Rodolfo Aceves Jiménez*
La Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es el documento estratégico y prospectivo que orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional, a partir de la identificación de manera anual de aquellos fenómenos que pueden vulnerar los intereses y objetivos nacionales, focalizando la atención que el Sistema de Seguridad Nacional presta a cada uno de ellos.
Para su elaboración se toma en cuenta el contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como del Programa Sectorial respectivo que, entre otras cosas contiene, un análisis y un diagnóstico de cada uno de los campos del poder que abarca la seguridad nacional. Este es un documento alejado de juicios de valor unipersonal o político. En él se vierte el estado de los riesgos y amenazas.
Esta es una de las razones por las que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) tiene una amplia planeación para los distintos escenarios críticos que pueda presentarse en territorio nacional, como los desastres causados por los fenómenos naturales y que se cuenta con el Plan DN-III.
El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre también conocido como Plan DN-III fue instituido en 1966 con motivo del desbordamiento del río Pánuco en Veracruz y desde entonces ha tenido múltiples y variadas modificaciones y actualizaciones. Lo mismo sucede con el Plan Marina instituido también en 1966.
Desde entonces nuestro país ha acumulado una gran experiencia en riesgos y atención de desastres, de tal manera que hemos exportado conocimiento a otros países para la creación de sus propios sistemas de protección civil.
Entre los fenómenos que seguramente tiene la ANR como riesgos lo constituyen, entre otros, la corrupción, la impunidad, la ausencia de la aplicación del Estado de derecho, todo esto en detrimento de la democracia mexicana, así como la conducta de los actores políticos, así como el riesgo de afectación por la presencia de algún fenómeno natural que puede comprometer vidas.
Hay incertidumbre por la presunta supresión del Fondo de Desastres (FONDEN). Van algunas precisiones.
La reforma legal de 2020 que suprimió 109 fideicomisos eliminó el FONDEN pero en su lugar, se creó el Programa para el Fondo de Desastres Naturales. Es decir, eliminó la figura jurídica de fideicomiso con el que anteriormente se distribuían recursos ante un desastre y lo elevó a rango de programa, de tal manera que hoy el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 le asigna un monto de casi 18 mil millones de pesos.
La ventaja de esta reforma es que se disminuye la posibilidad de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y cabe la posibilidad de implementar reglas en su ejecución.
Toda la experiencia acumulada y recursos de las instituciones del Estado mexicano seguramente serán puestos a disposición para proporcionar atención de salud y rehabilitar la infraestructura de bienes y servicios públicos en Acapulco con motivo de la presencia del huracán Otis en días pasados.
Ojalá y pronto sean restablecidas las actividades del puerto turístico.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj