La violencia crónica en México

Autor Congresistas
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Clara Jusidman

Han pasado poco más de veinte años desde que se empezó a hacer visible la violencia criminal contra las mujeres en Ciudad Juárez. Gracias a las organizaciones civiles en esa ciudad, se inició la denuncia de asesinatos de mujeres jóvenes con características físicas semejantes. Hasta la fecha sigue siendo un enigma las razones de esas muertes.

En 2001 en colaboración con varias organizaciones civiles locales, desde INCIDE Social, iniciamos un trabajo de investigación con miras a tratar de encontrar las causas estructurales de esas violencias. El resultado fue una publicación en 2003 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez bajo el título de La Situación Social en Ciudad Juárez.

En la investigación expusimos el crecimiento poblacional explosivo de la Ciudad, los patrones de discriminación prevalecientes hacia la población migrante, el fuerte machismo, un desarrollo urbano desordenado y extensivo, la situación de inactividad de los adolescentes en espera de cumplir 16 años para ingresar a las maquilas, las distorsiones provocadas en las relaciones entre sexos por la intensa demanda de mujeres trabajadoras debido al tipo de maquilas que se desarrollaron.

Denunciamos la violencia intrafamiliar y escolar, el papel de los medios de comunicación en la percepción de la población sobre la violencia, el deterioro sufrido por la educación pública, las enormes carencias en materia de atención a la salud y de manera destacada a la salud mental, todo ello ante una precaria estructura estatal. La ciudad del futuro como se veía entonces a Ciudad Juárez, se había convertido en un infierno, presa de la avaricia de políticos, criminales, desarrolladores inmobiliarios y empresarios. Advertíamos desde entonces que Ciudad Juárez mostraba la cara del futuro de nuestro país.

Esta investigación abrió un campo de preocupación e interés para incluir políticas de prevención social de las violencias. No fue sino hasta finales de la administración de Felipe Calderón, después de la masacre en Villas de Salvárcar en enero de 2010, y del evidente fracaso de la guerra contra las bandas de narcotraficantes declarada por ese gobierno, cuando se hicieron algunos intentos fallidos de aplicar políticas de prevención social en Ciudad Juárez. Se montó un programa que se llamó “Todos somos Juárez”, así como se destinó 20% del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) a acciones de prevención de la delincuencia. Todo acabó en un fiasco y abrió espacios para la corrupción por parte de los operadores del Subsemun en el territorio.

Otro intento fallido se hizo en la administración de Enrique Peña Nieto cuando se anunció que uno de los dos pilares del su gobierno sería la prevención de las violencias, se elaboró un programa para el efecto, se le asignó presupuesto y se creó una estructura administrativa específica. Este programa terminó sin asignación presupuestal al final de esa administración.

Ante la expansión territorial, política y económica de la violencia criminal en nuestro país las acciones de prevención social de las violencias por sí solas no pueden sustituir a una estrategia fuerte de combate al crimen organizado. Se han dejado pasar muchos años sin una intervención inteligente y sostenida en el tiempo, que ataque las causas estructurales de las violencias. Pensar que una estrategia de ese tipo podría progresar ahora sin un combate frontal al crimen organizado, mientras este sigue avanzando en el territorio y en el tipo de delitos que comete, parecería ilusorio.

Pero además, mientras persista el mercado de drogas y de armas en Estados Unidos, fallas y corrupción en los sistemas federal y estatales de justicia, continúe la impunidad y la colusión entre políticos, empresas y crimen organizado y en el fondo, un enorme afán por poseer muchas riquezas por el sólo placer de tenerlas y concentrarlas, poco puede lograrse ofreciendo becas, oportunidades precarias de empleo, programas de promoción de la paz o llamados a la buena conducta.

En fechas recientes hemos conocido de varios asesinatos de defensores indígenas de derechos humanos, de la grave situación que vive la población en Aguililla, Michoacán y en Pantelhó, Chiapas, de las matanzas en Reynosa y Zacatecas, las numerosas desapariciones en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, de la persistente deforestación de la Sierra Tarahumara por bandas del crimen organizado así como de los hallazgos en los campos de exterminio de Tamaulipas como en La Bartolina, todos indicios graves de la profunda descomposición social, de la situación de violencia crónica y de la ausencia de Estado que estamos viviendo.

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