En el Senado de la República fue presentado por el senador Ricardo Monreal Ávila un Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Inteligencia, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a desarrollar un informe sobre el tráfico ilícito de armas a Estados Unidos.
Nos adentramos por los territorios de la seguridad nacional y las corresponsabilidades globales en el tramo fronterizo con el país más poderoso del orbe. Así que el proceso que siga el Punto de Acuerdo del exhorto al Poder Ejecutivo sobre el informe sobre el tráfico ilícito de armas de fuego resulta fundamental para una población que ha hecho de la recuperación de la paz y el cese de la violencia criminal un objetivo central.
En un ambiente preocupante y al alza las frecuentes noticias sobre la violencia que afecta a diversas regiones del país, resaltan en los hechos el predominio en estos eventos del empleo de armas de fuego y el aumento del número de homicidios, en los que los feminicidios van en incremento. Rota la frontera del combate entre criminales se viven las afectaciones a la población civil que derivan de los múltiples efectos de lo que significa entre la delincuencia el calentamiento de plazas, herramienta expansiva en la lucha de la actividad criminal que según los especialistas derivan en diagnósticos de que las armas de fuego viven la expansión y consolidan el dominio, ya que circulan con natural fluidez en el mercado negro o ilícito.
Violentada la tranquilidad y sometidos en la incertidumbre por la violencia que afecta a distintas regiones de México, el dato en el documento de la propuesta es abrumador: el 75% de las armas de fuego en el mundo se encuentran en posición de manos civiles y de alguna manera explican la muerte de 200 mil personas al año por el empleo de armas pequeñas, según revela el informe del Secretario General de las Naciones Unidas y que fundamenta el Punto de Acuerdo presentado por Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política exhortando al Poder Ejecutivo.
En el desglose de razones del exhortó destacan las que apuntan sobre el mercado ilícito de las armas y sus flujos y reflujos que lo dotan de características únicas en el contexto a nivel mundial, pero también los distinguen como un centro de riesgos y amenazas serias a la seguridad, estabilidad y paz internacional.
El tráfico de armas de fuego se liga con los desplazamientos a los paisajes sangrientos que podemos detectar emergiendo y con persistencia arraigados en diversas regiones del mundo y sostenido por múltiples mercados y distinciones, unos de naturaleza ideológicas y políticas, otros más identificados con la violencia de la organización criminal en torno a la trata de personas, comercio de estupefacientes, tráfico de animales.
Monreal Ávila en el Punto de Acuerdo acumula registros documentales provenientes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) que calculó en 2017 un comercio mundial de armas por 95 mil millones de dólares y enfoca la realización de una serie de acciones concretas para atender el comercio ilícito de armas de fuego en el mundo y en México. Entre las medidas propuestas se integra incluso una convocatoria a cerrar filas en el combate mediante la cooperación internacional haciendo frente a la delincuencia organizada. Se retoma el Tratado sobre Comercio de Armas (ATT sus siglas en ingles), ratificado por el gobierno mexicano el 25 de septiembre de 2013 y que entró en vigor en diciembre de 2014.
Los datos duros corren cementando el entramado de la propuesta incorporando a la visibilidad pública el hecho de que, en América Latina conforme a datos de la ONU, el 42 de los homicidios se realizan mediante armas de fuego, resultando en más de 150 mil fallecimientos al año. En el Punto de Acuerdo se recoge el dato de que hace más de 10 años se ha registrado el incremento en el poder del fuego en el mundo del crimen organizado, repercutiendo en la afectación de la cohesión social, el bienestar y las oportunidades del desarrollo ciudadano. Según el organismo Small Armas Suvey del Instituto de Postgrado de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, reveló su estimación de que México ocupó la séptima posición en el mundo con más armas de fuego en manos de civiles de forma ilegal, calculadas en 16.8 millones de armas.
En el marco de las fundamentaciones está la perspectiva sobre lo que representa el diagnóstico ilícito de armas en nuestro país, en el que resulta un factor determinantes la vecindad de México con Estados Unido, que desde el territorio mexicano significa la colindancia de los estados de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con una extensión de aproximadamente 3,500 kilómetros representando condiciones históricas políticas, sociales, económicas y culturales, se que se presentan como un gran desafío.
Hablar de la frontera norte implica un intenso comercio, flujo de personas, migración y la vinculación de actividades relacionadas también con el crimen organizado como es el tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, contrabando, de personas que fluyen en ambos sentidos y municiones. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional se calcula un cruce de entre 250 a 280 mil armas, representando una cantidad de 2.5 millones de armas en los últimos 10 años.
En el documento resalta el dato que de acuerdo a los aseguramientos que se han tenido en México realizados por las autoridades, estos representan que el 70% de las armas de fuego aseguradas tienen como origen de fabricación y venta Estados Unidos. Se sostiene que el 30% restante procede de importaciones o de la producción local de licenciatarias europeas, principalmente de la República Federal de Alemania, República de Austria, el Reino de Bélgica, el Reino de España, la República Italiana y Rumanía.
Un factor interesante lo constituye el hecho de que en Estados Unidos las armas de fuego encuentran su cimiento en la segunda enmienda que consagra el derecho de sus nacionales a poseer y portar armas. Se documenta que en el mercado interno se concentra el 33% de la venta de armas mundiales, significando aproximadamente 52 mil millones de dólares como registra el National Shooting Sport Foundation. Otro dato a destacar se relaciona con el que Estados Unidos es el primer país con el número de armas en manos de civiles, calculado en 400 millones per cápita, lo que se traduce en 21 armas por cada 100 habitantes. Al dato se agregan en número el aproximado de 40 mil licencias para venta de armas de fuego en todo el país y las más de 1,500 ferias de armas celebradas anualmente en el territorio estadounidense.
Las estadísticas son suficientemente ilustrativas y sólidas para fincar el Punto de Acuerdo, como la que registra el Buró Federal de Investigaciones (INI), efectuando 39.6 millones de revisiones de antecedentes para la compra de armas. Otro aspecto se agrega y tiene relación con la laxitud legal de las leyes para la regulación de las armas. A la cifra de datos se agregan otros como que 37,096 se estimaron en 2019 por armas de fuego, cifra equivalente a 102 fallecimientos diarios, constituido por el 60% de suicidios y el 40% restante ligado al homicidio, entre estas destacan las víctimas de tiroteo.
En el caso mexicano los efectos de la violencia se relacionan con el tráfico ilícito de armas y de acuerdo con el INEGI el costo total de la inseguridad y el delito representan el 1.53% del PIB. En 2020 se estimaron que 22.3 millones de víctimas mayores de 18 años y también las estadísticas relacionadas con las armas de fuego revela que durante 2019 los homicidios representaron la primera causa de muerte entre personas de 15 a 44 años y el 72% de estos homicidios fueron cometidos con armas de fuego.
La violencia, así como sus impactos resultan escalofriantes, registra el documento, que como consecuencias la reducción de las expectativas de la vida en México entre 0.5 y 2 años, igual con un incremento en los últimos 20 años del 375% del empleo de armas de fuego según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2020 ahora sumando es una cifra de 34,535 muertes por armas de fuego.
¿Estamos ante un Punto de Acuerdo que tiene como único objetivo diagnosticar el estado que guarda el mercado de las armas de fuego ¿en el mundo se reducirá a un simple llamado a misa? Se busca y es posible una nueva legislación que ponga límites al mercado ilícito de las armas de fuego ¿Se trata de un informe que no vaya más allá de ser un recuento espeluznante, de una numeralia de víctimas y sobre las secuelas que provocan el mercado ilícito de las armas de fuego?