Rodolfo Aceves Jiménez*
En política de seguridad cada administración de gobierno tiene una forma peculiar de gobernar, que lo caracteriza para la posteridad.
Las esperanzas de cambio político, económico y social que llegaron con la administración de Vicente Fox Quesada, poco a poco comenzaron a desilusionar por las impericias de una administración mediocre y torpe, donde inició el declive de seguridad del país.
Luego vino la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en donde el sello de la casa fue el aumento desproporcionado de la inseguridad y el desgaste de las Fuerzas Armadas, con una planeación deficiente basada entre otros, en el aumento de personal de seguridad.
La característica del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue la corrupción y la continuación de la inseguridad, en el que la primera no ha sido castigada y la segunda continua su permanencia sin poder ser erradicada, no pudo o no quiso poner manos a la obra aunque dejó la narrativa de confrontación, no hubo resultados significativos.
Hoy la administración del presidente López Obrador que llegó con la gran esperanza de moralizar un país dominado por un sistema político viciado, en donde creció y se forjó, tiene grandes retos en materia de seguridad.
Los diagnósticos arrojan la presencia de la delincuencia y quizás coincida con el informe del comandante del Comando Norte norteamericano, en el sentido de que el 30% del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Así se percibiría en algunas de las zonas de Michoacán, Jalisco, Guerrero o Tamaulipas.
El problema también abarca la vulnerabilidad en que se encuentran los cuerpos de seguridad sumado a un decadente sistema de seguridad social de sus elementos, que los hace presa fácil de la corrupción y la delincuencia.
Por otra parte, el sistema y subsistemas de procuración e impartición de justicia pareciera que no son funcionales, aun cuando el nuevo sistema de justicia penal tiene unos cuantos años de vigencia, en un problema cuya eficacia no depende sólo de un modelo de justicia, sino del sistema burocrático y sus autoridades. La politización de la justicia y la seguridad es el reflejo del estado en que se encuentra su clase política.
No es suficiente señalar en el desarrollo de las conferencias matutinas del presidente que se está trabajando, cuando se reciben unos modestos resultados.
Casi a mitad de la presente administración comienza a perfilarse que difícilmente podrá cumplir sus propósitos en un sexenio y cuya principal motivación es el desprestigio o descalificación a sus críticos, justo en medio de una de las peores crisis sociales, económicas y de seguridad, con altos índices de impunidad y con escándalos de corrupción que pondrá a prueba el talante de la transformación.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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