y no excepción; la distancia existente entre los que reclaman justicia y quienes la imparten y administran, la justicia como vocación y ocupación, evolutiva y comunitaria, formación y docencia, dinámica y no estática. En su opinión la SCJN debe ser un instrumento para el cambio y la justicia social, colocando al centro los derechos humanos.
Percibe a la justicia como valor e impulso; el que la Corte debe de abrir sus puertas a todos; las sentencias supremas deben de proteger los valores superiores que reconoce y consagra la Constitución entendida esta como un producto social y no como un documento estatal, la Corte tiene la misión de hacer suprema a la justicia y no a la Corte, porque así se dejará supremo el valor de la humanidad. Advierte que México requiere de una justicia más abierta, de escucha y del trato de las personas no de los documentos.
Propuso que la Corte debe ser más productiva y oportuna; la realización de dos reuniones de salas y dos plenarias, el Poder Judicial debe avanzar en términos de especializaciones en jueces y tribunales por materia, debe de incrementar la capacitación, información entre Poderes, denunció tesis y jurisprudencias alejadas de la construcción de sentencias, aseguró su autonomía en imparcialidad para resolver los asuntos de justicia.
Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel
La segunda en comparecer ante la Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura del Senado de la República, agradeció el honor que representa el comparecer como un máximo reconocimiento a una vida dedicada a la investigación y estudio de la justicia y en un momento en que la historia permite condiciones para el cambio social. Pintó “el país con los colores de la injusticia que lleva demasiado tiempo torcida”.
Trazó un México atravesado por la desigualdad, el privilegio, conflicto e incertidumbre, violencia, corrupción y la arbitrariedad de la ley del más fuerte, lo que alcanzó un amplio consenso social de la necesidad de que el Estado recupere el espacio que han ocupado la violencia y la corrupción. Advirtió que todos los procesos sociales generan tensiones y producen conflictos, resistencias y miedos legítimos y en este contexto se necesita un árbitro creíble, legítimo e imparcial.
Postuló que se requiere de una Corte que pacifique, explique y convenza, que “entienda bien el contexto político y social en el que estamos inmersos”. Expresó que “quiere ser ministra de la SCJN para contribuir para que el máximo tribunal asuma el papel histórico que le corresponde a un México exaltado, polarizado y con tantas emociones y tragedias”. Concibe a la SCJN como casa de la justicia, de las razones, argumentaciones, de la articulación de nuestros valores. Aseguró que quiere ser ministra y que trabajará sobre dos grandes ejes; el acceso a la justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley y en los límites al ejercicio del poder, asegurando que el impulso del cambio social no desborde los cauces constitucionales.
Entiende a la justicia como la forma pacificadora de un juez. Explicó el conflicto como los intereses contrapuestos, en donde cada quien defiende sus intereses, define las partes y pone una solución jurídica que los favorezca y que es lo opuesto a la del adversario. Ubica el desafío en una juez de pacificación del conflicto, cuya primera tarea es estabilizar la verdad y la segunda, explicar a cada una de las partes cuáles son las razones para decidir por qué una gana y la otra pierde.
Entiende a la justicia como una tarea de pacificación, y el trabajo de una juez de percepción, de convencimiento del porqué la solución propuesta es la mejor en términos constitucionales, políticos, sociales, éticos. Se trata de fortalezas para que nos convenzan sus explicaciones, entonces la SCJN tiene grandes asignaturas pendientes. Cuestionó las extensas sentencias plagadas de errores y tecnicismos, su lenguaje inasequible para quien no sea abogado, la ausencia recurrente del contexto social y político en el que se ubica el conflicto, el olvido a la racionalidad del impacto de la solución propuesta.
Para Magaloni Kerpel estos elementos le restan fuerza a la tarea pacificadora. Propuso la realización de sentencias cortas, puntuales, comprensibles, que reconcilien el derecho con la justicia en México, se vive la gran paradoja, de ser por un lado el país, con un marco constitucional de avanzada y en otro en donde muchos mexicanos viven en contextos de desigualdad.
Observó que nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se reconozca como acceso, propuesta y proponga derribar las condiciones del acceso a la justicia de personas que viven en pobreza y que tiene que ver con tener acceso a un abogado que no pueden pagar. Destacó que una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición una sociedad desigual.
Coloró el paisaje de la justicia con la constante de la marginalidad, existencia derruida y capturada por grupos violentos, violencia intrafamiliar con la invisibilización de la experiencia. En el diagnóstico: instituciones intermedias que no frenan el atropello, México requiere de una reforma profunda del entramado institucional de justicia a ras de tierra, “porque vivir lejos de la protección de la ley es la amenaza y la incertidumbre”.
Cuestionó sobre cuál es el papel de la SCJN para quienes no han tenido acceso a la justicia, y propuso que la Corte debe de ser una aliada de quienes impulsan la transformación de defensorías publicas, fiscalías locales, comisiones de derechos humanos, juzgados de primera instancia, los que requieren del liderazgo de una Corte que diga “cómo sí y no sólo cómo no”. Estimó que la Corte puede ser también una aliada de los colectivos sociales y civiles que están en contacto directo con las personas que viven la marginalidad política.
La Corte debe recuperar su sentido estratégico de atracción, acordar causas, temas, problemas prioritarios, lo que es clave para que la Corte se pronuncie a combatir a favor de una agenda social, agilizar los pesados requisitos procedimentales que impiden a la mayoría acceder a la justicia.
Lamentó que el Juicio de Amparo sea tan técnico y especializado dejando a millones de mexicanos al margen protector de la Constitución; que su jurisprudencia y precedentes no tengan el impacto deseado en las decisiones en jueces de primera instancia que no acaban de entender las jurisprudencias. Opinó que la Corte lo que dice que son nuestros derechos no bajan al entendimiento ni es garantizado por los jueces de primera instancia.
Citó las grandes distancias existentes entre el tribunal y las realidades dolorosas de quienes viven fuera de la protección de la ley. Propone abrir las puertas en dos vías: “escuchar de forma permanente a quienes no han sido poderosos, carecen de influencias y no tienen dinero”, en términos personales “dedicar tiempo a dialogar con los colectivos de víctimas, jueces de primera instancia, fiscales, asesores públicos, los interesados en cambiar esa realidad y ello permitirá tomar el pulso y aportar visión”.
Sostiene un segundo eje de trabajo que corresponde en poner límites al poder que entiende como asumir la gestión de la tensión entre Constitución y democracia. Sostiene que a la Corte no le corresponde definir a la política publica ni la dirección del cambio social, pues depende de los Poderes cuyo origen legítimo son las urnas. A la SCJN le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los límites que define la Constitución. Observó que el Poder de la Corte no sólo estriba en su capacidad de poner límites sino también en dar legitimidad constitucional a las decisiones de los poderes electos.
La decisión de la SCJN sobre cuando se exceden los límites constitucionales no depende de la voz de un ministro sino de una voz colectiva de ministros y propuso resoluciones técnicas impecables y éticamente incuestionables. Dijo que una decisión dividida genera incertidumbre dejando abierta la interpretación e inestabilidad.
Advirtió que hoy es más evidente que nunca la tensión entre democracia y la Constitución. Concluyó que las resoluciones de la Corte requieren de la imparcialidad y aseguró que cuenta con la autonomía, integridad personal y profesional y una trayectoria pública acreditada y su capacidad de dialogo con todas las fuerzas políticas sin comprometer sus convicciones.
Dra. Ana María Ríos Farjat
Agradeció la oportunidad de comparecer y reconoció que su vocación por el derecho y el Poder Judicial tiene origen en que su padre dedicó su vida al Poder Judicial y fungió como juez de distrito y secretario de Cuenta. En una comparecencia caracterizada por su apertura se da paso al perfil personal: carácter rebelde e inquisitivo, cuestionador, inclinado a la justicia, desarrollado en el empleo en un juzgado de distrito, una trayectoria desde la costura de expedientes, la proyección de sentencias, amparos, vivencia en las calles entre quienes son notificados, lo que saben que van a perder y eluden la justicia, el logro de experiencia internacional en un despacho a través de la proyección del derecho y del amparo.
Estimó la experiencia formativa de los juzgados, el análisis vinculatorio de hechos con las pruebas y en tratar de encontrar a la justicia. Cuestionó la forma de explicar a un juez las cosas para demostrar que una suspensión provisional debía de darse, la forma de probar que los medios preparatorios son necesarios, cuándo y cómo llegar a convenio judicial, cómo ejecutar una sentencia. Observó que la riqueza en México se genera en la iniciativa privada, que es de muchos tamaños y el origen en el afán de producir algo.
Alertó acerca de que las defensas no siempre son fáciles, requieren producir seguridades, aludió a la corrupción de funcionarios judiciales y la premura de presiones que se duplican. Fortaleció su formación fiscal y renunció a su aspiración en perfeccionarse en el extranjero y vivió el contexto de la incompatibilidad de ser madre y profesional. Expresó su sentimiento de culpa y asume su reinvención.
Reconoce que no hay suficientes políticas públicas para acompañar el lado emocional de las mujeres que tienen hijos. Se convirtió gracias a su hijo en una abogada independiente, cumplió su aspiración de estudiar un doctorado, logró esa especialización sobre el derecho que define su eje articulador de cambio.
Reconoce las aportaciones de la Corte al órgano regulador de telecomunicaciones y su papel en el desarrollo del ramo. Expresó que la Corte tiene un papel relevante en la alineación de los intereses económicos, que debe mantenerse consciente de salvaguardar los bienes nacionales y del funcionamiento del mercado para el crecimiento en todos en términos de la justicia, igualdad y equidad.
Advierte que siempre existirán intereses, presiones a favor de un sistema de privilegios a costa de los intereses de los demás incluso públicos y que se debe mantener ese equilibrio que es esencial en un contexto donde pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco y es necesario distribuir con equidad. Destacó el papel de las Cortes para acompañar la transformación social.
Cuestionó pretender que la Corte atraiga por sí misma los grandes problemas nacionales, sino que la sociedad debe de contribuir judicializando las demandas que aún respaldan que en derecho no son operativas y esta es la base del constitucionalismo democrático. Reconoce el papel de la sociedad civil y que litiga el litigio como herramienta de cambio cuando el resto de los Poderes del Estado no responden el sentir de los tiempos.
Dio la bienvenida al cambio y no exigir a la Corte la tarea de dotar de contenido a las políticas públicas cuando estas deben de partir de la soberanía legislativa y la administración pública, Destacó que el papel de la Corte es guarda un discreto, pero potente papel para paliar excesos y abrir la brecha al cambio y posibilitar que la Constitución logre su máxima expresión.
Recomendó que la sociedad civil mejore sus estrategias y coadyuvar al desarrollo jurídico que se requiere, reconociendo un contexto que propicia el cambio y el objetivo de que el sector privado crezca con equidad y no a costa de privilegios.
Quedan en la historia de la más alta responsabilidad del Senado las distintas miradas sobre el Poder Judicial de tres aspirantes a ministra.